Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO | 24 noviembre 2024.

CCOO reitera al ministro Iceta sus prioridades para el diálogo social en la Función Pública

    En la reunión mantenida hoy jueves 11 de marzo, Francisco García, representante del Área Pública del sindicato, ha vuelto a trasladar al Ministerio sus prioridades para un nuevo acuerdo de las empleadas y de los empleados públicos.

    11/03/2021.
    CCOO reitera al ministro Iceta sus prioridades para el diálogo social en la Función Pública

    CCOO reitera al ministro Iceta sus prioridades para el diálogo social en la Función Pública

    Desde que comenzó la legislatura, el Área Pública de CCOO ha expresado claramente sus prioridades al Ejecutivo. En la reunión mantenida hoy con el titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, lo ha vuelto a reiterar con el fin de iniciar una negociación real que concluya en un nuevo acuerdo que priorice los servicios públicos, la mejora del empleo, las retribuciones y el resto de condiciones de trabajo de las empleadas y de los empleados públicos, temas pendientes y de gran urgencia.

    El Área Pública de CCOO ha planteado:

    • Cumplimiento íntegro de los I y II Acuerdos. No solo deben ser obligatorio para el Ministerio, sino para el conjunto de las administraciones públicas, principales responsables de los incumplimientos. De las plazas de estabilización aprobadas desde 2017, solo el 63,8% se han convocado y únicamente el 17,9% han completado su ejecución. Si sumamos las plazas de reposición y vemos el total, el porcentaje de plazas convocadas es del 34,94% y el de las terminadas de ejecutar el 15,57%. A esto habría que añadir las plazas necesarias que nunca se llegaron a aprobar. El porcentaje de temporalidad en los sectores públicos estaba ya, antes de la pandemia, por encima del 24%, y esta cifra se ha visto incrementada en gran medida por la situación de emergencia. 
    • Eliminación de la limitación que supone la tasa de reposición de efectivos para realizar estos aumentos de recursos y estabilizar las plantillas.
    • Acabar, dentro de los marcos normativos establecidos, con la lacra que supone la alta tasa de temporalidad, pero con la mayor seguridad jurídica que no frustre nuevamente la solución real en materia de estabilización en el empleo.
    • Realizar las modificaciones necesarias en el Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto Marco, para realizar la transposición de la Directiva comunitaria 70/1999/CE; por un lado en lo relativo a la cláusula 4ª de no discriminación entre personal fijo y temporal respecto a las condiciones de trabajo; y, por otro lado, en relación a la cláusula 5ª, estableciendo las medidas disuasorias que eviten el fraude o abuso en la contratación. Para ello resulta necesario causalizar la contratación, determinar un régimen sancionador a las AAPP que incumplan e implantar medidas que repercutan de forma inmediata y obligacional para eliminar la precariedad laboral, reducir la temporalidad y rebajarla al 8%, asumiendo así los compromisos recogidos en los acuerdos con los sindicatos y con Europa.
    • Incrementar las plantillas allí donde sea necesario o se hayan detectado graves deficiencias, especialmente en los sectores esenciales.
    • Reconvertir las plazas “virtuales” procedentes de programas, acumulación de tareas y obras y servicios, que han resultado ser estructurales para reducir la precariedad y temporalidad, en estos casos en claro fraude de ley.
    • Acometer planes de empleo que prevean el rejuvenecimiento de las plantillas ante su envejecimiento y la correspondiente formación y cualificación a través de los institutos de formación de la Administración General del Estado y de las CC. AA.
    • Seguir avanzando en la recuperación del poder adquisitivo perdido y garantizarlo a través de la negociación colectiva.
    • Implantar de forma efectiva la jornada laboral de 35 horas semanales en el conjunto del sector público durante la vigencia del acuerdo. Desvincular esta cuestión del cumplimiento del objetivo de déficit, deuda y regla de gasto.
    • Desarrollar el art. 76 del TREBEP relativa a la clasificación y carrera profesional: culminación de la Disposición Transitoria Tercera del EBEP, adaptar nuestro modelo de clasificación profesional al modelo europeo.
    • Impulsar el desarrollo del TREBEP, Ley AGE o Leyes de CC. AA., en las materias aún pendientes, procesos de provisión de puestos de trabajo, promoción interna, procesos selectivos, cualificación y carrera profesional, evaluación del desempeño, movilidad interadministrativa, entre otros.
    • Implantar la jubilación anticipada parcial y la interinidad a jornada parcial.
    • Derogar los recortes producidos como consecuencia del RDL 20/2012.
    • Revertir privatizaciones y externalizaciones.
    • Garantía para el personal ante la Internalización de Servicios Públicos.
    • Cumplimiento de los acuerdos en la AGE.
    • Abrir y garantizar espacio de interlocución en el Sector Público Empresarial y para las corporaciones locales.
    • La estatutarización del personal de investigación biomédica.
    • Derogación de la LRSAL (Ley Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local).
    • Negociación de planes de igualdad y protocolos de acoso en el plazo de un año.
    • Participación y seguimiento de los procesos de digitalización en las Administraciones Públicas con las organizaciones sindicales.
    • Mejora de la formación y cualificación de las empleadas y de los empleados públicos.
    • Mejora y perfeccionamiento en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales.
    • Clases pasivas: incremento sustancial de haberes reguladores de los grupos del A2 al E, para evitar que se siga deteriorando la calidad de las pensiones de clases pasivas.
    • Acometer la negociación del RDL 36/2020, de medidas urgentes para la modernización y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia.

    En el contexto actual es más importante que nunca la interlocución fluida, el diálogo social y el compromiso del Gobierno con la mejora de los servicios públicos y con sus trabajadoras y trabajadores. 

    Es imprescindible esta apuesta nítida por la defensa y garantía del sector público y el aumento del gasto que permita inversiones en plantillas, logística e infraestructuras, cohesión social y territorial, inversión I+D+i, digitalización, formación y cualificación.

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