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| TABLA DE COOKIES UTILIZADAS | ||||
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FSC-CCOO | 4 agosto 2021.
En el proceso actual de negociación con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, CCOO considera indispensable que primero se defina la solución al actual problema de la temporalidad y el proceso para la estabilización del personal temporal y, paralelamente, se pongan las medidas y se realicen las correspondientes modificaciones normativas para que no se vuelva a producir el abuso. No se podrá llegar a un acuerdo si no se plasman conjuntamente ambas cuestiones.
El sindicato expone el claro desequilibrio existente en los procesos judiciales para exigir responsabilidades a las administraciones públicas, que disuade a personas individuales y organizaciones a interponer pleitos por el riesgo económico.
El sindicato ha reivindicado los servicios públicos como pilar fundamental de la democracia, y los ha defendido como única garantía de los derechos de la ciudadanía en condiciones de igualdad, objetividad y transparencia, ajustándose únicamente a criterios de interés general. El secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública ha anunciado 1.000 millones de euros para la modernización de las Administraciones Públicas a cargo de los fondos europeos.
El sindicato insta al titular de Política Territorial y Función Pública a dejar de lado los anuncios vacíos y a poner fecha definitiva para retomar la vía del diálogo que permita hacer frente a las necesidades más acuciantes de las empleadas y los empleados públicos.
En la reunión mantenida hoy jueves 11 de marzo, Francisco García, representante del Área Pública del sindicato, ha vuelto a trasladar al Ministerio sus prioridades para un nuevo acuerdo de las empleadas y de los empleados públicos.
Las administraciones tienen que poner en marcha las OEP y los procesos de estabilización y consolidación.
Desde el sindicato se plantea también una subida mayor de las retribuciones para recuperar el poder adquisitivo, así como mejoras generales en las condiciones y jubilaciones.
El sindicato ha mostrado su rotundo rechazo a la raquítica Oferta de Empleo Público 2020, y alerta de que la distribución hace peligrar la atención directa a la ciudadanía y deja a cero la gestión del patrimonio cultural.
El sindicato denuncia el desprecio por la negociación demostrado por el Gobierno, y teme que la insuficiente OEP y el vaciado en los cuerpos de atención directa a la ciudadanía supongan un colapso de los servicios públicos de la Administración General del Estado.
El empleo público ha crecido en 111.200 personas, un 3,4 % respecto al trimestre anterior. Los servicios públicos se han convertido en la herramienta básica para garantizar la asistencia sanitaria y la cobertura de prestaciones sociales para miles de trabajadores y trabajadoras.
No compartimos ni el volumen ni la distribución. Consideramos que Función Pública vacía el Convenio Único y abandona a los sectores más críticos de la Administración General del Estado (AGE), impulsando un modelo de administración alejado de los problemas de la ciudadanía.
El Real decreto Ley 29/2020 recoge el acuerdo suscrito el pasado 21 de septiembre en la Mesa General de las Administraciones Públicas fruto de una negociación impulsada por nuestro sindicato, donde se han recogido los elementos imprescindibles que debe contener dicha regulación en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Es falso que la ministra de Política Territorial y Función Pública haya convocado a los sindicatos para la regulación del teletrabajo en la función pública.
Recuerda que los compromisos firmados acumulan, como mínimo, más de un año de retraso en su ejecución, y que está en riesgo la prestación de servicios públicos como la tramitación de los ERTE, la gestión del Ingreso Mínimo Vital, la investigación biomédica y los servicios médicos de Sanidad Exterior, entre otros.
El sindicato anuncia su rechazo y el inicio de movilizaciones, y lamenta que, más de un año después de la entrada en vigor del IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, el Gobierno niegue a 40.000 trabajadoras y trabajadores la actualización de sus nóminas y el abono de los atrasos acumulados, que supondrían unos 35 millones de euros.
