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Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO | 24 marzo 2023.
CCOO rechaza el acuerdo de teletrabajo en la Administración del Estado porque elimina derechos del personal público
El sindicato recuerda que no ha firmado la resolución, ya que supone perpetuar el teletrabajo sin regulación y con pérdidas salariales, y no garantiza la seguridad en los centros de trabajo ni la negociación colectiva.
Teletrabajo, estudios, formación y empleo
CCOO anuncia que no ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para el desarrollo de las medidas organizativas durante la nueva normalidad en la Administración General del Estado. Señala a la falta de regulación del teletrabajo como uno de los mayores déficit del documento propuesto por el Gobierno para su firma en el día de hoy.
“El personal público se ha adaptado al teletrabajo en un tiempo récord, y se ha admitido esta necesidad por la urgencia surgida a causa de las medidas para contener la propagación de la Covid-19”, expone José Manuel Vera, secretario general de FSC-CCOO en la Administración General del Estado. “Pero desde el primer momento, CCOO dejó claro al Gobierno que este elemento era temporal y excepcional, y alcanzamos el acuerdo de crear un grupo de trabajo para su regulación, que no se ha puesto en marcha seis semanas después”.
El sindicato entiende que esta resolución tendría que recoger una primera aproximación, “temporal, transitoria y sin perjuicio de su negociación posterior”, a las características del teletrabajo en la Administración del Estado. “No se puede aprovechar esta circunstancia para suprimir derechos a las personas trabajadoras”, insiste Vera.
CCOO destaca la falta de regulación del cómputo de jornada y el establecimiento de los necesarios descansos y desconexión de las empleadas públicas y los empleados públicos. “El teletrabajo no puede suponer la disponibilidad del personal en cualquier horario todos los días de la semana, como viene sucediendo en bastantes organismos”.
Como segundo aspecto lesivo, recuerda que en la mayor parte de los casos los medios de trabajo no los está proporcionando la Administración, sino que los adquiere y abona cada trabajador o trabajadora, sin compensación económica. “Esto supone, en definitiva, un recorte salarial”, denuncia Vera, quien recuerda, además, el riesgo que supone para la ciudadanía que no se pueda garantizar la necesaria seguridad informática.
El sindicato rechaza la unilateralidad en la decisión de qué puestos pueden ser objeto de teletrabajo. “Un avance importante, propuesto por CCOO, ha sido que los colectivos vulnerables y las personas con menores, mayores, dependientes y con discapacidad sean prioritarios en la prestación de servicio en modalidad no presencial”, recuerda Vera. En estos casos, puede compaginarse con trabajo presencial hasta un 20 % de la jornada, “en la práctica, podrían realizar el 100 % de manera telemática”.
Incide en la ausencia de medidas para garantizar la adecuada prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo. “El Gobierno se conforma con decir que se eliminan los riesgos asociados al transporte hasta el centro de trabajo, pero entendemos que no es suficiente. Deben establecerse criterios que permitan evaluar y garantizar la seguridad y la salud de las empleadas públicas y los empleados públicos”.
Finalmente, CCOO recuerda que hay otros elementos que no han hecho posible el acuerdo. “No se pueden limitar los derechos del personal sin fecha de caducidad, entendemos que era posible establecer un plazo de vigencia e ir adaptando esta resolución a las necesidades de cada momento, según cambien las situaciones sanitarias y epidemiológicas”.
Por otro lado, señalan la ausencia de vigilancia en las oficinas con atención al público como un factor imprescindible, “y así lo reconoce el Gobierno, que pide que sean las policías municipales quienes ocasionalmente patrullen alrededor de las mismas. Para CCOO es necesaria una seguridad estática, como la que existe en los propios ministerios y en algunos organismos públicos, ya que supondría creación de empleo en un momento crítico en lo laboral”. Como último aspecto, recuerdan que la negociación colectiva y la defensa de los derechos del personal público son un derecho establecido normativamente, “que se viene limitando durante la vigencia del estado de alarma, y que sigue restringiéndose con esta resolución”.
