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Participamos en el seminario organizado por EPSU con motivo del Día Mundial por el Acceso al Aborto Legal y Seguro

    El Comité de Mujeres de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos organizó el evento el pasado 28 de septiembre.

    02/10/2020.
    28 de septiembre, Día Mundial por el Acceso al Aborto Legal y Seguro

    28 de septiembre, Día Mundial por el Acceso al Aborto Legal y Seguro

    El Comité de Mujeres de EPSU organizó un seminario el Día Mundial por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, el 28 de septiembre, que contó con la participación de la eurodiputada Alessandra Moretti (S&D, IT) y la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, y con sindicalistas de toda Europa (Italia, Francia, Polonia y España).

    Se debatió sobre cómo se aborda el derecho al aborto seguro y público en diferentes países durante este tiempo de pandemia y cómo estos servicios pueden no ser considerados esenciales por parte de gobiernos ultraconservadores para implementar su agenda anti-elección y retroceder contra la igualdad y los derechos de las mujeres.

    FSC-CCOO estuvo representada por la secretaria de las Mujeres, Carmen López, quien en su exposición citó dos puntos concretos: la interrupción del embarazo (IVE) durante la pandemia y la mejora necesaria de la actual legislación en nuestro país. En su intervención, dejó patente que la emergencia sanitaria puesto en evidencia ciertos aspectos de la normativa actual.

    Situar lo que ha sucedido durante el estado de alarma y lo que puede seguir sucediendo, así como apostar por la necesaria mejora de la actual ley y la situación de las mujeres en tiempos de covid es nuestro objetivo.

    Durante la pandemia han emergido las deficiencias que existían y las que se han producido como consecuencia del confinamiento: como en todas las crisis, en esta las mujeres sufren mayor discriminación y precarización, también en la salud.

    Centrándonos en el servicio público de salud y especialmente en la interrupción del embarazo, por un lado hemos comprobado que nuestra legislación actual debe mejorar ostensiblemente, y puede hacerlo si se lo propone; por otro lado, podemos observar que existen notables deficiencias en el acceso a este servicio público que se han agravado, así como otras que han aparecido con el coronavirus.

    En España se estableció desde el inicio del estado de alarma que el aborto era un servicio esencial según la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios y en su relación de centros, servicios y establecimientos sanitarios que se determinan como servicios esenciales: C.2.5.3 Centros de interrupción voluntaria del embarazo.

    Con esta orden se habilita a las clínicas privadas para que continúen abiertas, pero no se facilita ninguna medida adicional para mejorar el acceso, a pesar de haberse convertido casi en el exclusivo servicio público para muchas las mujeres en diversas provincias de nuestro país.

    El artículo 14 de la ley de 2010 indica que podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la embarazada siempre que concurran determinados requisitos, como que se haya informado a la mujer embarazada sobre determinados derechos y que pasen al menos 3 días desde la información mencionada y la interrupción, cuestión esta que ha generado, nuevamente, un problema añadido durante la pandemia para las mujeres.

    Por ello la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) solicitó al Ministerio de Sanidad que suprimiera durante la pandemia y, muy especialmente, en los confinamientos, la explicación presencial a las mujeres previa a la intervención y que se realizara por medios telemáticos, con el objetivo de reducir desplazamientos. Solo dos comunidades han eliminado la obligación presencial, Cataluña y Galicia.

    Desde CCOO, hemos reclamado la supresión de este requisito como norma general y no solo en esta situación pues cuestiona el derecho y la capacidad de decidir de las mujeres.

    El aborto provocado se ha mantenido durante las crisis, pero no todas las provincias en España tienen centros acreditados para realizar la IVE y por tanto no todas las mujeres tienen un acceso por igual con independencia de dónde viva como establece la Ley.

    Es necesario no olvidar que los grupos ultras han aprovechado la crisis para intentar seguir atacando a los derechos humanos conseguidos por las mujeres. Hay que recordar que el Tribunal Supremo rechazó cerrar de urgencia las clínicas que practican la IVE ante la solicitud de la Asociación de Abogados Cristianos que entendía que no era un servicio esencial y que su apertura favorecía el contagio del coronavirus.

    Desde FSC-CCOO consideramos que la IVE debería realizarse desde la red pública para conseguir la igualdad de condiciones en las comunidades autónomas, ya que no en todas las provincias hay clínicas y no en todas se practica desde la sanidad pública.

    No podemos tampoco olvidar que existe un acoso continuado ante las clínicas privadas y hacia las mujeres que acuden a ellas por parte de grupos ultras. Está claro que esto debería impedirse en cualquier caso, pero no ocurriría si se realizara en centros públicos.

    CCOO requiere la eliminación de la autorización para las jóvenes de 16 y 17 años que introdujo la reforma del Partido Popular y que se ponga coto a los acosos y ataques por parte de las asociaciones antiabortistas.

    Y más allá de las leyes actuales nos preguntamos qué pasaría si el derecho a objetar que tienen reconocidos en el servicio de salud pública, se extendiera en el servicio público y toda aquella persona que trabaja en este sector pudiera objetar según su religión o ideología. Si en nuestro país ninguna confesión tiene carácter estatal no debe interferir en las y los servidores públicos, la mujer no alcanza la misma igualdad y calidad asistencial como consecuencia de esto.