Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO | 25 abril 2024.

PERSPECTIVA Nº24

Pobreza invisible y derecho a la vivienda: una visión sindical

    Era habitual en el discurso neoliberal defender la desigualdad como motor económico, esa “economía de goteo” en el que se esperaba que cayeran migajas desde el plato repleto de los más pudientes. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha llegado a negar la existencia misma de esa desigualdad. “¿Dónde están los pobres?” se preguntaba Enrique Ossorio, portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, mientras negaba validez al último informe de Cáritas que alerta de que en dicha región hay 1,5 millones de personas en riesgo de exclusión social.

    27/06/2022. Victor Reloba, periodista, y poeta
    viviendas

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    ¿Cómo es posible, tras dos crisis demoledoras para las familias trabajadoras, seguir negando la pobreza y la desigualdad? Según la doctora en sociología Leire Salazar, hay varios motivos principales por los que existe este “negacionismo”[1], entre los que destaco una: la homofilia.

    La homofilia es la tendencia a relacionarnos con personas de edad, nivel formativo, ideología, renta y origen social similar al nuestro. Hay obstáculos estructurales que dificultan la “mezcla”, como la segregación escolar, la segregación residencial, la huida de las clases medias hacia los seguros y servicios privados o las llamadas “cámaras de eco” en las redes sociales. Como resultado, nos cuesta empatizar con lo que no conocemos y la cohesión social se resiente.

    Esta tendencia a no “mezclarse” facilita una estereotipada visión de la persona pobre como aquella que pide dinero en la calle o en el metro, a menudo en situación de sinhogarismo. Este problema afecta a entre 30.000 y 40.000 personas en nuestro país, pero está lejos de agotar el problema de la pobreza y la vulnerabilidad residencial: nuestro país ha recibido nada menos que tres dictámenes condenatorios sobre el derecho a la vivienda por parte de Naciones Unidas[2].

    Y es que, en un momento en el que los sindicatos vuelven a recuperar derechos laborales y arrancan subidas del SMI y de los salarios en convenio, el derecho a la vivienda es el gran tema pendiente. Casi una de cada cuatro personas, el 23,7% de la población está afectada por algún indicador de exclusión relacionado con la vivienda y probablemente la situación se haya agravado por el precio de la energía.

    Este mercado de vivienda tan excluyente es particularmente hostil con la juventud. Solo 1,5 personas jóvenes de cada 10 están emancipadas en España. Lejos de mejorar, se trata de la cifra más baja en 20 años[3]. Una persona joven que quisiera irse de casa tendría que dedicar, de media, el 82% de su sueldo al alquiler. Resulta casi insultante que la principal medida del Gobierno ante esta situación sea un bono joven del alquiler que no llegaría ni al 2% de las personas jóvenes emancipadas.[4] También resultan especialmente vulnerables las familias monomarentales y la población migrantes. Según un estudio de Provivienda, el 72.5% de las inmobiliarias aceptan formas explícitas de discriminación racial en el alquiler[5].

    Durante décadas, los sucesivos gobiernos democráticos siguieron aplicando la famosa frase del primer ministro de Vivienda, José Luis Arrese, que aún en dictadura afirmó “tenemos que pasar de un país de proletarios a un país de propietarios”. Así fue como la burbuja inmobiliaria se convirtió en nuestra particular forma de disciplinamiento de las capas populares, nuestra particular vía de acceso a ese “capitalismo popular” que -especulación mediante- nos iba a convertir a todos en clase media. ¿Cuál fue la medida estrella durante décadas? Las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda, que supusieron una merma importante de recursos que podían haber sido destinados a políticas de vivienda, además de un poderoso aliciente para que miles de personas se metieran en hipotecas (luego, en 2008, llegaron los desahucios). Sin embargo, se eliminaron hace relativamente poco y seguimos teniendo un raquítico presupuesto de vivienda que no alcanza el 1% del PIB.

    La nueva Ley del Gobierno (pendiente de aprobación) reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, definiendo correctamente ambos términos según los estándares internacionales. Se reconoce también que las políticas de vivienda son “un servicio de interés general” y que el Tercer Sector es otro actor que debe colaborar, pero no hay recursos proporcionales a tan nobles fines. El sindicalismo de clase debe seguir apostando por la Ley por el Derecho a la Vivienda (en la que participó CCOO) si queremos que se prohiban los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional o que la regulación de precios sea automática y no dependa de la discrecionalidad de cada Comunidad Autónoma[6]. Nuestro país debe aproximarse a los mejores modelos de provisión de vivienda europeos, donde un tercio del acceso a la vivienda se realiza en alquiler social, otro tercio en alquiler libre y un último tercio en régimen de propiedad. Para eso hace falta un inmenso parque de vivienda público, siguiendo la estela de la pionera “Viena roja”, o de colaboración público-privada con el Tercer Sector.

    En conclusión, vemos como muchas de las conquistas salariales del sindicato son absorbidas por las subidas de precio de la vivienda, por un rentismo parasitario fruto de un mercado de la vivienda profundamente injusto que lastra nuestro modelo productivo. El sindicalismo de carácter sociopolítico debe implicarse, como ha hecho tantas veces en el pasado (escribo este artículo desde una casa construida por una cooperativa de vivienda de inspiración sindical), en la defensa del derecho a la vivienda. En pandemia, nos vimos recluidos en casa y cobramos conciencia de la importancia de que las familias trabajadoras dispongamos de un hogar digno. No olvidemos esa lección.

    [1] https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/pobreza-espana-homofilia-negacionismo_132_8856053.html

    [2] E/C.12/55/D/2/2014 (2015), E/C.12/61/D/5/2015 (2017) y E/C.12/66/D/37/2018 (2019).

    [3] http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/observatorio-emancipacion-primer-semestre-2021/

    [4] http://www.cje.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/bono-alquiler-joven/

    [5] http://www.provivienda.org/informe-se-alquila-racismo-xenofobia-mercado-alquiler/

    [6] https://www.ccoo.es/noticia:605578–Una_ley_insuficiente_para_garantizar_el_derecho_a_una_vivienda_adecuada&opc_id=257c071f422375a8d3387d237009abb2

    Documentación asociada

    PERSPECTIVA Nº24: Políticas públicas: combatir la pobreza, la precariedad

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    Documentación asociada

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