Se necesitan medidas de emergencia para superar el impacto económico y social de la pandemia del COVID-19 en la comunidad de agentes de viajes y operadores turísticos

  • Declaración de los interlocutores sociales de los agentes de viajes y operadores turísticos europeos.

Los interlocutores sociales europeos para los agentes de viajes y operadores turísticos europeos - ECTAA, la Asociación Europea de Agentes de Viajes y Operadores de Viajes, y UNI Europa, el Sindicato Europeo de Trabajadores de Servicios - están totalmente comprometidos en mantener y apoyar las actividades económicas europeas en la medida de lo posible durante esta crisis pandémica sin precedentes.

03/04/2020.
Firmado el convenio, estatal, de Agencias de Viajes

Firmado el convenio, estatal, de Agencias de Viajes

Las decisiones inevitables para contener la pandemia de covid-19 están restringiendo severamente la vida pública y están deteniendo casi por completo los viajes y el turismo. Teniendo en cuenta que se trata de una crisis de dimensión aún imprevista desde el comienzo de la integración europea, los interlocutores sociales para la comunidad de agentes de viajes y operadores turísticos europeos piden a la Comisión Europea que continúe emitiendo una señal contundente a la industria de viajes europea.

Es necesario encontrar una solución rápida a las cancelaciones masivas de viajes como resultado de advertencias negativas a viajar y cierre de fronteras. La actualmente cancelación de viajes está causando una salida exorbitante de liquidez, lo que podría llevar a la insolvencia de miles de compañías de viajes (operadores turísticos y agencias de viajes) en un futuro muy cercano.

Deben realizarse todos los esfuerzos para ayudar a los trabajadores, las empresas, las actividades económicas a sobrevivir a la crisis, para poder volver a sus actividades cuando la crisis termine, para mantener a los trabajadores en sus trabajos mientras tanto, para protegerse del desempleo y la pérdida de ingresos, para aliviar las pérdidas financieras y evitar fenómenos especulativos que conduzcan a una consolidación del mercado perjudicial para las PYME.

El diálogo social en todos los niveles posibles puede proporcionar un buen contexto para encontrar soluciones adecuadas para esta situación excepcional y la experiencia demuestra que contribuye a alcanzar la aceptación de alto nivel necesaria para una implementación exitosa.

Igualmente, pedimos a las autoridades europeas y nacionales que presenten medidas urgentes para evitar efectos adversos de liquidez en las empresas y hogares europeos durante las próximas semanas.

Si bien reconoce las medidas que ya han sido tomadas por las autoridades europeas y nacionales para apoyar la economía, la situación está en constante evolución. Por lo tanto, ECTAA y UNI Europa hacen un llamamiento a las autoridades públicas a nivel nacional y europeo para que estén listas para tomar nuevas medidas y utilizar la flexibilidad necesaria a su disposición para superar las dificultades actuales.

Los interlocutores sociales llaman especialmente a:

  • La Comisión coordinará el presupuesto de la UE con la decisión adoptada por el BCE, el BEI y los bancos nacionales para garantizar el acceso al crédito y el apoyo financiero a las empresas, especialmente a todo tipo de PYME, afectadas por el bloqueo y las medidas de emergencia;
  • La Comisión establecerá el marco legal y financiero adecuado para que los Estados miembros ofrezcan apoyo financiero y de ingresos a los trabajadores y autónomos afectados por el desempleo o la suspensión del trabajo;
  • La Comisión y los Estados miembros establecerán un fondo de emergencia para la cadena de suministro de viajes que permita la disponibilidad de suficiente liquidez, para ayudar a las empresas a cubrir la pérdida de ingresos y para cumplir con sus obligaciones frente a los empleados, clientes y proveedores;
  • La Comisión y los Estados miembros garantizarán que el apoyo financiero llegue a las empresas, especialmente a todos los tipos de PYME y a todos los trabajadores, incluidos los autónomos;
  • Los Estados miembros involucrarán a los interlocutores sociales nacionales en el diseño y la aplicación de medidas nacionales.

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