Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO | 12 diciembre 2024.

CCOO exige a Justicia que garantice la asistencia sanitaria tras la suspensión cautelar de la licitación de Mugeju

    De no resolverse antes de fin de año el recurso en el que se ha acordado la suspensión cautelar o de confirmarse definitivamente la anulación de la licitación del concierto, la asistencia sanitaria en la Mutualidad General Judicial (Mugeju) no estaría garantizada en 2025 y CCOO no dudará en convocar contundentes movilizaciones.

    28/11/2024.
    Concentración ante el Ministerio de Justicia

    Concentración ante el Ministerio de Justicia

    CCOO ha remitido hoy un escrito al secretario de Estado de Justicia exigiéndole que se adopten de forma urgente medidas que garanticen la asistencia sanitaria a partir del próximo año y que se informe al colectivo de mutualistas de dichas medidas, después de la suspensión cautelar de la licitación del concierto de 2025 y 2026.

    CCOO le ha trasladado al secretario de Estado la gran preocupación que hay en el colectivo de mutualistas de la Mugeju que reciben atención sanitaria por las aseguradoras ante la suspensión cautelar del procedimiento de contratación de la concesión de asistencia sanitaria para el Concierto con las Entidades de Seguro para 2025 y 2026, acordado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, y las consecuencias que puede tener la no resolución de este recurso a la mayor brevedad posible, y la propia resolución en caso de que fuese necesaria una nueva licitación.

    Se ignora en qué fecha se resolverá el recurso que, según información publicada en la página web de la mutualidad, levantará o confirmará la medida adoptada. La Gerencia de la Mugeju ha comunicado que se están realizando todas las actuaciones necesarias para que en el caso de que el recurso sea desestimado, o si fuese estimado, no afecte al conjunto de la licitación, se continúe con el procedimiento de licitación con la mayor urgencia posible. Pero lo cierto es que estamos a finales de noviembre, y dentro de poco más de un mes debería comenzar el proceso para que los y las mutualistas puedan elegir a qué entidad de seguro se adscriben para recibir la asistencia sanitaria o si optan por el servicio público de salud.

    La preocupación de CCOO que ha motivado la solicitud a la secretaría de Estado, responsable máxima de Mugeju, es qué pasará si el recurso se resuelve con posterioridad a enero de 2025 o si se precisa una nueva licitación del concurso que impida su entrada en vigor antes del 31 de enero de 2025.

    En el caso de MUFACE tras quedar desierta su licitación, desde el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública se ha informado de la posibilidad de prórroga forzosa del concierto actual durante los 9 primeros meses del año 2025, al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público. Pero esta posibilidad queda descartada en Mugeju porque, para adoptarla, el anuncio de licitación del nuevo contrato debería haberse efectuado tres meses antes del vencimiento del contrato vigente, lo que no se produjo por retraso en la autorización del Ministerio de Hacienda a la Mugeju, según la versión de la Gerente de este organismo.

    Mientras tanto, al sindicato no le consta que ni la Secretaría de Estado de Justicia ni la Gerencia de la Mugeju hayan previsto ninguna solución que garantice con absoluta seguridad la asistencia sanitaria a mutualistas y personas beneficiarias que hasta ahora han optado por las aseguradoras sanitarias privadas y desean seguir haciéndolo a partir de 2025.

    De esta forma, si se descarta la prórroga del concierto y no se prevé ninguna otra medida que lo evite, todo apunta a que desde el 1 de febrero de 2025 no habrá ninguna entidad médica privada que atienda a Mugeju, salvo que el tribunal levantase en breve la medida cautelar adoptada, en la resolución definitiva del recurso.

    CCOO exige una solución rápida y real al Ministerio de Justicia y a la Mutualidad General Judicial y transparencia en la información. De lo contrario convocaremos movilizaciones en la Administración de Justicia de toda España si no se atienden nuestras justas reclamaciones.

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