Recuerda que los compromisos firmados acumulan, como mínimo, más de un año de retraso en su ejecución, y que está en riesgo la prestación de servicios públicos como la tramitación de los ERTE, la gestión del Ingreso Mínimo Vital, la investigación biomédica y los servicios médicos de Sanidad Exterior, entre otros.

El sindicato anuncia su rechazo y el inicio de movilizaciones, y lamenta que, más de un año después de la entrada en vigor del IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, el Gobierno niegue a 40.000 trabajadoras y trabajadores la actualización de sus nóminas y el abono de los atrasos acumulados, que supondrían unos 35 millones de euros.

Alrededor de 200 delegadas y delegados se han concentrado ante la Secretaría de Estado de Función Pública. El sindicato exige la ejecución inmediata de los acuerdos firmados en la Administración General del Estado.

Para el Área Pública de CCOO la sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional es una resolución esperada en la contundencia de sus términos y que una vez más da la razón al sindicato.

CCOO convoca mañana jueves 7 de noviembre, a las 12:00 horas, frente a la Secretaría de Estado de Función Pública una concentración para exigir al Gobierno medidas encaminadas a la inmediata ejecución de los acuerdos firmados en el ámbito de la Administración General del Estado. El sindicato recuerda que ninguno de los compromisos pactados durante el último años se ha llevado a cabo en su totalidad.

El sindicato convoca a sus delegadas y delegados el próximo 7 de noviembre en Madrid, para impulsar la aplicación de las medidas de creación y estabilización de empleo público, retributivas y en materia de igualdad, entre otras.

Para CCOO es imprescindible acometer sin más dilación el desarrollo negociado y sin demora de los procesos de estabilización y consolidación derivados de los Acuerdos para la mejora del empleo público firmados por las organizaciones sindicales, único camino para acabar con la alta temporalidad en el empleo público.

Una delegación de empleadas y empleados públicos de CCOO, encabezada por su secretario general, Unai Sordo, registrará en el ministerio un documento con sus exigencias inmediatas sobre los incrementos salariales acordados, el desarrollo de las ofertas de empleo público o de los planes de igualdad, entre otras cuestiones.

CCOO, primer sindicato en las Administraciones Públicas, denuncia que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez margina de nuevo a los más de tres millones de trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos, a los que en cumplimiento de los acuerdos suscritos con los sindicatos debe aplicárseles la subida salarial acordada para 2020. Un compromiso adquirido por este Gobierno que, sin embargo, tras anunciar hoy, 8 de octubre, que subirá las pensiones con el IPC en diciembre, vuelve a olvidarse de las empleadas y empleados públicos.

El sindicato firma con el Gobierno un acuerdo para la Oferta de Empleo Público para 2019 de 11.338 efectivos de ingreso libre y 8.359 para la promoción interna. Estos números parten de lo previsto en el II Acuerdo de mejora del empleo público, suscrito en marzo de 2018 y recogido en los Presupuestos Generales del Estado. CCOO logra garantizar en ambos casos un incremento sustancial de puestos de cuerpos generales con respecto a 2018.

CCOO exige dar un paso más y eliminar la tasa de reposición para recuperar el empleo perdido, rejuvenecer las plantillas y reducir la altísima temporalidad.

Ante el rechazo a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 en el Congreso, CCOO exige el cumplimiento del II Acuerdo de la mejora del empleo público con la implementación de las mejoras necesarias para el 2019.

Entre otras medidas, el sindicato plantea recuperar la jornada de 35 horas sin condiciones y el 100% del salario en caso de baja, eliminar la tasa de reposición y destinar un 0,5% de nuevos fondos adicionales para luchar contra la brecha salarial.

Para 2019 los incrementos retributivos serán del 2,5%: 2,25% desde el mes de enero y un 0,25% adicional desde el mes de julio.

La tasa de temporalidad sigue subiendo en las administraciones públicas y alcanza el 26.3%. La tasa de temporalidad de las mujeres (29.9%) se sitúa ocho puntos por encima de la de los hombres (21.8%)