Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO | 14 junio 2025.

CCOO denuncia que la negativa a incrementar plantillas pone en peligro uno de los ‘proyectos estrella’ del Ministerio de Justicia

    CCOO denuncia que mientras la Ley Orgánica 1/2025 de Medidas para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia asigna numerosas funciones nuevas a las Oficinas de Justicia en el municipio (actuales Juzgados de Paz) el ministerio de Bolaños se niega a dotar los puestos de trabajo necesarios para atenderlas.

    17/02/2025.
    Concentración ante el Ministerio de Justicia

    Concentración ante el Ministerio de Justicia

    Durante la tramitación de la Ley de Eficiencia hasta su aprobación el pasado mes de diciembre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no ha cesado de vanagloriarse de la grandísima transformación y modernización de la Justicia que ha supuesto esta norma. La Ley de Eficiencia ha añadido, entre otros, un artículo a la LOPJ con las nuevas funciones asignadas a las Oficinas de Justicia en el municipio (OJMs). Además de las que ya realizan los Juzgados de Paz en materia de asistencia al juez de paz, actos de comunicación a residentes en su domicilio y Registro Civil, se suman: 

    • La práctica de actuaciones procesales con residentes o personas que desarrollen su trabajo en el municipio, que deban llevarse a cabo mediante videoconferencia.
    • La tramitación de asuntos judiciales que sean competencia de los Tribunales de Instancia.
    • El apoyo a la gestión de expedientes de Justicia Gratuita.
    • Las solicitudes o gestión de peticiones de la ciudadanía, dirigidas a las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.
    • La colaboración con las unidades de medios adecuados de solución de controversias existentes en su ámbito territorial.
    • La colaboración con las Administraciones públicas competentes para que se facilite a otro personal de justicia distinto del de la OJM, el desempeño ocasional de su actividad laboral en estas instalaciones.
    • Otros servicios que figuren en convenios de colaboración entre diferentes Administraciones Públicas.

    Pasado el momento de la autocomplacencia por la reforma aprobada, le toca ahora al Ministerio de Bolaños poner los medios suficientes para atender todos estos nuevos servicios, pero pretende hacerlo con la misma plantilla de personal funcionario de la que se dispone ahora en los Juzgados de Paz.

    Hace dos semanas comenzaron las negociaciones entre Justicia y los sindicatos de las Relaciones de Puestos de Trabajo de estas nuevas Oficinas de Justicia en el Municipio en el ámbito de gestión no transferido (Extremadura, Baleares, Región de Murcia, Castila-La Mancha y Castilla y León) hasta un total de 372 municipios en los que trabaja personal funcionario de la Administración de Justicia que, además, sufre unas condiciones de trabajo y retributivas peores que las del resto de personal de los juzgados, tribunales, fiscalías y otros servicios no jurisdiccionales (inferiores medios materiales y tecnológicos, peores instalaciones e inferiores retribuciones).

    Y la propuesta del Ministerio de Justicia para esta negociación ha sido absolutamente decepcionante para CCOO: ni incremento de personal ni incremento retributivo; solo un cambio de nombre de lo que ahora son los Juzgados de Paz y agrupaciones que pasan a llamarse Oficinas de Justicia en el municipio, con más trabajo, con el mismo personal y con las mismas retribuciones a pesar de realizar tareas como las de Jefatura de Servicio por quienes desempeñan el cargo de Secretario o Secretaria y dirige la oficina, o la penosidad aparejada a la práctica de actos de comunicación y ejecución (embargos y desahucios) fuera de la sede judicial o diligencias en los centros penitenciarios, funciones que sí están especialmente retribuidas en las oficinas judiciales de las localidades con Juzgados de Primera Instancia y/o Instrucción de las cabeceras del partido judicial. 

    El ministro Bolaños, que además ha defendido este cambio organizativo como un elemento básico contra la despoblación de la España vaciada, no tiene tampoco ningún empacho en mantener el concepto retributivo de Grupo de Población en virtud del cual el personal destinado en este Juzgados de Paz (futuras OJMs) percibe una retribución inferior al destinado en el resto de localidades, desoyendo también en este tema las reclamaciones de CCOO.

    La inmensa mayoría de estas 372 oficinas cuenta con dos funcionarios o funcionarias, plantilla que es algo superior (hasta un máximo de 5) en 195 de ellas. Ni siquiera el número de personal de cada oficina está fijado en función del número de habitantes, y que oscila entre los 4 efectivos para 51.567 habitantes de Calviá (Baleares) y la agrupación de Morón de Almazán (Soria) con 2 efectivos para 1.118 habitantes.

    CCOO ha solicitado al Ministerio de Justicia el ajuste de las plantillas en función del número de habitantes de cada OJM o Agrupación a lo que la administración también se niega. Como ejemplos más sangrantes podemos señalar la localidad de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) con 33.991 habitantes y solo dos funcionarios/as o Seseña (Toledo) con 45.339 habitantes y solo tres efectivos en su plantilla.

    CCOO exige al Ministerio de Justicia el incremento de plantilla en otras 159 localidades de todas las provincias de su ámbito de gestión y advierte de que si el Gobierno no rectifica, el proyecto de Oficinas de Justicia en el municipio, que constituye, según Bolaños, uno de los pilares de la modernización y eficiencia de la Justicia, va a quedar en agua de borrajas y en un mero acto propagandístico, mientras que la ciudadanía de la España rural y despoblada verá con desesperación otro acto fallido en la mejora de sus servicios públicos y mientras que el personal de la Administración de Justicia verá una vez más deterioradas sus condiciones de trabajo.

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