Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO | 24 abril 2024.

CCOO y UGT exigen al Gobierno una Ley de Función Pública que cumpla las expectativas del personal público y la ciudadanía

    Considera que la aprobación del Anteproyecto de Ley de Función Pública para la Administración General del Estado en el Consejo de Ministros se ha llevado a cabo con prisas y sin la necesaria negociación colectiva, comprometida en el Acuerdo marco firmado en octubre con las organizaciones sindicales. Destacan la imprescindible mejora en materias tan esenciales como retribuciones, carrera profesional, igualdad, transparencia o jornada, entre otras.

    21/12/2022.
    Una calle repleta de gente

    Una calle repleta de gente

    UGT y CCOO han exigido al Gobierno la negociación completa del Anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, al entender que limita los derechos de la plantilla. En su valoración sobre el texto recogen más de una decena de propuestas a incorporar al mismo.

    Las organizaciones sindicales han recordado que el desbloqueo de la norma se produjo en la firma del Acuerdo marco para una Administración del siglo XXI, tras 15 años esperando el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado. Lamentan que el contenido aprobado se parezca más a un manual de gestión de recursos humanos que a una ley que tiene que recoger y garantizar los derechos de las empleadas públicas y los empleados públicos.

    Entre los aspectos más destacados, mencionan la inclusión de los complementos de carrera y de evaluación del desempeño, a pesar del retraso en su implantación en la Administración General del Estado y las consecuencias en las retribuciones que viene suponiendo la falta de estos en las nóminas del personal. Consideran, sin embargo, que es imprescindible consolidar las horquillas de niveles de complementos específicos y complementos de destino comprometidas en el Acuerdo de fondos adicionales 2018-2020, además de recuperar la estructura de las pagas extraordinarias previa a 2010.

    CCOO y UGT valoran positivamente la configuración de la carrera profesional, aunque entienden que es necesario avanzar en el establecimiento de escalones y cuantías, en línea con lo que se viene produciendo solo para determinados cuerpos y escalas de la Administración del Estado.

    En la misma línea, consideran esencial concretar los contenidos del título sobre igualdad, comprometido en el Acuerdo marco, pero que queda diluido por tratarse de recomendaciones y por no fijar para las empleadas públicas y los empleados públicos los mismos contenidos de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva. Exigen, además, la modificación de régimen disciplinario para permitir la sanción administrativa en casos de acoso sexual y por razón de sexo.

    Finalmente, lamentan la omisión del carácter máximo de la jornada semanal en 35 horas, un aspecto recogido en el Acuerdo marco y que entienden que debe tener reflejo en este Anteproyecto, junto a la mención de otros derechos como la jornada flexible, los períodos mínimos de descanso o la conciliación, entre otros.

    UGT y CCOO piden al Gobierno un mayor compromiso con el personal público más cercano a su actividad, y que depende directamente de su acción, que debe concretarse en una Ley contundente y garantista, y que evite la actual referencia a desarrollos reglamentarios, hasta cuarenta en el texto aprobado.

    Los sindicatos concluyen recordando otros aspectos que será necesario incluir en el Anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, como la aplicación al personal laboral, los sistemas de provisión y movilidad, la garantía de cobertura de plazas publicadas en ofertas de empleo público, la jubilación parcial y la prolongación del servicio activo, la modificación del régimen de clases pasivas, la constitución del grupo B y la definición de áreas funcionales de los actuales cuerpos, escalas y grupos de clasificación profesional, la consolidación del acuerdo de promoción interna, el incremento de la indemnización por residencia en los territorios no peninsulares, la evaluación del desempeño, la participación sindical y la negociación colectiva y la eliminación de aquellos artículos que restringen derechos adquiridos.

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