Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO | 4 agosto 2025.

CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia y el de Función Pública y las Comunidades Autónomas han dejado de convocar unas 3000 plazas de la Administración de Justicia en la OEP de 2025

    La negativa a aprobar este incremento de plazas muestra el desinterés de estas administraciones para atajar la temporalidad a pesar de las exigencias de la UE que ha retenido a España parte de los fondos de recuperación por la falta de medidas para reducir la elevada tasa de puestos estructurales ocupados de forma temporal.

    16/07/2025.
    Concentración ante el Ministerio de Justicia.

    Concentración ante el Ministerio de Justicia.

    El pasado 7 de julio se anunció que la UE suspendía el desembolso de 626 millones de euros de los fondos de recuperación por la ausencia de medidas eficaces para que los puestos de trabajo estructurales de las administraciones públicas españolas estén mayoritariamente ocupados por personal fijo y no por personal con contratos temporales.

    En esta Oferta de Empleo Público el Gobierno ha desperdiciado la ocasión de incluir todas las plazas que están ocupadas de forma temporal que pasarían así, tras los procesos selectivos, a estar desempeñadas por personal laboral fijo o por personal funcionario de carrera de nuevo ingreso, aprobando menos plazas en la OEP que las permitidas por la Ley.

    Los topes actuales para determinar el número de plazas máximo que se pueden aprobar en la OEP los fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023, actualmente prorrogados y vigentes y, en lo que se refiere a la Administración de Justicia, como sector prioritario, se permite una tasa de reposición del 120% de las bajas por jubilación, fallecimiento u otras causas producidas en el año anterior. La OEP de 2025 aprobada ayer en el Consejo de Ministros y publicada hoy en el BOE se ha limitado a incluir este 120% de tasa de reposición de las bajas producidas en 2024.

    Pero es que, además del 120% de tasa de reposición, la LPGE de 2023 permite la inclusión en la OEP de “las plazas necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento de nuevos servicios”. En este caso se encuentran las plazas de los juzgados de nueva creación que han entrado en funcionamiento en 2024, que son un total de 31, así como las plazas de refuerzo ocupadas por personal interino que se han consolidado en plazas de plantilla como obliga la LOPJ cuando el refuerzo se prorroga por tres años o más.

    Por otra parte, también la LPGE de 2023 obliga a incluir en la OEP todas las plazas ocupadas por personal interino aunque no se correspondan con bajas producidas en 2024, las cuáles también se han omitido.

    Y, por último, la mencionada LPGE permite incluir en esta OEP la tasa de reposición de las nuevas vacantes producidas en este mismo año 2025 hasta la fecha de aprobación de esta OEP y así lo habíamos también reclamado también desde CCOO, reclamación, junto a las anteriores, que ha sido desatendida.

    Aunque el Ministerio y las CCAA con competencias transferidas no han facilitado los datos de estas tres bolsas de plazas, CCOO estima que podrían suponer unas 3000 plazas más de las aprobadas en esta OEP.

    Esta cifra es el resultado de la suma de 310 nuevas plazas de los juzgados de nueva creación (a una media de 10 plazas por juzgado), de las bajas acaecidas desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2025 (si en todo el año 2024 ha habido 2059 bajas –según los datos facilitados a CCOO por el Ministerio de Justicia- dado el envejecimiento de las plantillas es más que previsible que en el primer semestre de 2025 la cifra sea superior a la mitad de esas 2059 bajas lo que, suponiendo que haya sido de 1200 empleados/as públicos/as de Justicia, da como resultado casi 1500 plazas más que se podrían haber añadido a la OEP aplicando el 120% de la tasa de reposición) y de los refuerzos convertidos en plantilla y el resto de las plazas ocupadas por personal interino que este sindicato estima en más de 1000.

    Por contra, al Ministerio de Justicia ha decidió atajar la temporalidad promoviendo en el proyecto de Ley de modificación de la LOPJ que se está actualmente tramitando en el Congreso que el personal interino sea cesado cuando lleve dos años trabajando, sin ninguna garantía de que sus puestos de trabajo sean cubiertos por personal titular ni por nuevo personal interino, lo que conllevará el empeoramiento del Servicio Público de Justicia, ya muy deteriorado, con la reducción drástica del número de empleados/as públicos.

    Es por ello que CCOO ha propuesto a los Grupos Parlamentarios enmiendas a ese proyecto de Ley, que han sido acogidas por Sumar y, en parte, por ERC y que se están debatiendo en la Comisión de Justicia del Congreso, para eliminar este despido a los dos años y para que las futuras Ofertas de Empleo Público contenga la totalidad de los puestos de trabajo que se encuentren vacantes.

    Para CCOO, este es el sistema más eficaz para atajar la temporalidad y combatir a la vez el problema endémico del envejecimiento de las plantillas públicas y, es por ello, que el sindicato espera el apoyo a estas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y de todos los demás grupos, especialmente de aquéllos que sustentan al Gobierno. De no ser así, la interpretación de CCOO será que, con este conjunto de medidas, el Gobierno y sus socios pretenden dar respuesta a las exigencias de la UE para atajar la temporalidad, a costa de deteriorar aún más el Servicio Público de la Administración de Justicia, reduciendo el número de empleados/as públicos/as con el consiguiente perjuicio en la atención a la ciudadanía. 

      •