El pasado 22 de noviembre, basándose en el Informe de Perspectivas Económicas de Otoño del 2017, en las prioridades enunciadas por Juncker sobre el Estado de la Unión y en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, la Comisión Europea ha presentado el Paquete de otoño del Semestre Europeo , a través del cual se fijan las prioridades económicas y sociales de la UE para el año 2018, se formulan recomendaciones estratégicas al Consejo Europeo para la zona del euro y se completa la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios de los Estados Miembros.

Los mecanismos de evaluación utilizados y que afectan directamente a los estados miembros son el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y el Informe sobre el Mecanismo de Alerta que señala qué países deben ser objeto de examen exhaustivo ante el riesgo de incumplimiento del déficit en el marco del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza Económica de la Unión. La novedad de este año es la incorporación del Proyecto de Informe Conjunto sobre el Empleo que a partir de ahora tendrá en cuenta las reformas de las políticas nacionales en relación con los objetivos establecidos por el Pilar de Derechos Sociales y cuyo análisis realizaremos posteriormente.

En términos generales, el pronóstico económico estima que el crecimiento del PIB real en la UE y la zona del euro será del 2,3% y del 2,2% en 2017, respectivamente, con un crecimiento positivo en todos los países de la UE, en un contexto de aumento del comercio mundial y fortalecimiento de la demanda interna. Para 2018, el pronóstico de otoño prevé que la expansión del PIB se mantendrá en el 2,1% tanto en la UE como en la zona del euro, antes de descender al 1,9% en 2019 a medida que madure la recuperación. La inflación en 2017 repuntó desde niveles históricamente bajos, pero, con un 1,6% en 2019, se prevé que permanezca por debajo del objetivo del BCE durante el periodo del pronóstico; la inflación subyacente se mantuvo persistentemente más apagada, habiendo estado por debajo del 1% en los últimos tres años. El mercado laboral sigue mejorando, con tasas de desempleo en descenso y aumento de las tasas de empleo, aunque el crecimiento de los salarios sigue siendo moderado incluso en países con mercados laborales reducidos, lo que afianza el entorno de baja inflación y existen grandes diferencias entre los Estados miembros y dentro de ellos.

La Comisión en el área de política económica

La recomendación al Consejo en el área de política económica y de la zona euro recomienda a los Estados miembros que promuevan políticas que apoyen el crecimiento sostenible e inclusivo y que mejoren la resiliencia, el reequilibrio y la convergencia económica. En este sentido se apuesta por completar el Mercado Único, especialmente en los servicios que incluyan los aspectos financieros, el comercio electrónico así como la energía y el transporte. De igual modo, se pide a los Estados Miembros que prioricen aquellas reformas que incrementen la productividad y el potencial de crecimiento mejorando el entorno institucional y empresarial, eliminen las trabas a la inversión y apoyen la creación de empleos de cualidad para reducir la desigualdad. Sin embargo, por otro lado, una de las cuestiones que plantean es que aquellos países que tengan déficits de cuenta corriente o elevada deuda eterna deberían contener el crecimiento salarial en os costes laborales unitarios. Por el contrario, aquellos países con superávit en las cuentas deben promocionar el crecimiento salarial e implementar medidas que apoyen la demanda doméstica y la inversión.

En el apartado de política fiscal se vuelve a pedir el balance apropiado que asegure la sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo en particular los ratios de deuda, apoyando la recuperación económica e implementando medidas que reduzcan la deuda por vía de los impuestos. En ese sentido, los Estados deben realizar una planificación fiscal que asegure un reparto justo de los mismos y realicen planes de impuestos que aseguren un reparto justo de los mismos para lo que se insta a continuar trabajando en la CCTB.

Se plantea la necesidad de completar la unión económica y monetaria vía la implementación de un esquema de seguro de depósito europeo, fortaleciendo el marco de supervisión europeo para evitar la acumulación de riesgos. Planean también la integración y el desarrollo de los mercados de capitales de la UE para apoyar el crecimiento de la economía real y salvaguardar la estabilidad del mercado financiero.

En ese sentido, abogan por contratos de trabajo flexibles combinados con un apoyo adecuado durante la transición que impida la segmentación del mercado de trabajo, unos sistemas de educación eficientes y educación a lo largo de toda la vida, políticas activas del mercado de trabajo que dirijan la participación del mercado de trabajo, sistemas de protección social adecuados y sostenibles que respondan a nuevos tipos de empleo y de relaciones laborales, el impulso de movilidad laboral entre sectores, tipos de empleo y lugares, el impulso del diálogo social y el convenio colectivo a un “nivel apropiado”, el eliminar impuestos en el trabajo en particular a quienes tienen bajos ingresos o un segundo empleo.

Algunas de las fórmulas que plantean son la “activación” de las personas sin trabajo para que participen en el mercado laboral desarrollando para ello un currículum individualizado de búsqueda de empleo, apoyo y recualificación mientras que se protege a aquellas personas que no pueden participar en el mismo. En cuanto a los sistemas de protección social plantean la reforma de las pensiones así como políticas de conciliación de la vida familiar y laboral así como el hecho de eliminar restricciones al empleo innecesarias.

De todas estas cuestiones formuladas, merece la pena analizar algunos elementos clave que afectarán al conjunto de la ciudadanía.

En cuanto a las referencias al Mercado Único la Comisión insiste en que hay mucho potencial “no explotado” y por lo tanto es necesario avanzar en esa línea (fundamentalmente en el sector de servicios, financiero, comercio electrónico, transporte y energía) Por supuesto, siempre según la Comisión, el Mercado Único Digital contribuirá seguramente a completar el marco legal para acelerar la digitalización de las actividades económicas.

Desde FSC-CCOO, hemos venido denunciando la política comercial de la Unión Europea en la que, desde la firma del Tratado de Lisboa, existe una multiplicación de negociaciones de acuerdos comerciales bilaterales que llevan aparejados la liberalización de todos los servicios que se prestan en la Unión Europea. El CETA, aún pendiente de ratificación por parte de todos los Estados Miembros, ya ha comenzado su aplicación provisional y la Unión está dispuesta a desarrollar nuevos acuerdos comerciales, Singapur, Vietnam, México, Mercosur, además de comenzar negociaciones con Australia y Nueva Zelanda.

Por otro lado, la Comisión va a instar al Consejo y al Parlamento a modernizar los instrumentos de defensa comercial de la UE, la modificación de la metodología antidumping así como la modificación relativa a la contratación pública internacional. Si a esto le unimos cuestiones como el 4º paquete ferroviario, con la liberalización del ferrocarril en toda Europa o el paquete de movilidad que exige la liberalización absoluta del transporte de viajeros además de las trabas que la propia Unión Europea está poniendo para la firma de un Acuerdo Vinculante para las transnacionales en toda la cadena de suministro en la ONU, nos encontramos con una Unión que, lejos de ser la que proclaman sus líderes, plantea serios retos al sindicalismo internacional y a la clase trabajadora en particular. FSC-CCOO se opondrá firmemente a los procesos de liberalización, tal y como ha venido realizando hasta ahora y trabajará muy especialmente en el Paquete de Movilidad, por el impacto que tendrá sobre el sector de carretera, pero particularmente sobre el sector de transporte de viajeros y sus trabajadoras y trabajadores.

La sociedad igualitaria y unida proclamada por el propio Juncker está tomando un tinte que sólo provoca desigualdad y un aumento de la brecha/brechas (digital, laboral, salarial) entre distintos países. Los servicios públicos son esenciales para garantizar la vertebración de los Estados y suponen un elemento de equidad y cohesión social fundamental. Desde FSC-CCOO entendemos que los servicios públicos, tampoco con la excusa del futuro del trabajo o de la digitalización, pueden ni deben socavarse sino que son las propias administraciones públicas las que, con recursos financieros suficientes, las que deben ser motor de ese cambio. Durante los últimos años, hemos asistido al adelgazamiento del sector público con la excusa del déficit cuando el verdadero problema de nuestro Estado se traduce en la insuficiencia de ingresos fiscales.

Por lo que respecta al mercado laboral, atendiendo exclusivamente a las propuestas planteadas por la Comisión Europea parecería como si el Pilar Europeo de Derechos Sociales fuera a resolverse con la mal llamada “flexiseguridad”, ya que los planteamientos de la Comisión son en realidad los mismos que llevan defendiendo desde el año 2006, cuando se publicó el Libro verde para Modernizar el Derecho Laboral para afrontar los retos del siglo XXI y cuyas reformas ya han sido acometidas en la mayoría de los países de la Unión con la imposición de reformas laborales que han supuesto pérdida de derechos sindicales y laborales y en nuestro caso con la reforma laboral del 2012. Además, este tipo de reformas son contraproducentes en el Estado español, en la que casi la mitad de las personas desempleadas carecen de protección, con un desempleo de larga duración situado en el 9.5% y un desempleo juvenil del 30% y donde los salarios son bajos y el trabajo precario mientras que el PIB y los beneficios empresariales ya han recuperado sus niveles previos a la crisis. Además, según los datos de agosto, el 92,5% de los contratos firmados eran temporales y un 35% a tiempo parcial, contratos que además son utilizados por las empresas con aquellos trabajadores que cuentan con menos cualificación.

Dictámenes sobre los proyectos presupuestarios de la zona euro

La Comisión ha finalizado su evaluación con vistas a determinar si los proyectos de planes presupuestarios de 2018 de los Estados miembro de la zona euro cumplen las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En ese sentido ha adoptado dieciocho dictámenes para todos los EM de la zona euro salvo para Grecia. Así considera que Alemania, Finlandia, Lituania, Letonia, Luxemburgo y los Países Bajos cumplen las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para 2018. Se considera que Chipre, Eslovaquia, Estonia, Irlanda y Malta cumplen en líneas generales las exigencias del Pacto para 2018 si bien los planes de alguno de estos países podrían dar lugar a cierta desviación del objetivo presupuestario a medio plazo o la senda de ajuste hacia dicho objetivo. Por otro lado, Austria, Bélgica, Eslovenia, Italia y Portugal presentan un riesgo de incumplimiento de las exigencias para 2018 y, en el caso particular de Bélgica e Italia, pronostica un incumplimiento de valor de referencia en la reducción de la deuda.

En el caso italiano, esto puede suponer un varapalo al proceso de negociación abierto entre los sindicatos y las administraciones públicas tras diez años sin ningún tipo de diálogo.

Conclusiones de la Comisión sobre España dentro del Informe de Mecanismos de Alerta

La Comisión planteó en febrero de 2017 que se existían desequilibrios macroeconómicos en España, en particular relacionados a los elevados niveles de deuda pública, privada y externa en un contexto de elevado desempleo. En noviembre, la lectura económica sigue resaltando los problemas relacionados con la sostenibilidad externa, la deuda pública y privada, y el ajuste laboral, en el contexto del débil crecimiento de la productividad. Por este motivo, la Comisión seguirá examinando a fondo la existencia de los posibles desequilibrios macroeconómicos y por ese motivo España se encuentra sujeta a examen exhaustivo.

En el cuadro de indicadores actualizado, varios indicadores están por encima del umbral indicativo, a saber, la posición de inversión internacional neta, así como los índices de deuda privada y deuda pública, y la tasa de desempleo. Por lo que respecta a la posición de inversión internacional neta se ha mejorado, pero sigue siendo muy alta y llevará algún y tomará tiempo antes de que llegue a niveles prudentes.

Se espera que la cuenta corriente permanezca en un superávit moderado a pesar de la fortaleza de la demanda final, en parte debido a las mejoras estructurales en el rendimiento de las exportaciones. el crecimiento del coste laboral unitario ha sido moderado, pero el bajo crecimiento de la productividad hace que las ganancias de competitividad dependan de las ventajas de costes. Aún quedan necesidades de desapalancamiento, pero la deuda del sector privado ha seguido disminuyendo a lo largo de 2016, especialmente para las corporaciones. El ritmo de la reducción de la deuda se ha desacelerado a medida que el nuevo crédito ha comenzado a fluir nuevamente, lo que respalda un fuerte repunte de la inversión. La tasa de deuda pública es alta y solo disminuye lentamente, impulsada principalmente por un fuerte crecimiento. El desempleo se ha reducido rápidamente, pero sigue siendo muy elevado, especialmente entre los jóvenes y los desempleados de larga duración. La creación de empleo se caracteriza por una alta proporción de contratos temporales.

El gobierno estima llegar a un déficit de 2.3% para 2018 y prevé cumplir con el objetivo fiscal de 3.1% para 2017 con un riesgo muy bajo. Sin embargo, plantean que tomarán las medidas necesarias para llegar a un objetivo del déficit público del 2.2%. En una carta enviada al vicepresidente de la Comisión Europea el 30 de octubre del 2018, plantean que acometerán medidas de política económica que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria tal y como se decidió en el Consejo Europeo el 8 de agosto de 2017. En dicha Decisión, el Consejo insta a adoptar medidas por un importe equivalente al 0,5% del PIB. Entre las medidas que se le piden a España se encuentra la reducción del número y alcance de gastos fiscales, en particular los tipos reducidos de IVA pero además, el “estricto cumplimiento a todos los niveles de la Administración de los mecanismos preventivos y correctores previstos en la Ley de Estabilidad española” lo que podría conseguirse “mediante una mayor automaticidad en su ampliación”. Por último, se advierte al gobierno de la necesidad de prestar atención a su política de contratación pública ante la que ha existido opacidad a la hora de publicita los contratos o la utilización del procedimiento negociado en comparación con otros Estados miembros.

En este último sentido, la Comisión Europea ha admitido de buenas formas las modificaciones realizadas en materia de contratación pública y cuyos cambios, gracias al trabajo de FSC-CCOO, suponen un claro fortalecimiento de los criterios sociales y ambientales en la contratación pública; la pluralidad de criterios en la adjudicación de las ofertas, dejando de constituir el precio por sí solo el elemento principal; la resolución de los contratos por impago de salarios, incumplimiento de convenios o normativa laboral; el aumento de sanciones a empresas defraudadoras; la posibilidad de consultar a las organizaciones sociales en determinadas situaciones; un enfoque de género; la obligación de calcular en el precio el coste de los salarios contenidos en los convenios; la inadmisión de ofertas que vulneren la normativa laboral; los derechos de subrogación, el pago directo por la Administración de los salarios del personal subcontratado en caso de impago del contratista o la legitimación de las organizaciones sindicales para interponer recurso especial.

Con respecto a la situación real del empleo con datos actualizados de noviembre, los datos no engañan. La temporalidad es de un 27% con una tendencia al alza, una rotación laboral fomentada por la reforma laboral que elevó el ratio de contrato de 1,5 contratos indefinidos para crear un empleo permanente. Además, el empleo a tiempo parcial no sólo ha subido (16,4 % según la EPA) sino que está caracterizado por la precariedad, un tipo de modalidad contractual involuntario en la mayoría de las ocasiones (un 62% en 2016 frente al 30% de la Eurozona).

La Comisión Europea, por otro lado, sigue pidiendo esfuerzos de contención salarial en aquellos países que aún tengan unos niveles elevados de deuda. En el caso de España, la propia devaluación salarial ha venido siendo la norma desde la reforma laboral del 2012 y la aplicación de su artículo 41.

Por otro lado, si en el apartado relativo al Pilar de derechos sociales, aboga la Comisión por “recomendar” a los Estados miembros que promuevan el diálogo social, en el caso de nuestro Estado la fórmula pasa por la derogación de la reforma laboral que permita el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos.

En el ámbito de lo público, entendemos por tanto que esa misma fórmula debe ser aplicada a todos los niveles de la administración. El elemento, del diálogo social y de la petición expresa del mismo a los Estados Miembros, debe servir a FSC-CCOO para reafirmarse en la necesidad de exigir al gobierno que las y los empleados públicos han de recuperar su poder de negociación en todos los niveles de la administración así como el poder adquisitivo perdido durante la crisis. La prórroga en la presentación de los PGE del 2018 ni lo presentado por el gobierno no puede servir como excusa.