Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO | 25 abril 2024.

CCOO se opone a la privatización de las subastas judiciales y otras actuaciones relativas a la ejecución de las sentencias

    Reclamamos la creación de unidades especializadas de subastas en todos los territorios, con dotación de personal funcionario de la Administración de Justicia, lo que abarataría costes y daría mejores resultados.

    16/02/2023.
    Justicia

    Justicia

    CCOO se opone contundentemente a la privatización de las subastas judiciales y otras actuaciones relativas a la ejecución de sentencias. El informe de la Ponencia de la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia incluye una enmienda transaccional que otorga más competencias a las y los procuradores, que hasta ahora tenían un papel limitado a algunos actos de comunicación a las partes del proceso. Entre esas atribuciones figuran algunas relativas a la ejecución de sentencias y, como parte de ellas, a las subastas judiciales.

    En la tramitación de esta ley orgánica, inicialmente prevista para la creación de los Tribunales de Instancia y de las Oficinas del Justicia del municipio, los grupos parlamentarios Vasco, Plural, Popular, Ciudadanos y Vox presentaron enmiendas que se han materializado en ese informe en una redacción que, de aprobarse, supondría una nueva “vuelta de tuerca” en dirección a la privatización de servicios públicos a favor de un colectivo, las y los procuradores. Concretamente, ese informe dice que podrán "también realizar las actuaciones materiales propias del proceso de ejecución”, hasta ahora reservadas al personal funcionario de los juzgados y tribunales.

    Dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, en muchos casos se incluye la subasta judicial en la que se materializa, en muchos casos, el cobro de las deudas por parte del o la demandante, por lo que es fundamental que se desarrolle con las máximas garantías y que se respeten los principios de publicidad, seguridad y confidencialidad.

    Las subastas judiciales se están celebrando a través del portal de internet gestionado por el ente público Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, bajo la supervisión y control por el letrado o letrada de la Administración de Justicia. Paradójicamente, en los últimos años se está notando un incremento de peticiones de ejecutantes para evitar la subasta judicial derivándola a portales de empresas con las que llegan a acuerdos previos, lo que les sitúa en una situación privilegiada frente al resto de participantes.

    Con la reforma que se pretende quedaría en manos de los procuradores y las procuradoras instar la subasta extrajudicial, como está ocurriendo en muchos territorios, con un elevado coste que tendrá que sufragar la parte condenada en costas y que, además, plantea serios problemas de transparencia, puede causar perjuicios a otras partes implicadas en el proceso (porque pone a la parte ejecutante en clara posición ventajosa), y resultaría extremadamente dificultoso el control por el Letrado o Letrada de la Administración de Justicia que finalmente tiene que aprobar el remate de dicha subasta.

    Consideramos que claramente negativa para la Administración de Justicia, para el empleo público y para la ciudadanía en general esta nueva redacción, porque no olvidemos que la externalización de este servicio (que ahora se presta en los juzgados) daría pie al oscurantismo, la falta de transparencia y el incremento de costes. Además, supondría una indeseada vuelta al antiguo sistema de subastas sin garantías y controladas en su propio beneficio por personas ajenas al interés público.

    CCOO, por el contrario, reclama la creación de unidades especializadas de subastas en todos los territorios, con dotación de personal funcionario de la Administración de Justicia, lo que abarataría costes y daría mejores resultados para las partes implicadas, aprovechándose así el buen funcionamiento ya demostrado del Portal de Subastas del BOE.

    Hace algunos años, el Ministerio de Justicia puso en marcha una Unidad de Subastas Judiciales con competencia en toda la Región de Murcia. Esta oficina, dotada con personal funcionario e incluida dentro de la Oficina Judicial, está dando muy buenos resultados: ha podido gestionar (a fecha de diciembre de 2022) un total de 27.623 subastas acordadas por los juzgados de esta comunidad, lo que supone una media de cerca de 4.000 anuales, gestionadas a través del Portal de Subastas del BOE.

    Desgraciadamente, salvo en una experiencia similar en Valencia, este éxito no se ha visto reflejado de igual forma en muchos juzgados del resto de España, en cuyos ámbitos territoriales no han sido creadas esas unidades especializadas que, con un protocolo de actuación adecuado, permitirían liberar de ese cometido a juzgados especialmente sobrecargados de trabajo.

      •