El Área Pública de CCOO retoma hoy, 14 de julio, las movilizaciones en defensa de los salarios y las condiciones de trabajo de tres millones trescientas mil empleadas y empleados públicos. La concentración convocada por CCOO ante el Congreso de los Diputados, coincidiendo con el debate del estado de la nación, ha congregado a cientos de personas y delegados y delegadas de CCOO del sector público de todo el país. A su finalización, CCOO ha dado lectura al manifiesto con las reivindicaciones del sindicato para el conjunto de trabajadoras y trabajadores públicos:

Los Servicios Públicos resultan ser un pilar básico de la democracia y la herramienta fundamental para la cohesión territorial y social y la correcta redistribución de la riqueza de un país. 

La pandemia producida por la covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de tener unos servicios públicos adecuados, con plantillas correctamente dimensionadas que puedan afrontar cualquier tipo de circunstancia ordinaria o extraordinaria que pudiera producirse, como ha sido esta crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente.

La propuesta neoliberal de reducir los servicios públicos con la excusa indecente de la reducción del déficit público, que no ha desaparecido, solo está justificada por lo que subyace de fondo, que no es más que el negocio lucrativo de la privatización. 

La falta de inversión y de plantillas adecuadas, así como el incremento de las privatizaciones, ha supuesto desde el año 2010, y fuertemente incrementada a partir del 2012, la pérdida real de miles de puestos de trabajo en todos los servicios públicos, lo que ha devaluado su calidad, solo salvada en gran parte por la profesionalidad y entrega de las empleadas y empleados públicos. 

Las ciudadanas y ciudadanos son conscientes de ello cuando acuden a las y los profesionales de la salud, de los servicios sociales, a policías, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos y bomberas, protección civil, profesorado, personal de limpieza, mantenimiento, seguridad, entre otros.

Esta pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la fuerza del trabajo, y se han visibilizado como nunca determinadas profesiones que pasaban del todo desapercibidas: personal de limpieza, de mantenimiento, cajeras, pero también en el ámbito público, personal sanitario, personal investigador, docente, de los servicios sociales, sin olvidar el resto de servicios públicos, que están resultando imprescindibles, personal técnico y administrativo de las administraciones públicas y sector público empresarial, los servicios de empleo, de Seguridad Social, Hacienda, Justicia, Correos, etc. que aun en estas condiciones excepcionales, han estado trabajando o teletrabajando desde sus domicilios particulares, con medios propios en muchos casos, para que la administración no se paralice y la ciudadanía pueda seguir teniendo acceso a estos servicios esenciales, como son, las distintas medidas de protección social que se han puesto en marcha: IMV, ERTE, prestaciones, ayudas, atención telefónica, entre otras.

No podemos olvidar el trabajo extraordinario llevado a cabo por las empleadas y empleados y resto de trabajadoras de los centros asistenciales, como residencias de personas mayores, personas con discapacidad, menores, personal de atención domiciliaria a personas vulnerables, instituciones penitenciarias, que, a pesar de los recortes y años de disminución de las plantillas, han demostrado ser imprescindibles.

Una administración cercana, ágil, de calidad, con seguridad y una atención personalizada, es lo que la ciudadanía demanda y es la prioridad de CCOO, para lo que resulta igualmente imprescindible la defensa de los derechos de las empleadas y empleados públicos. 

Unos servicios públicos de calidad requieren unas plantillas estables y con condiciones de trabajo dignas. Por ello, mantener el poder adquisitivo, recuperar los estándares de calidad de empleo y resto de condiciones de trabajo son objetivos prioritarios del sindicato.

El Área Pública de CCOO se ha volcado en los Acuerdos para la mejora del empleo público y condiciones de trabajo del 2017 y 2018 y el último de 5 de julio de 2021, que dio como resultado la Ley 20/2021 para dar estabilidad a las plantillas y recuperar derechos arrebatados, pero no vamos a quedarnos quietos ante la inacción por parte del Estado para la consecución y recuperación de derechos de las empleadas y empleados públicos.

Estamos hoy aquí 14 de julio frente al Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno y los grupos políticos que defiendan los servicios públicos, y esto pasa por preservar, defender y mejorar los derechos del personal de las administraciones públicas y del sector público estatal incluido el empresarial.

Por todo ello desde CCOO exigimos asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos, con una financiación, estable y adecuada, prestando especial atención a la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales y dependencia, pero sin olvidar la importancia del resto de servicios públicos como la justicia, protección y vigilancia del medio ambiente, seguridad social, servicios públicos de empleo, gestión asistencial y prestaciones, así como el resto de servicios de la administración. 

De igual forma hemos de insistir en la participación, a través de la mesa de diálogo social en el desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en todo lo concerniente a la modernización y transformación digital de las administraciones públicas, algo del todo imprescindible para garantizar unos servicios públicos de calidad.

En este sentido, las políticas públicas, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el PERTE previsto para las Administraciones Públicas deben centrar sus objetivos en materias hoy por hoy del todo necesarias, como una mayor inversión en I+D+I, formación, carrera, promoción y cualificación profesional, así como mejoras en materia de infraestructuras, transportes, ferroviarias, carreteras, de puertos y aeropuertos, aguas y sector postal, entre otras, que resultan esenciales para una mejor cohesión social y territorial y el tan necesario cambio de modelo productivo.

Por todo ello CCOO exige la negociación de un Nuevo Acuerdo Salarial y de Condiciones de Trabajo, que garantice el poder adquisitivo, derogue los decretos de recortes de derechos del 2010 y 2012, que desarrolle y proceda a la adaptación del EBEP y Acuerdo Marco, para mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo en el sector público. 

Por tanto, este acuerdo debe incluir:

Ø Una vigencia plurianual 2022/2024

Ø Subida salarial, con recuperación de la pérdida de poder adquisitivo y fondos adicionales

Ø En materia de empleo: eliminación de la tasa de reposición y planes de empleo para el rejuvenecimiento de las plantillas

Ø Actualización salarial del personal del Servicio Exterior

Ø Jornada 35 horas de carácter básico

Ø Cambio normativo para el desarrollo pleno de los planes de igualdad y protocolos de acoso sexual y por razón de sexo

Ø Clasificación profesional, culminación de la Disposición Transitoria Tercera del EBEP

Ø Adaptación del modelo de clasificación profesional, formación y cualificación profesional

Ø Impulso necesario en materia de Salud Laboral

Ø Jubilaciones anticipadas. Identificar puestos de trabajo y colectivos 

Ø Carrera profesional para el conjunto de empleadas y empleados públicos

Ø Ley de Función Pública en la Administración General del Estado

Ø Derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

Ø Mejoras en clases pasivas, incremento sustancial de haberes reguladores de los grupos A2 al E

Ø Actualización de las indemnizaciones por residencia e indemnizaciones por razón de servicios

Ø Abrir y garantizar un espacio de interlocución para el sector público empresarial

A todas estas justas reivindicaciones, que afectan al conjunto de las Administraciones Públicas y sector público, que no dudéis defenderemos desde CCOO, se les suma el descontento generalizado de las empleadas y empleados públicos por el desprecio del Gobierno a no sentarse YA a negociar este acuerdo, que recordamos está comprometido por la ministra de Hacienda y Función Pública y que va in crescendo con distintos conflictos que hoy por hoy tenemos en la calle en distintos ámbitos y territorios:

• Sanidad, por la jubilación anticipada, jornada de 35 horas, carrera profesional, actualización del Estatuto Marco, mejora de la situación de la Atención Primaria con inversión suficiente para atender a la población, dignificación de los profesionales de la investigación y desbloqueo definitivo del Convenio CIBER
• Enseñanza. Sectores educativos, formados por el personal docente universitario y no universitario y el personal de apoyo educativo y de administración de servicios, mejora condiciones de trabajo para aumentar la calidad educativa, reducción de ratios, carga lectiva y jornada, así como incrementos de recursos educativos, especialmente en atención a la diversidad y convivencia
• Administración General del Estado, fondos adicionales e incumplimientos del IV Convenio Único, personal de investigación del CSIC
• Conflictos en distintos ámbitos de comunidades autónomas y corporaciones locales
• Servicio Exterior, 14 años sin actualización salarial
• Correos, modelo postal público de país, con financiación pública suficiente, paralización del plan de desmantelamiento actual, recuperación de la actividad y del empleo, nuevo convenio y acuerdo laboral
• Ferroviario, por un ferrocarril social, vertebrador y sostenible, incremento de plantillas y la campaña “Stop agresiones al personal”
• Aéreo, ampliación plantilla y jubilación anticipada
• RTVE convenio colectivo, recuperación de plantillas
• Justicia, modelo de referencia de oficinas judiciales, carrera y promoción profesional y movilidad
• Estatuto Básico del Bombero Forestal y Ley de Agentes Forestales
• Ambulancias, bloqueo en los tiempos de descanso del convenio colectivo
• Correos Express, mantenimiento de las plantillas