Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO | 26 abril 2024.

Los bomberos defienden los derechos de las personas y el interés general de la ciudadanía

    Las decisiones políticas, los intereses de los grandes capitales y de los propios Estados colocan a las empleadas y empleados públicos en importantes contradicciones, entre atender y prestar unos servicios púbicos cuya finalidad es servir con objetividad, transparencia y eficacia a los intereses generales. Estas decisiones no parecen respetar principios básicos como la Declaración Universal de Derechos Humanos que España ha ratificado, principios sobre libertades y derechos esenciales a las personas, ampliamente regulados y protegidos además por la normativa europea.

    11/04/2017.
    Bomberos

    Bomberos

    Lo vimos con la utilización de los servicios de bomberos para desahuciar a personas de sus casas embargadas por los mismos bancos, que tras sumirnos en la actual crisis financiera hemos tenido que rescatar con nuestros impuestos a cambio de nada.

    Esta contradicción ha sido la que se ha planteado nuestro compañero bombero de Bilbao, que se negó a realizar el retén desplegado por la presencia de armas en el Puerto de Bilbao con destino a Arabia Saudí. No quería ser cómplice de pertenecer a un retén que custodiaba un cargamento de armamento, destinado a acabar con las vidas de personas civiles, personas inocentes y ajenas a estas decisiones políticas, a los intereses de los grandes capitales o de los propios Estados, que luchan cada vez más por el control de las fuentes energéticas e intereses del capital, que por el interés general de las personas.

    Desde FSC–CCOO estamos en contra de este tipo de decisiones que priman los intereses del capital salvaje y de los estados descontrolados sobre las personas, ya sea utilizando armamento, haciendo boicot o cualquier otra medida que ponga en peligro los derechos humanos de personas civiles totalmente ajenas a estos intereses.

    La primacía de estos intereses sobre el bien común deberían tenerse en cuenta a la hora de tomar y proponer sanciones a los empleados y empleadas púbicas que ocupan puestos destinados a satisfacer el interés general de las trabajadoras y trabajadores.

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