Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO | 14 octubre 2025.

CCOO y UGT tomarán medidas si la patronal de intervención social persiste en su intransigencia

    Tras meses de negociación, nos encontramos a las puertas de un conflicto que puede socavar la imagen pública de las ONG y la subsistencia de las plantillas y de las personas usuarias, que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

    25/09/2025.
    Concentración ante la sede de Cruz Roja en Madrid el 11 de septiembre de 2024 para exigir derechos laborales para su plantilla

    Concentración ante la sede de Cruz Roja en Madrid el 11 de septiembre de 2024 para exigir derechos laborales para su plantilla

    CCOO y UGT tomarán las medidas necesarias si la dirección de las empresas del sector de Intervención Social persisten en su intransigencia. Tras meses de negociación infructuosa, nos encontramos a las puertas de un conflicto laboral de gravísimas consecuencias para la imagen pública de las ONG y para la subsistencia de las trabajadoras y trabajadores del sector y de las personas usuarias de unos servicios que afectan a las más vulnerables.

    Los elementos fundamentales del conflicto son:

    • Salario: pretendíamos, en cuatro años, acercarnos a los niveles salariales más bajos de referencia de la administración pública, de los que nos hemos ido alejando a lo largo de la vida del convenio.
    • Jornada: asumir las 37,5 horas semanales que ya fueron punto de partida en el convenio de 2007 con la referencia de 1.680 horas anuales.

    La negociación en la línea de anteriores ocasiones se ha hecho desde la responsabilidad de un sector sensible a los conflictos, especialmente en cuanto a imagen pública de las entidades, pues la mayoría de ellas tienen como única fuente de financiación propia los donativos y la captación de socios y socias. No podemos compartir ni entender la intransigencia con los esfuerzos que hemos realizado al respecto a lo largo de todos estos meses:

    • Hemos reducido sensiblemente nuestras pretensiones de equiparación salarial. La diferencia este año, oscilaba entre más de 18,14 puntos para el grupo más bajo y casi 24,59 para grado universitario. La patronal se queda a más de 5 puntos de distancia.
    • Hemos asumido propuestas empresariales de incremento progresivo que garantizaban (según ellos) la financiación, para, una vez asumida, indicarnos que no le daban valor y que su demanda no era real en un manifiesto acto de mala fe negociadora.
    • Hemos renunciado a cualquier otra pretensión que pudiera tener efectos económicos sustanciales  con las limitaciones que ello supone para todas las demás demandas de las plantillas del sector.

    En la última reunión del pasado 16 de septiembre, nos trasladaron una propuesta final inamovible en contra de lo que nos habían hecho pensar, que era que estábamos muy próximos a un acuerdo.

    Esta propuesta convierte un convenio puntero y referente estatal del sector en algo residual, planteamiento que parece pretender devolvernos a un pasado donde las empresas llevaban a cabo pura ingeniería de convenios para aplicar las peores condiciones. Esta situación es inasumible con la pérdida de poder adquisitivo actual, 15 puntos en vivienda y 24 en alimentación, mientras asistimos con asombro a constantes revisiones salariales con incrementos para direcciones y altos cargos amparándose en una presunta “fuga de talentos”.

    Nos proponen seguir adelante con el resto de cuestiones pretendiendo que esta negociación no ha existido y volviendo a dibujar eternos procesos de negociación con 2026 a la vuelta de la esquina.

    El sector se encuentra ante la decisión de continuar una negociación que podría suponer una congelación salarial irrecuperable (al no poderse repercutir a la administración un acuerdo en salarios) o romper el silencio responsable y la paz social, asumiendo las gravísimas consecuencias que podría tener tanto para las organizaciones, plantillas y personas usuarias. Para ello desde el sector se deberá de evaluar la situación y valorar las actuaciones  necesarias tanto de denuncia  ante la sociedad como las administraciones responsables, que pueden incluir movilización o confrontación.

      •