Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO | 24 febrero 2024.

Un año más en la defensa de las personas con diversidad funcional

    El Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra cada 3 de diciembre tiene como objetivo promover los derechos y el bienestar de las personas con diversidad funcional en todos los ámbitos de la sociedad y su desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

    05/12/2022.
    Cartel del Día Internacional de las personas con discapacidad

    Cartel del Día Internacional de las personas con discapacidad

    Este año su lema es Soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo: el papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo.Sin duda, cualquier política de inclusión debe tener como base el principio «no dejar a nadie atrás» de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

    En los escasos años que quedan para alcanzar el año 2030, son varios los retos vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que contemplan el desarrollo inclusivo de la discapacidad en el empleo (ODS 8). Es necesario mejorar los conocimientos y las habilidades necesarias que permitan a las personas con diversidad funcional un acceso al empleo en un panorama tecnológico innovador y en constante evolución.

    Por su parte el ODS 10 promueve la innovación en herramientas útiles y buenas prácticas que permitan la reducción de las desigualdades que afectan a las personas discapacidad tanto en el sector público como en el privado.

    Sin embargo, en un escenario pospandémico y en plena crisis por la guerra desatada con motivo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la agenda social y las necesidades de los colectivos más vulnerables quedan relegadas una vez más a un segundo plano.

    La crisis energética que estamos viviendo y su repercusión en la subida de precios supone un hándicap aún mayor para las personas con discapacidad que son electrodependientes. Es decir aquellas que, por algún motivo de salud, dependen de aparatos eléctricos y por lo tanto necesitan un suministro constante de electricidad.

    Las Instituciones deben garantizar una vez más que «nadie se quede atrás» y adoptar las medidas necesarias para que nadie pague en salud por problemas económicos.

    En este sentido, el gabinete económico de CCOO ha hecho pública una propuesta de mejora del denominado Bono Social Eléctrico que reflexiona entre otras cuestiones sobre su configuración como un derecho de las personas consumidoras más vulnerables.

    Pero sin duda la mejor herramienta para mejorar la autonomía y condiciones de vida de las personas con diversidad funcional es el diálogo social y la negociación colectiva para dotar al sistema de los medios económicos y materiales suficientes que les permita acceder a un empleo con las debidas garantías como mejor herramienta de inclusión social.

    Una prueba del déficit de diálogo social en esta materia es la publicación el pasado día 28 de noviembre de 2022 en el BOE de la Resolución de 21 de noviembre de 2022 por la que se publica el Convenio entre el Real Patronato sobre Discapacidad, la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., la Fundación ONCE y el CERMI, para la realización del Libro Blanco sobre empleo y discapacidad.

    Según dicha Resolución, el Convenio tiene como objeto confeccionar un Libro Blanco que sea palanca para un nuevo marco legislativo y de política pública del Empleo y Derecho al Trabajo de las Personas con Discapacidad en España. Sin embargo, en ninguna parte del texto se menciona la necesidad de incorporar el diálogo social en la elaboración de este Libro Blanco. 

     

    Desde FSC-CCOO exigimos al conjunto de las Administraciones Públicas y sector público institucional el cumplimiento efectivo de la legislación vigente, respecto a la cuota del mínimo de reserva del 5 % en el empleo público, contemplando porcentajes diferenciados para física, sensorial o funcional.

     

    Igualmente para FSC es necesario el compromiso expreso de las Administraciones Públicas en la mejora de la financiación pública para el desarrollo de la ley de dependencia, así como para los servicios sociales, compromisos que deben traducirse en más plazas públicas, tanto de residencias como de ayuda a domicilio y para favorecer la autonomía personal, así como la mejora de las condiciones de trabajo de las empleadas y empleados públicos que trabajan en la atención de las personas usuarias del sistema.

    Desde CCOO seguiremos trabajando en la mejora de las políticas de empleo para las personas con diversidad funcional tanto en el sector público como el privado mediante el diálogo social y la negociación colectiva con sus diferentes interlocutores: el Estado Central y las Comunidades Autónomas y Administración Local mediante el Plan de Choque en Dependencia entre otras herramientas.

    Respetar los derechos de las personas con discapacidad no es solo una cuestión de justicia, sino una inversión en nuestro futuro común.