El Gobierno pone en riesgo la salud del personal público de la Administración General del Estado

    El documento planteado por Función Pública para la vuelta a la actividad presencial no garantiza la seguridad y la salud del personal y pone en riesgo la continuidad en la prestación del servicio público.

    22/04/2020.
    Una oficina de la Agencia Tributaria

    Una oficina de la Agencia Tributaria

    Este miércoles el Gobierno ha sacado adelante un plan de ‘Medidas y líneas de actuación en materia de prevención de riesgos laborales frente al COVID-19 de cara a la reincorporación presencial del personal’, sin alcanzar un consenso con las organizaciones sindicales más representativas. El documento parte de una propuesta impulsada por CCOO en el ámbito del grupo de trabajo de seguimiento de la incidencia del COVID-19 en la Administración General del Estado, aunque el sindicato ha visto cómo se recortaban elementos que considera requisitos indispensables para garantizar suficientemente la salud de los empleados públicos y las empleadas públicas.

    Entre los aspectos excluidos llama la atención que no se recoja expresamente la adecuación al marco técnico y de buenas prácticas desarrollado por el Ministerio de Sanidad, como máxima autoridad en la materia, o la ausencia de una mención expresa a la prevención en el teletrabajo, cuando más del 60 % de la plantilla se encuentra prestando servicio en esta modalidad no presencial.

    “Admitimos que en una negociación todas las partes tenemos que ceder, pero cuando hablamos de la salud y la vida de las personas no caben regateos”, afirma José Manuel Vera, secretario general de FSC-CCOO en la Administración del Estado. “Es inadmisible que la autoridad sanitaria establezca una serie de obligaciones para el conjunto de las empresas, como por ejemplo la limitación del aforo máximo en función del área, y que estas no sean exigibles en los centros de trabajo de la Administración”.

    El sindicato recuerda que el estado de alarma ha llevado a la implantación de sistemas de teletrabajo, en la mayor parte de casos sin dotar de medios técnicos al personal, y sin la necesaria evaluación de los riesgos laborales. “Tiene que quedar claro que son cuestiones que se están admitiendo por lo excepcional de la situación, pero es inaplazable abordar la negociación de las condiciones laborales de esta modalidad, que venimos exigiendo desde el año 2004”.

    CCOO denuncia, además, que se aparta a la representación del personal a la hora de adecuar este marco para la reincorporación en los diferentes organismos de la Administración del Estado. “Es fundamental abordar esta negociación en cada ámbito, ya que las tareas y necesidades son muy específicas, y evidentemente no pueden ser las mismas para Instituciones Penitenciarias, los organismos de investigación o el SEPE, por ejemplo”, concluye Vera.

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