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Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO | 26 septiembre 2023.
El Estatuto del Becario acaba con la explotación de los becarios y garantiza prácticas de calidad
El acuerdo contempla la presunción de laboralidad en caso de fraude, lo que prohíbe la realización de tareas que no son formativas como la sustitución del personal en vacaciones o la realización de las tareas que hacen los trabajadores en plantilla.
Las y los secretarios de Juventud de la confederación y las federaciones de CCOO, junto a Unai Sordo y Mari Cruz Vicente
Esta mañana CCOO, UGT y el Ministerio de Trabajo han firmado el “Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa”, más conocido como el Estatuto del Becario. En el acto ha intervenido el secretario de Juventud, Adrià Junyent, que ha valorado positivamente este Estatuto porque “al fin se establece una regulación para que haya prácticas de calidad vinculadas a la formación reglada y se pone barreras a la explotación de los becarios y las prácticas fraudulentas”. Esta norma, da seguridad al “delimitar con precisión los estudios o programas en las que dichas prácticas forman parte, regulando los instrumentos que permiten asegurar la calidad de las prácticas y su vinculación con los objetivos formativos”, ha asegurado.
Entre los derechos que recoge el Estatuto se encuentran: la compensación de gastos, la prevención de riesgos laborales; el establecimiento de descansos; permisos para ir al médico incluyendo la no repercusión en la evaluación en el caso de las prácticas curriculares; compatibilidad entre estudios y prácticas y la garantía de contar con una adecuada tutorización y formación por parte del centro de estudio y de la empresa.
El acuerdo contempla la presunción de laboralidad en caso de fraude, lo que prohíbe la realización de tareas que no son formativas como la sustitución del personal en vacaciones o la realización de las tareas que hacen los trabajadores en plantilla. Es por esto que se incorpora, tanto un régimen sancionador para prevenir y corregir los incumplimientos, como una labor de vigilancia por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que garantiza que su cumplimiento y será una de las prioridades del organismo.
Además, el Estatuto define las prácticas para evitar fraudes y establece un régimen sancionador disuasorio con cantidades que oscilan entre 70 y 225.018 euros, según el tipo de fraude que se cometa. Por otro lado, establece una limitación de la plantilla de becarios en un 20%.
Por otra parte, también se evita que las prácticas se realicen en horarios nocturnos y se limita el desarrollo de actividades calificadas como peligrosas por la ley, garantizando la formación y los recursos preventivos en el caso de que sean imprescindibles hacerlas.
Junyent espera que todas las fuerzas parlamentarias den soporte a esta reforma "tan necesaria para que la juventud no siga eternizando su entrada al mundo laboral a través de prácticas sin derechos" aunque también ha asegurado que “desde CCOO seguiremos trabajando para regular las prácticas no laborales que pasa por la eliminación de las prácticas extracurriculares”.
Por su parte, el secretario general, Unai Sordo, en su intervención tras la firma, ha calificado el acuerdo “muy útil para la gente, sobre todo joven, que hace prácticas”. Además ha señalado que también será beneficioso para las empresas que consideran que las prácticas y que las becas que ofertan tienen que servir para formar, para cualificar mejor a los futuros trabajadores y trabajadores, y que éstas "no deben utilizarse para el abuso cotidiano o para la utilización de personas en periodos formativos que en realidad lo que hacen es cubrir puestos de trabajo y que muchas veces hacen funciones que no están relacionadas con la formación universitaria, profesional o de acreditación de competencias, que es para lo que tenían que estar dirigidas”.
Aunque el Estatuto del Becario era un mandato recogido en la reforma laboral pactada en 2021 entre sindicatos, patronal y Gobierno, se cierra con un pacto bilateral que tendrá que ser aprobado en Consejo de Ministros como real decreto-ley para posteriormente, convalidarse en el Congreso de los Diputados. Debido a la convocatoria de elecciones generales y a la consiguiente disolución de las Cortes, dicho trámite se validará en la Diputación Permanente.
