Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO | 18 abril 2024.

CCOO se reune con el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios de Colombia

    La sección Estatal de CCOO en IIPP se reunió la semana pasada con un representante del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP) de Colombia, filial de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), con la finalidad de conocer la grave crisis por la que atraviesa el servicio público penitenciario en Colombia y buscar espacios de apoyo y cooperación.

    02/12/2019.
    CCOO se reune con el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios de Colombia

    CCOO se reune con el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios de Colombia

    Colombia tiene 132 establecimientos penitenciarios por todo el país, que dependen del Ministerio de Justicia y que albergan unas 120.000 personas privadas de libertad.

    La falta de personal, medios, la elevada tasa de hacinamiento del 450%, ó la deficiente calidad de las infraestructuras penitenciarias son algunos de los principales problemas que denuncian.

    La degradación de las condiciones de trabajo, la falta de seguridad del personal penitenciario y la inexistencia de políticas de prevención de los riesgos laborales, le ha costado la vida a 12 trabajadores penitenciarios en el último año.

    Como solución a estos problemas, el Gobierno colombiano está impulsando la privatización del servicio público penitenciario, modificando la legislación del país.

    SEUP ha denunciado ante organismos internacionales, como la OIT, la vulneración de derechos laborales que padecen los trabajadores penitenciarios y los efectos perversos que tiene la privatización de este servicio público sobre sus condiciones laborales y económicas y sobre las condiciones de internamiento y garantía de los derechos humanos en prisión.

    Además el sistema judicial colombiano ya se ha pronunciado en tres ocasiones sobre la necesidad de diseñar políticas públicas que mitiguen la violación flagrante de derechos humanos, constitucionales y fundamentales de las personas privadas de la libertad y de los trabajadores penitenciarios, responsabilidad que tiene el Gobierno de Colombia.

    Gracias a la encomiable labor que realizan los funcionarios penitenciarios sacan adelante este servicio público esencial, lo que les ha llevado a que la Escuela Penitenciaria Nacional les haya concedido “El premio Iberoamericano de Derechos Humanos” demostrando la calidad de nuestros funcionarios y el componente resocializador que permitirá el cumplimiento efectivo del fin de la pena.

    En España, y a partir del año 2013 el Partido Popular impulsó el cambio en el modelo de seguridad pública, para sustituirlo por un modelo de corte neoliberal, que haga tambalear los pilares del Estado Social y Democrático de derecho. Para conseguirlo modificó la ley de Seguridad Ciudadana o “ley mordaza”, el Código Penal y la Ley de Vigilancia Privada. Desde el actual gobierno del PSOE defienden el mismo modelo privatizador, que permita hacer negocio con las condenas y el dinero público, engordando los beneficios del sector empresarial privado.

    Las prisiones representan un negocio muy rentable para el lobby de la seguridad privada, desde la construcción de las cárceles, su mantenimiento, la seguridad exterior, el tratamiento penitenciario ó el control de las medidas alternativas a la prisión.

    Por último, el pasado 21 de noviembre diferentes sindicatos nacionales (entre ellos los de prisiones como SEUP), participaron en el gran Paro Nacional que se convocó en Colombia, en protesta por las políticas neoliberales del gobierno colombiano y por el asesinato de 450 líderes sociales en los últimos años.