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CCOO celebra que la nueva ley incluya propuestas sindicales para aumentar las garantías sociales, laborales y medioambientales.

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#noEREUnipost

En la primera reunión del período de consultas celebrada el 18 de octubre entre la administración concursal, la empresa Unipost y los sindicatos, la administradora concursal ha recalcado que la única salida pasa por la compra del primer operador postal privado del país.

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El ya anunciado corte de frontera entre España y Portugal se ha producido en 18 de octubre en el paso fronterizo hispano-luso entre las localidades de Fuentes de Oñoro, y Vilar Formoso, con la participación de CCOO y el sindicato portugués FECTRANS.

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Mantuvieron una reunión para establecer cauces de colaboración entre las dos entidades

Las personas con síndrome de Down tienen derecho a trabajar (en igualdad de condiciones), a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido y en un entorno laboral que sea abierto, inclusivo y accesible. Así lo establece el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la ONU y ratificada por España en 2008.

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#RecuperarLoArrebatado

El sindicato rechaza la posible congelación salarial e intensificará las movilizaciones ante la pasividad del Gobierno respecto a seguir trabajando para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

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El Sector del Ciclo Integral del Agua en coordinación con la Secretaría de Salud laboral de FSC-CCOO, inician una campaña de estudio de la salud en este sector, con el objetivo de hacer visibles los patógenos que existen en el agua o en los productos que se utilizan para su tratamiento.

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La reunión en el SIMA concluyó sin acuerdo, por lo que se ha registrado la convocatoria de huelga para los días 25 y 26 de octubre y 7 y 8 de noviembre.

Más noticias

Nefasto funcionamiento de las nuevas tecnologías

CCOO denuncia que gran parte de los avatares procesales que se producen en el caso de Juana Rivas obedecen a déficits permanentes en la Administración de Justicia que nadie se ocupa de solucionar. Así, un maltratador condenado en 2009 consigue en 2017 convertirse de victimario en víctima y poner a sus pies a todo un sistema judicial.

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CCOO denuncia que gran parte de los avatares procesales que se producen en el caso de Juana Rivas obedecen a déficits permanentes en la Administración de Justicia que nadie se ocupa de solucionar. Así, un maltratador condenado en 2009 consigue en 2017 convertirse de victimario en víctima y poner a sus pies a todo un sistema judicial.

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Opinión

Nefasto funcionamiento de las nuevas tecnologías

CCOO denuncia que gran parte de los avatares procesales que se producen en el caso de Juana Rivas obedecen a déficits permanentes en la Administración de Justicia que nadie se ocupa de solucionar. Así, un maltratador condenado en 2009 consigue en 2017 convertirse de victimario en víctima y poner a sus pies a todo un sistema judicial.

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CCOO denuncia que gran parte de los avatares procesales que se producen en el caso de Juana Rivas obedecen a déficits permanentes en la Administración de Justicia que nadie se ocupa de solucionar. Así, un maltratador condenado en 2009 consigue en 2017 convertirse de victimario en víctima y poner a sus pies a todo un sistema judicial.

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CCOO denuncia que gran parte de los avatares procesales que se producen en el caso de Juana Rivas obedecen a déficits permanentes en la Administración de Justicia que nadie se ocupa de solucionar. Así, un maltratador condenado en 2009 consigue en 2017 convertirse de victimario en víctima y poner a sus pies a todo un sistema judicial.

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CCOO denuncia que gran parte de los avatares procesales que se producen en el caso de Juana Rivas obedecen a déficits permanentes en la Administración de Justicia que nadie se ocupa de solucionar. Así, un maltratador condenado en 2009 consigue en 2017 convertirse de victimario en víctima y poner a sus pies a todo un sistema judicial.

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CCOO denuncia que gran parte de los avatares procesales que se producen en el caso de Juana Rivas obedecen a déficits permanentes en la Administración de Justicia que nadie se ocupa de solucionar. Así, un maltratador condenado en 2009 consigue en 2017 convertirse de victimario en víctima y poner a sus pies a todo un sistema judicial.

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CCOO denuncia que gran parte de los avatares procesales que se producen en el caso de Juana Rivas obedecen a déficits permanentes en la Administración de Justicia que nadie se ocupa de solucionar. Así, un maltratador condenado en 2009 consigue en 2017 convertirse de victimario en víctima y poner a sus pies a todo un sistema judicial.

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CCOO denuncia que gran parte de los avatares procesales que se producen en el caso de Juana Rivas obedecen a déficits permanentes en la Administración de Justicia que nadie se ocupa de solucionar. Así, un maltratador condenado en 2009 consigue en 2017 convertirse de victimario en víctima y poner a sus pies a todo un sistema judicial.

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CCOO denuncia que gran parte de los avatares procesales que se producen en el caso de Juana Rivas obedecen a déficits permanentes en la Administración de Justicia que nadie se ocupa de solucionar. Así, un maltratador condenado en 2009 consigue en 2017 convertirse de victimario en víctima y poner a sus pies a todo un sistema judicial.

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CCOO denuncia que gran parte de los avatares procesales que se producen en el caso de Juana Rivas obedecen a déficits permanentes en la Administración de Justicia que nadie se ocupa de solucionar. Así, un maltratador condenado en 2009 consigue en 2017 convertirse de victimario en víctima y poner a sus pies a todo un sistema judicial.

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02/08/2017
Nefasto funcionamiento de las nuevas tecnologías

CCOO denuncia que gran parte de los avatares procesales que se producen en el caso de Juana Rivas obedecen a déficits permanentes en la Administración de Justicia que nadie se ocupa de solucionar. Así, un maltratador condenado en 2009 consigue en 2017 convertirse de victimario en víctima y poner a sus pies a todo un sistema judicial.

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Nefasto funcionamiento de las nuevas tecnologías

CCOO denuncia que gran parte de los avatares procesales que se producen en el caso de Juana Rivas obedecen a déficits permanentes en la Administración de Justicia que nadie se ocupa de solucionar. Así, un maltratador condenado en 2009 consigue en 2017 convertirse de victimario en víctima y poner a sus pies a todo un sistema judicial.

Repensar el sindicato

#ReclamacionTemporales

#ReclamacionTemporales

Documentos

02.08.2017

Juana Rivas víctima de la falta de recursos y de formación específica en los órganos judiciales

La falta de recursos y de formación específica relativa a la protección de las víctimas del delito han generado la revictimización institucional de Juana Rivas, que la empuja a la desobediencia judicial para la protección de los menores y al amparo de la solidaridad ciudadana y la movilización feminista. Ante un sistema judicial incapaz de proteger a mujeres y menores víctimas de violencia de género.

Una ley en forma de Estatuto de la Víctima aprobada en 2015 otorga derechos subjetivos a los hijos y las hijas de las mujeres maltratadas al reconocer su condición de víctimas, sin embargo hay jueces y juezas que no lo conocen en todo su detalle y se olvidan de aplicarlo. El artículo 17 de dicho estatuto dice así:

Artículo 17. Víctimas de delitos cometidos en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Las víctimas residentes en España podrán presentar ante las autoridades españolas denuncias correspondientes a hechos delictivos que hubieran sido cometidos en el territorio de otros países de la Unión Europea.

En el caso de que las autoridades españolas resuelvan no dar curso a la investigación por falta de jurisdicción, remitirán inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos y se lo comunicarán al denunciante por el procedimiento que hubiera designado conforme a lo previsto en la letra m) del artículo 5.1de la presente ley.”

Cuando finalmente se resuelve vía recurso el problema de la inaplicación del artículo 17 y se acuerda la remisión de la denuncia a Italia, nos topamos con otro problema denunciado reiteradamente por CCOO, la falta de recursos. La denuncia duerme en un cajón por falta de traducción al italiano.

Y llegamos al momento en que otra juez, ordena la entrega de menores víctimas de maltrato al maltratador, amparándose ciertamente en un informe pericial que afirma que no correrán riesgos. Informe pericial dictado claro está, por perito no especializado en violencia de género. Incumpliendo de este modo las obligaciones del artículo 30:

Artículo 30. Formación en los principios de protección de las víctimas.

El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación general y específica, relativa a la protección de las víctimas en el proceso penal, en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, médicos forenses, personal al servicio de la Administración de Justicia, personal de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y, en su caso, funcionarios de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas que desempeñen funciones en esta materia.

En estos cursos de formación se prestará particular atención a las víctimas necesitadas de especial protección, a aquellas en las que concurran factores de especial vulnerabilidad y a las víctimas menores o con discapacidad.“

Seguiremos informando del tema, especialmente, de la respuesta del Ministerio de Justicia y de las distintas CCAA, cuando exijamos nuevamente mejoras para los órganos u servicios judiciales que se ocupan de víctimas de violencia de género.

02.08.2017

Juana Rivas víctima de la falta de recursos y de formación específica en los órganos judiciales

La falta de recursos y de formación específica relativa a la protección de las víctimas del delito han generado la revictimización institucional de Juana Rivas, que la empuja a la desobediencia judicial para la protección de los menores y al amparo de la solidaridad ciudadana y la movilización feminista. Ante un sistema judicial incapaz de proteger a mujeres y menores víctimas de violencia de género.

Una ley en forma de Estatuto de la Víctima aprobada en 2015 otorga derechos subjetivos a los hijos y las hijas de las mujeres maltratadas al reconocer su condición de víctimas, sin embargo hay jueces y juezas que no lo conocen en todo su detalle y se olvidan de aplicarlo. El artículo 17 de dicho estatuto dice así:

Artículo 17. Víctimas de delitos cometidos en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Las víctimas residentes en España podrán presentar ante las autoridades españolas denuncias correspondientes a hechos delictivos que hubieran sido cometidos en el territorio de otros países de la Unión Europea.

En el caso de que las autoridades españolas resuelvan no dar curso a la investigación por falta de jurisdicción, remitirán inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos y se lo comunicarán al denunciante por el procedimiento que hubiera designado conforme a lo previsto en la letra m) del artículo 5.1de la presente ley.”

Cuando finalmente se resuelve vía recurso el problema de la inaplicación del artículo 17 y se acuerda la remisión de la denuncia a Italia, nos topamos con otro problema denunciado reiteradamente por CCOO, la falta de recursos. La denuncia duerme en un cajón por falta de traducción al italiano.

Y llegamos al momento en que otra juez, ordena la entrega de menores víctimas de maltrato al maltratador, amparándose ciertamente en un informe pericial que afirma que no correrán riesgos. Informe pericial dictado claro está, por perito no especializado en violencia de género. Incumpliendo de este modo las obligaciones del artículo 30:

Artículo 30. Formación en los principios de protección de las víctimas.

El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación general y específica, relativa a la protección de las víctimas en el proceso penal, en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, médicos forenses, personal al servicio de la Administración de Justicia, personal de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y, en su caso, funcionarios de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas que desempeñen funciones en esta materia.

En estos cursos de formación se prestará particular atención a las víctimas necesitadas de especial protección, a aquellas en las que concurran factores de especial vulnerabilidad y a las víctimas menores o con discapacidad.“

Seguiremos informando del tema, especialmente, de la respuesta del Ministerio de Justicia y de las distintas CCAA, cuando exijamos nuevamente mejoras para los órganos u servicios judiciales que se ocupan de víctimas de violencia de género.

02.08.2017

Juana Rivas víctima de la falta de recursos y de formación específica en los órganos judiciales

La falta de recursos y de formación específica relativa a la protección de las víctimas del delito han generado la revictimización institucional de Juana Rivas, que la empuja a la desobediencia judicial para la protección de los menores y al amparo de la solidaridad ciudadana y la movilización feminista. Ante un sistema judicial incapaz de proteger a mujeres y menores víctimas de violencia de género.

Una ley en forma de Estatuto de la Víctima aprobada en 2015 otorga derechos subjetivos a los hijos y las hijas de las mujeres maltratadas al reconocer su condición de víctimas, sin embargo hay jueces y juezas que no lo conocen en todo su detalle y se olvidan de aplicarlo. El artículo 17 de dicho estatuto dice así:

Artículo 17. Víctimas de delitos cometidos en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Las víctimas residentes en España podrán presentar ante las autoridades españolas denuncias correspondientes a hechos delictivos que hubieran sido cometidos en el territorio de otros países de la Unión Europea.

En el caso de que las autoridades españolas resuelvan no dar curso a la investigación por falta de jurisdicción, remitirán inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos y se lo comunicarán al denunciante por el procedimiento que hubiera designado conforme a lo previsto en la letra m) del artículo 5.1de la presente ley.”

Cuando finalmente se resuelve vía recurso el problema de la inaplicación del artículo 17 y se acuerda la remisión de la denuncia a Italia, nos topamos con otro problema denunciado reiteradamente por CCOO, la falta de recursos. La denuncia duerme en un cajón por falta de traducción al italiano.

Y llegamos al momento en que otra juez, ordena la entrega de menores víctimas de maltrato al maltratador, amparándose ciertamente en un informe pericial que afirma que no correrán riesgos. Informe pericial dictado claro está, por perito no especializado en violencia de género. Incumpliendo de este modo las obligaciones del artículo 30:

Artículo 30. Formación en los principios de protección de las víctimas.

El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación general y específica, relativa a la protección de las víctimas en el proceso penal, en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, médicos forenses, personal al servicio de la Administración de Justicia, personal de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y, en su caso, funcionarios de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas que desempeñen funciones en esta materia.

En estos cursos de formación se prestará particular atención a las víctimas necesitadas de especial protección, a aquellas en las que concurran factores de especial vulnerabilidad y a las víctimas menores o con discapacidad.“

Seguiremos informando del tema, especialmente, de la respuesta del Ministerio de Justicia y de las distintas CCAA, cuando exijamos nuevamente mejoras para los órganos u servicios judiciales que se ocupan de víctimas de violencia de género.

02.08.2017

Juana Rivas víctima de la falta de recursos y de formación específica en los órganos judiciales

La falta de recursos y de formación específica relativa a la protección de las víctimas del delito han generado la revictimización institucional de Juana Rivas, que la empuja a la desobediencia judicial para la protección de los menores y al amparo de la solidaridad ciudadana y la movilización feminista. Ante un sistema judicial incapaz de proteger a mujeres y menores víctimas de violencia de género.

Una ley en forma de Estatuto de la Víctima aprobada en 2015 otorga derechos subjetivos a los hijos y las hijas de las mujeres maltratadas al reconocer su condición de víctimas, sin embargo hay jueces y juezas que no lo conocen en todo su detalle y se olvidan de aplicarlo. El artículo 17 de dicho estatuto dice así:

Artículo 17. Víctimas de delitos cometidos en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Las víctimas residentes en España podrán presentar ante las autoridades españolas denuncias correspondientes a hechos delictivos que hubieran sido cometidos en el territorio de otros países de la Unión Europea.

En el caso de que las autoridades españolas resuelvan no dar curso a la investigación por falta de jurisdicción, remitirán inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos y se lo comunicarán al denunciante por el procedimiento que hubiera designado conforme a lo previsto en la letra m) del artículo 5.1de la presente ley.”

Cuando finalmente se resuelve vía recurso el problema de la inaplicación del artículo 17 y se acuerda la remisión de la denuncia a Italia, nos topamos con otro problema denunciado reiteradamente por CCOO, la falta de recursos. La denuncia duerme en un cajón por falta de traducción al italiano.

Y llegamos al momento en que otra juez, ordena la entrega de menores víctimas de maltrato al maltratador, amparándose ciertamente en un informe pericial que afirma que no correrán riesgos. Informe pericial dictado claro está, por perito no especializado en violencia de género. Incumpliendo de este modo las obligaciones del artículo 30:

Artículo 30. Formación en los principios de protección de las víctimas.

El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación general y específica, relativa a la protección de las víctimas en el proceso penal, en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, médicos forenses, personal al servicio de la Administración de Justicia, personal de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y, en su caso, funcionarios de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas que desempeñen funciones en esta materia.

En estos cursos de formación se prestará particular atención a las víctimas necesitadas de especial protección, a aquellas en las que concurran factores de especial vulnerabilidad y a las víctimas menores o con discapacidad.“

Seguiremos informando del tema, especialmente, de la respuesta del Ministerio de Justicia y de las distintas CCAA, cuando exijamos nuevamente mejoras para los órganos u servicios judiciales que se ocupan de víctimas de violencia de género.

02.08.2017

Juana Rivas víctima de la falta de recursos y de formación específica en los órganos judiciales

La falta de recursos y de formación específica relativa a la protección de las víctimas del delito han generado la revictimización institucional de Juana Rivas, que la empuja a la desobediencia judicial para la protección de los menores y al amparo de la solidaridad ciudadana y la movilización feminista. Ante un sistema judicial incapaz de proteger a mujeres y menores víctimas de violencia de género.

Una ley en forma de Estatuto de la Víctima aprobada en 2015 otorga derechos subjetivos a los hijos y las hijas de las mujeres maltratadas al reconocer su condición de víctimas, sin embargo hay jueces y juezas que no lo conocen en todo su detalle y se olvidan de aplicarlo. El artículo 17 de dicho estatuto dice así:

Artículo 17. Víctimas de delitos cometidos en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Las víctimas residentes en España podrán presentar ante las autoridades españolas denuncias correspondientes a hechos delictivos que hubieran sido cometidos en el territorio de otros países de la Unión Europea.

En el caso de que las autoridades españolas resuelvan no dar curso a la investigación por falta de jurisdicción, remitirán inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos y se lo comunicarán al denunciante por el procedimiento que hubiera designado conforme a lo previsto en la letra m) del artículo 5.1de la presente ley.”

Cuando finalmente se resuelve vía recurso el problema de la inaplicación del artículo 17 y se acuerda la remisión de la denuncia a Italia, nos topamos con otro problema denunciado reiteradamente por CCOO, la falta de recursos. La denuncia duerme en un cajón por falta de traducción al italiano.

Y llegamos al momento en que otra juez, ordena la entrega de menores víctimas de maltrato al maltratador, amparándose ciertamente en un informe pericial que afirma que no correrán riesgos. Informe pericial dictado claro está, por perito no especializado en violencia de género. Incumpliendo de este modo las obligaciones del artículo 30:

Artículo 30. Formación en los principios de protección de las víctimas.

El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación general y específica, relativa a la protección de las víctimas en el proceso penal, en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, médicos forenses, personal al servicio de la Administración de Justicia, personal de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y, en su caso, funcionarios de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas que desempeñen funciones en esta materia.

En estos cursos de formación se prestará particular atención a las víctimas necesitadas de especial protección, a aquellas en las que concurran factores de especial vulnerabilidad y a las víctimas menores o con discapacidad.“

Seguiremos informando del tema, especialmente, de la respuesta del Ministerio de Justicia y de las distintas CCAA, cuando exijamos nuevamente mejoras para los órganos u servicios judiciales que se ocupan de víctimas de violencia de género.

02.08.2017

Juana Rivas víctima de la falta de recursos y de formación específica en los órganos judiciales

La falta de recursos y de formación específica relativa a la protección de las víctimas del delito han generado la revictimización institucional de Juana Rivas, que la empuja a la desobediencia judicial para la protección de los menores y al amparo de la solidaridad ciudadana y la movilización feminista. Ante un sistema judicial incapaz de proteger a mujeres y menores víctimas de violencia de género.

Una ley en forma de Estatuto de la Víctima aprobada en 2015 otorga derechos subjetivos a los hijos y las hijas de las mujeres maltratadas al reconocer su condición de víctimas, sin embargo hay jueces y juezas que no lo conocen en todo su detalle y se olvidan de aplicarlo. El artículo 17 de dicho estatuto dice así:

Artículo 17. Víctimas de delitos cometidos en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Las víctimas residentes en España podrán presentar ante las autoridades españolas denuncias correspondientes a hechos delictivos que hubieran sido cometidos en el territorio de otros países de la Unión Europea.

En el caso de que las autoridades españolas resuelvan no dar curso a la investigación por falta de jurisdicción, remitirán inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos y se lo comunicarán al denunciante por el procedimiento que hubiera designado conforme a lo previsto en la letra m) del artículo 5.1de la presente ley.”

Cuando finalmente se resuelve vía recurso el problema de la inaplicación del artículo 17 y se acuerda la remisión de la denuncia a Italia, nos topamos con otro problema denunciado reiteradamente por CCOO, la falta de recursos. La denuncia duerme en un cajón por falta de traducción al italiano.

Y llegamos al momento en que otra juez, ordena la entrega de menores víctimas de maltrato al maltratador, amparándose ciertamente en un informe pericial que afirma que no correrán riesgos. Informe pericial dictado claro está, por perito no especializado en violencia de género. Incumpliendo de este modo las obligaciones del artículo 30:

Artículo 30. Formación en los principios de protección de las víctimas.

El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación general y específica, relativa a la protección de las víctimas en el proceso penal, en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, médicos forenses, personal al servicio de la Administración de Justicia, personal de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y, en su caso, funcionarios de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas que desempeñen funciones en esta materia.

En estos cursos de formación se prestará particular atención a las víctimas necesitadas de especial protección, a aquellas en las que concurran factores de especial vulnerabilidad y a las víctimas menores o con discapacidad.“

Seguiremos informando del tema, especialmente, de la respuesta del Ministerio de Justicia y de las distintas CCAA, cuando exijamos nuevamente mejoras para los órganos u servicios judiciales que se ocupan de víctimas de violencia de género.

02.08.2017

Juana Rivas víctima de la falta de recursos y de formación específica en los órganos judiciales

La falta de recursos y de formación específica relativa a la protección de las víctimas del delito han generado la revictimización institucional de Juana Rivas, que la empuja a la desobediencia judicial para la protección de los menores y al amparo de la solidaridad ciudadana y la movilización feminista. Ante un sistema judicial incapaz de proteger a mujeres y menores víctimas de violencia de género.

Una ley en forma de Estatuto de la Víctima aprobada en 2015 otorga derechos subjetivos a los hijos y las hijas de las mujeres maltratadas al reconocer su condición de víctimas, sin embargo hay jueces y juezas que no lo conocen en todo su detalle y se olvidan de aplicarlo. El artículo 17 de dicho estatuto dice así:

Artículo 17. Víctimas de delitos cometidos en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Las víctimas residentes en España podrán presentar ante las autoridades españolas denuncias correspondientes a hechos delictivos que hubieran sido cometidos en el territorio de otros países de la Unión Europea.

En el caso de que las autoridades españolas resuelvan no dar curso a la investigación por falta de jurisdicción, remitirán inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos y se lo comunicarán al denunciante por el procedimiento que hubiera designado conforme a lo previsto en la letra m) del artículo 5.1de la presente ley.”

Cuando finalmente se resuelve vía recurso el problema de la inaplicación del artículo 17 y se acuerda la remisión de la denuncia a Italia, nos topamos con otro problema denunciado reiteradamente por CCOO, la falta de recursos. La denuncia duerme en un cajón por falta de traducción al italiano.

Y llegamos al momento en que otra juez, ordena la entrega de menores víctimas de maltrato al maltratador, amparándose ciertamente en un informe pericial que afirma que no correrán riesgos. Informe pericial dictado claro está, por perito no especializado en violencia de género. Incumpliendo de este modo las obligaciones del artículo 30:

Artículo 30. Formación en los principios de protección de las víctimas.

El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación general y específica, relativa a la protección de las víctimas en el proceso penal, en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, médicos forenses, personal al servicio de la Administración de Justicia, personal de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y, en su caso, funcionarios de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas que desempeñen funciones en esta materia.

En estos cursos de formación se prestará particular atención a las víctimas necesitadas de especial protección, a aquellas en las que concurran factores de especial vulnerabilidad y a las víctimas menores o con discapacidad.“

Seguiremos informando del tema, especialmente, de la respuesta del Ministerio de Justicia y de las distintas CCAA, cuando exijamos nuevamente mejoras para los órganos u servicios judiciales que se ocupan de víctimas de violencia de género.

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