Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO | 2 mayo 2024.

Acabar con la violencia institucional contra las mujeres

    En el Congreso de los Diputados se ha llegado a una acuerdo para crear una Subcomisión que redactará un Gran Pacto contra la Violencia de Género (Violencia Machista) antes del mes de mayo de 2017. Hay que tener en cuenta que la primera vez que se hizo la propuesta del gran Pacto fue en 2013. Sólo han pasado 4 años para que los políticos se pongan de acuerdo y entiendan que la violencia machista es cuestión de Estado.

    18/11/2016. Rosa Rodíguez Martín
    25N contra las violencias machistas

    25N contra las violencias machistas

    El texto que ha conseguido el consenso incluye dotación suficiente para las actuaciones de las administraciones implicadas sin que se nos olvide el desmantelamiento de las políticas de igualdad del Partido Popular que ha llevado esta "partida presupuestaria" a unas cifras un 26% menor que en 2010. Incluye también la modificación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La actual redacción de la ley sólo contempla la violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad. Se trata de que proteja a la mujer contra todos los tipos de violencia, a las que sufren agresiones sexuales, violaciones, acoso, de incluir también las víctimas de la trata con fines de explotación sexual, la mutilación genital o el matrimonio forzado.

    Hay en este primer acuerdo otra decena de propuestas de medidas como acometer un plan de formación específica en igualdad y prevención de violencia, también recoge la necesidad de reparar los daños a los huérfanos y protegerlos, que haya en los Juzgados personal especializados para el acompañamiento a la víctima que evite que la denuncia esté mal presentada y suponga su archivo sólo por cuestión de forma. Contempla la necesidad de reforzar las Unidades de Coordinación y algo tan necesario como la intervención con las mujeres que retiran la denuncia. El acuerdo debe ser integral y ambicioso y contemplar que la actuación contra la violencia directa debe ir más allá de la defensa, protección y recuperación, que siendo irrenunciable es insufiente si no previene.

    Les decimos a las mujeres que denuncien, que sean valientes, que salgan de la humillación y el pánico y recuperen la autoestima, que le planten cara al terror sin que tengamos en cuenta que en muchos de los casos las lanzamos a una situación peor, ya sea por falta de sensibilidad o formación de quien las atiende, por falta de recursos de las administraciones que las deben proteger, por pertenecer a una sociedad machista que piensa que ese problema no es de todos sino sólo de ellas, por ser víctimas también de sentencias dictadas por la misoginia de algunos profesionales de la magistratura y en el peor de los casos pueden acabar asesinadas por falta de protección.

    La sociedad en su conjunto y los poderes públicos tienen decisiones que tomar y actuaciones que llevar a cabo contra las violencias ejercidas contra las mujeres. Pero nos encontramos que la violencia institucional se presenta como el principal muro a derribar porque es el primer paso para luchar contra todo lo demás. La pobreza estructural de las familias monoparentales, de las que el 80% están encabezadas por mujeres ¿Es violencia institucional? Las mujeres trabajan más 50 días gratis al año por causa de la brecha salarial, las mujeres que cobran menos de 1000€ duplican a los hombres y el 70% de los contratos a tiempo parcial están ocupados por mujeres. ¿Y esto que supone? Pues peor calidad de vida y de condiciones laborales, peores cotizaciones y peor jubilación. Si nada se hace para evitar esta situación ¿Es esto violencia? Si el Gobierno de la nación no ha ratificado el convenio 189 de la OIT para dar protección social al trabajo doméstico, feminizado en casi su totalidad ¿Atenta el Gobierno contra la igualdad? ¿Acaso no es un ataque a la mujer desde las Instituciones cuando un magistrado dice en sede judicial "las rumanas todas putas" o compara la Ley contra la Violencia de Género con Guantánamo? Si un Ministro compara el aborto con el terrorismo ¿Es Violencia desde el Gobierno?

    La ONU denuncia la mala situación en la que nos encontramos las mujeres en España, y señala que no es sólo como consecuencia de la crisis económica, sino que es consecuencia de las políticas de austeridad aplicadas por el Gobierno y critica la reducción en el presupuesto de servicios sociales en muchas comunidades autónomas. Recortes que han debilitado o han hecho desaparecer servicios públicos de atención a las mujeres”. Tal como recoge el manifiesto de FSC-CCOO del 25 de noviembre para este año.

    Mientras la Ministra Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha declarado que la violencia no entiende de ideología. En términos absolutos es así pero las políticas para erradicarlas sí y la violencia institucional que ejerce la derecha todos los días protegiendo y desarrollando los intereses del capital afecta de una forma violenta y cruel a las mujeres. Aprobar leyes que en su aplicación generan y amplían la desigualdad es violencia. No tomar medidas contra las actitudes y acciones machistas que se practican desde las Instituciones también es violencia.

    El compromiso de CCOO por la transformación de la sociedad lleva implícito actuar para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Nuestras prioridades son combatir todas las barreras que impiden una sociedad igualitaria y disputar a los poderes públicos y los mercados las políticas que generan brecha y desigualdad. Las prioridades de CCOO son combatir las barreras en el acceso al empleo, la precariedad laboral y la brecha salarial y combatir las violencias contra las mujeres en cualquier ámbito, incluyendo el laboral y el institucional. CCOO ha sido determinante en el avance en igualdad de género de las últimas décadas y vamos a seguir siéndolo, en lo que nos corresponde. CCOO mantiene sus compromisos con las mujeres y el movimiento feminista.

    La violencia de género es un asunto tan grave que sólo puede ser abordado con un acuerdo político, económico y social con el mayor consenso y alcance posibles. Un acuerdo sin fisuras que recoja las medidas para la prevención en todos los aspectos y dimensiones, que combata desde el origen y de una manera integral pero con un apoyo económico, legal e institucional con mayor alcance que el actual. No podemos perder esta oportunidad de cambiar la realidad y el Gran Pacto de Estado puede ser el principio de una nueva etapa.