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    PHPSESSID, SERVERID, Incap_ses_*_* y visid_incap_* Sesión Imprescindibles Mantener la coherencia de la navegación y optimizar el rendimiento del sitio web 1
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  • Territorios

    CCOO denuncia un nuevo retraso del proyecto de Ley Básica de Agentes Forestales

      Opinamos que el informe no establece ninguna invasión competencial y que el siguiente paso debería ser la remisión al Consejo de Ministros, como paso previo a la entrada al Congreso para su debate y votación.

      20/06/2022.
      Agentes forestales / Foto: Comunidad de Madrid

      Agentes forestales / Foto: Comunidad de Madrid

      Tras 4 meses desde la última reunión, el día 16 de junio se mantuvo un nuevo encuentro del grupo de trabajo emanado de la Comisión Sectorial de Medio Ambiente, y en el que ha participado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), varias comunidades autónomas y la representación mayoritaria del colectivo de Agentes Forestales/Medioambientales.

      En la reunión de febrero, se acordó solicitar un informe a la Abogacía del Estado acerca del borrador de anteproyecto de la Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales. Nuestra sorpresa mayúscula ha sido comprobar que el informe no versa sobre el articulado propuesto, si no acerca de 8 extrañas preguntas donde se mezclan dos propuestas legislativas, la de Agentes Forestales/Medioambientales y la del Estatuto Básico de Bomberas y Bomberos Forestales. Entre esa mezcla y la nula atención a la materia que debía informarse, el resultado es un texto que sugiere la interpretación que cada cual desee.

      Así pues, comprobamos cómo había diversas comunidades autónomas que entendían que existía invasión competencial (Castilla y León, Navarra, Extremadura y Cantabria), mientras otras manifestaron su apoyo explícito a la necesidad de esta norma (Andalucía, Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, La Rioja). El resto optaron por no decir nada o simplemente ni acudieron a la cita. Por la parte social, entendemos que el informe no establece ninguna invasión competencial y que el siguiente paso debería ser la remisión al Consejo de Ministros, como paso previo a la entrada al Congreso para su debate y votación.

      Analizado todo esto, desde el MITERD nos trasladan que se va a solicitar un nuevo informe a la Abogacía del Estado, por lo que entendemos que en estos 4 meses solo hubo un trámite dilatorio, algo con lo que las CCAA opuestas a esta norma están en pleno acuerdo con tal de que se agote la legislatura y no puedan terminar de tramitarse ninguna de estas dos necesarias normas.

      El texto propuesto por la representación del colectivo es un documento muy elaborado, con más de 15 años de recorrido y en la que hemos sido muy cautelosos a la hora de que no incluyese invasión competencial alguna, con una propuesta que en el año 2018 ya superó no solo los informes propios de la tramitación, entre ellos el de la Abogacía del Estado, sino la toma en consideración por parte del Senado, con solo 9 votos en contra. Aquella vía quedó en punto muerto al convocarse elecciones anticipadas y decayó en su conjunto.

      Tras ello, el compromiso del Gobierno era sacar adelante estas propuestas normativas, pero lo que estamos comprobando es que los trabajos son dilatorios y no concuerdan con el compromiso adquirido. Agradecemos enormemente a aquellas Administraciones Públicas que entienden que la protección y defensa del medio ambiente debe partir de una unificación mínima de criterios a la hora de ejercer las competencias propias de cada una de ellas, y siempre bajo el prisma del derecho que toda ciudadanía tiene a un trato igualitario por parte de las Administraciones Públicas, amén de la mejora en la eficiencia y efectividad en el ejercicio de la potestad pública. Algo que parecen no entender desde una minoría de CCAA.

      Nos toca seguir a la espera y estamos seguros que el informe de la Abogacía del Estado analizará el articulado, en el que no debería encontrar obstáculos, dado que se trata de un proyecto de ley ajustado al alcance de lo que se supone que debe ser una legislación básica no agotadora de la posibilidad de desarrollo.

      Los plazos son muy justos y no podemos perder tiempo en debates estériles. La historia agradecerá este esfuerzo de futuro.