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Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO | 26 septiembre 2023.
Miles de funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia de toda España se concentran ante el Palacio de la Moncloa
Este acto de protesta coincide con una nueva jornada de huelga general del personal de Justicia tras el aplazamiento de la huelga indefinida hasta que se conforme el nuevo Gobierno.
Concentración de personal funcionario de Justicia ante el Palacio de la Moncloa
Coincidiendo con el Consejo de Ministros, más de 2.000 funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia, en conflicto colectivo con el Gobierno desde el 28 de marzo, han mostrado a Pedro Sánchez una nueva protesta por el clasismo y la discriminación que ha supuesto la exclusión del “personal de a pie” de los juzgados, tribunales y fiscalías de la subida retributiva que sí ha acordado para los colectivos “de élite” de estas mismas oficinas, como son las y los jueces, fiscales y letrados.
Esta concentración forma parte de las movilizaciones comenzadas el pasado 17 de abril con paros parciales de tres horas diarias que, por la negativa del Ministerio de Justicia a negociar, derivaron desde el 22 de mayo en una huelga indefinida que ha provocado la suspensión de centenares de miles de juicios y millones de otras actuaciones procesales.
CCOO indica que “en ningún momento hubiéramos esperado de este Gobierno progresista una actitud antisocial y antisindical de este calado”. El sindicato añade que “el clasismo, la discriminación, el desprecio a los servicios públicos y a sus trabajadores y trabajadoras, se han colado en este Gobierno a través del Ministerio de Justicia que, con la complicidad del de Hacienda y al más puro estilo de Margaret Thatcher, han gestionado este conflicto negando a los sindicatos el derecho fundamental a la negociación colectiva, prefiriendo el perjuicio a la ciudadanía usuaria de la Justicia al reconocimiento de unas reclamaciones justas basadas, simplemente, en el trato igualitario y no discriminatorio y en el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realiza este personal de Justicia que ha sido ninguneado y maltratado como funcionarios y funcionarias de segunda”.
CCOO entiende que la legislatura que acaba ha estado caracterizada por el desarrollo del diálogo social que ha permitido alcanzar importantes acuerdos que han mejorado los derechos y la calidad de vida de las personas trabajadoras y sus familias. Las subidas del SMI hasta alcanzar los 1.080€, la reforma laboral, con su apuesta por el contrato indefinido, la recuperación de los elementos de equilibrio de nuestro sistema de negociación colectiva y la flexibilidad interna como medida para proteger el empleo y evitar despidos. La reforma de las pensiones, asegurando el mantenimiento del poder adquisitivo y garantizando la sostenibilidad del sistema público por la vía de los ingresos, el registro de los salarios y el desarrollo reglamentario de los planes de igualdad en las empresas, la ley Rider o la regulación del teletrabajo. También se ha desarrollado una legislación muy avanzada para garantizar la igualdad de trato y la no discriminación por condiciones personales o sociales y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
Lamentablemente para CCOO, los grandes avances sociales y el reforzamiento del diálogo social en esta legislatura han quedado empañados, sin embargo, en el conflicto laboral surgido en la Administración de Justicia en los que los derechos laborales y sindicales de sus empleados y empleadas públicas han sido pisoteados por las responsables ministeriales de Hacienda y de Justicia, a quienes exigimos una inmediata rectificación antes del 23 de julio para que se unan a la senda de mejoras para las condiciones laborales y de los servicios públicos marcada por el Gobierno progresista en su política general.
Gobierne quien gobierne tras estas elecciones generales el conflicto con el personal de Justicia no está ni mucho menos finalizado. Al nuevo equipo del Ministerio de Justicia y al nuevo Gobierno en su conjunto le vamos a seguir exigiendo desde el primer día la negociación colectiva para las mejoras de las condiciones de trabajo de este colectivo y el reconocimiento de su labor como empleados y empleadas públicas de este servicio público de la Administración de Justicia en el que, tras 45 años de democracia, permanecen actitudes de clasismo, discriminación y thatcherismo impropias de un estado moderno.
