CCOO alcanza un acuerdo para la protección de la salud del personal público de la Administración General del Estado

    La reincorporación al trabajo presencial será gradual y progresiva, priorizando la protección de los grupos vulnerables, la conciliación y la modalidad no presencial. La atención al público en las oficinas se iniciará a partir de la fase II, siempre con cita previa y con aforo limitado.

    04/05/2020.
    Una oficina de la Agencia Tributaria

    Una oficina de la Agencia Tributaria

    CCOO ha firmado hoy un acuerdo con la ministra de Política Territorial y Función Pública para implementar un plan que permita la reincorporación progresiva a sus puestos de trabajo de las empleadas públicas y los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE). El acuerdo persigue avanzar por las distintas fases de desescalada determinadas por el Gobierno, de manera gradual y segura para la plantilla y la ciudadanía.

    José Manuel Vera, secretario general de FSC-CCOO en el ámbito, ha destacado que “al incluir buena parte de nuestras propuestas, el texto mejora sensiblemente las medidas de prevención de riesgos laborales y protección de la salud”. Sin embargo, entiende que el trabajo sindical no concluye con esta firma y recuerda que “será necesario convocar con carácter previo las mesas delegadas para concretar y resolver algunas cuestiones que han quedado pendientes para adaptar la resolución a los ámbitos específicos”.

    La negociación de este acuerdo parte de la necesidad que CCOO trasladó al Ministerio de Política Territorial y Función Pública al entender que, de manera previa a la puesta en marcha del Plan para la transición hacia una nueva normalidad definido por el Gobierno, resulta imprescindible concretar una serie de medidas sobre los aspectos organizativos. De esta manera, se establece un marco homogéneo que garantiza la protección de la seguridad y la salud del personal público, la progresividad y el carácter gradual de la reincorporación al trabajo presencial, al tiempo que permite la necesaria adaptación a través de la negociación concreta en cada ámbito.

    Cabe destacar que este proceso se ha iniciado con la incorporación presencial de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en la fase 0, de cara a elaborar los informes y evaluaciones determinados en la Instrucción de medidas de prevención dictada el 22 de abril. En este sentido, y de manera previa al regreso del personal a sus puestos presenciales, los centros de trabajo deberán implementar los protocolos, códigos de buenas prácticas y procedimientos de seguridad y salud pública dictados por el Ministerio de Sanidad.

    A continuación, se procedería a la incorporación de aquellos sectores de actividad que resulten imprescindibles, en la fase I, quedando la apertura de centros al público en la fase II. Se establecen una serie de cautelas en cuanto a reuniones, viajes, actividades formativas y pruebas selectivas.

    Protección de la salud, prioridad del trabajo no presencial y flexibilidad de jornada laboral

    La resolución se fundamenta en la garantía del derecho a la seguridad y la salud de las empleadas y los empleados públicos. En este sentido, no podrán incorporarse al trabajo colectivos de riesgo, personas que tengan o hayan tenido sintomatología, y quienes hayan estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta enfermedad. Asimismo, los grupos vulnerables para la COVID-19 no se incorporarán en las fases 0 y I, y posteriormente será precisa una evaluación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

    Por otro lado, destaca la priorización del trabajo en modalidades no presenciales, especialmente para estos grupos vulnerables y para quienes tengan a su cargo menores o mayores dependientes, y se vean afectados por el cierre de centros educativos o de mayores.

    En este sentido, como exigió CCOO, el acuerdo recoge la creación de un grupo de trabajo específico para regular el teletrabajo en la AGE. El sindicato entiende que nos encontramos en una situación excepcional, en la que el trabajo no presencial ha pasado de ser una opción a una necesidad, máxime cuando los datos indican que 2 de cada 3 efectivos públicos lo están realizando. En un contexto como éste, se vuelve necesario sentar unas bases mínimas que permitan al personal seguir desarrollando sus funciones de cara a poder cumplir sus objetivos y tareas sin perjudicar su bienestar físico, cognitivo y emocional, sin ver mermadas sus retribuciones y garantizando la imprescindible comunicación con la representación sindical.

    Finalmente, en los servicios de atención al público, previstos en la fase II, se priorizará la atención telefónica y telemática. Para el caso de atención presencial será precisa la cita previa, se limitará el aforo de las oficinas y se adoptarán las medidas necesarias para minimizar los posibles riesgos para la salud.

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