Interior de un vagón de metro

En el Besòs i el Maresme nos acoge María Luisa, vive en una casa de planta baja con un pequeño patio. Se trata de una arquitectura destartalada que parece recubrir una construcción provisional. Es una mujer de 66 años que está cuidando a sus nietos mientras sus hijos trabajan. Vive en esa casa desde que nació. A ella llegaron sus padres desde Albacete. Ha trabajado toda la vida en limpieza y en cocina hasta su jubilación, hace sólo un año. De sus cuatro hijos, sólo uno, el varón, paró durante el confinamiento declarado durante el Estado de Alarma. Sus tres hijas trabajaron todo el confinamiento: dos en sanidad y una de un supermercado formando parte de ese ejército de trabajadoras esenciales durante la pandemia. Esos barrios obreros han suministrado mano de obra a los sectores que han estado en primera línea. Luisa, limpiadora en un hospital, vive con su madre en El Besòs i el Maresme y nos cuenta que durante el confinamiento ella estuvo acudiendo a su puesto de trabajo todos los días: “me daba más miedo ir sola en el metro que contagiarme de COVID-19. La ciudad a las seis de la mañana estaba desierta”.

Y es que las personas con salarios más bajos han sido las más expuestas a la pandemia y las que han continuado acudiendo al trabajo aún con síntomas. Así lo puso de manifiesto la Encuesta COTS sobre “Condiciones de Trabajo y Salud durante la pandemia” realizada por ISTAS-CCOO y el grupo POWAH de la Universitat Autònoma de Barcelona entre el 29 de abril y el 28 de mayo de 2020. En ella participaron 20.328 personas que tenían un contrato de trabajo en ese momento y los resultados muestran, entre otras cosas, que el porcentaje de quienes fueron a trabajar con síntomas de COVID-19 durante la pandemia es casi el doble entre quienes afirman que su salario no les permite cubrir las necesidades de su hogar (18,2%) que entre quienes si pueden cubrir sus necesidades básicas (10,5%). Entre el 26 de abril y el 24 de mayo de 2021, estos dos grupos de investigación realizaron una segunda edición de la encuesta COTS, con una participación de 25.100 trabajadores y encontraron que el efecto de los salarios bajos se mantiene como en el momento del estallido de la pandemia: “En el conjunto de la población, un 7,2% afirma haber ido a trabajar con síntomas, pero este porcentaje asciende al 10,6% entre quienes afirman que su salario no les da para cubrir sus necesidades básicas y desciende al 5% entre quienes tienen salarios que sí cubren sus necesidades básicas”.

Quizás, el caso que mejor ilustra como el nivel de renta hace de frontera para el COVID-19 lo encontramos en el litoral norte de Barcelona. Un barrio obrero, El Besòs i el Maresme, en el nordeste de la ciudad, con un nivel medio de renta por persona de 10.289 euros anuales linda con un barrio de lujo, Diagonal del Mar, donde el nivel medio de renta se sitúa en 20.913 euros anuales. En el Besòs i el Maresme, un piso de 50 metros cuadrados puede valer 60.000 euros. En Diagonal del Mar, un apartamento de los mismos metros cuadrados no baja de los 200.000 euros. Desde las terrazas con piscina de Diagonal del Mar se observan las fincas obreras de ladrillo caravista construidas a finales de los años

60 sobre los campos y masías cercanas al río Besós. Desde el barrio obrero, se divisan, al fondo, las siluetas de las nuevas edificaciones de hasta 14 plantas que parecen rascacielos sin serlo: el contraste es una metáfora perfecta de la distancia entre clases sociales. En la frontera entre el vecindario rico y el pobre, los pisos más humildes se revalorizan, y como ya sabemos que la “posición de clase” no coincide con la “conciencia de clase”, algunas de las personas ya no se sienten parte de la comunidad más humilde: “esto no es el Besòs, es el fórum” explica una vecina que tiende la ropa en su ventana a los pies de una de las torres de lujo. Son dos mundos opuestos, uno marcado por la precariedad y el otro por el lujo.

La pobreza casi multiplica por diez la incidencia acumulada del COVID-19 en dos secciones censales colindantes de la ciudad de Barcelona

También la realidad frente al COVID-19, es diametralmente opuesta a pesar de que sólo les separa una calle. Durante la segunda ola, la incidencia del COVID-19 en El Besòs i el Maresme fue de 3.634 casos por cada 100.000 habitantes en los cuatro meses y medio que abarca la segunda ola. En la otra acera, en el barrio Diagonal del Mar, la incidencia acumulada fue de 1870 casos por cada 100.000 personas. Si acercamos la lupa todavía más y revisamos los datos por secciones censales la asimetría todavía es mayor. Dos secciones censales pegadas, pero en dos barrios distintos son dos planetas distintos en términos del COVID-19: la sección pobre, con un padrón de 2059 habitantes, registra una incidencia acumulada de 8029 casos por cada 100.000 habitantes en cuatro meses y medio, mientras que el vecindario rico, con un padrón de 2349 habitantes, registra en el mismo periodo, una incidencia de 888 casos por cada 100.000 habitantes. La conclusión es sencilla: la pobreza casi multiplica por diez la incidencia acumulada del COVID-19.

El mapa de la pobreza y la incidencia del COVID-19 en Barcelona

Todos estos datos proceden de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB). La ASPB lleva décadas investigando las desigualdades sociales y sus efectos sobre la salud. En 2005, la ASPB puso en marcha el proyecto MEDEA I que analizaba los patrones de la distribución de la mortalidad por distintas causas en áreas pequeñas de ciudades de España. Emplearon como unidad de análisis, el seccionado censal, una unidad geográfica más pequeña que los barrios que permite relacionar variables socioeconómicas con indicadores de salud. Toda esta experiencia acumulada en el tratamiento de los datos ha sido clave en el momento en el que estalló la pandemia del COVID-19. El 8 de abril, menos de un mes después de la declaración del confinamiento en España, la Agencia de Salud Pública de Barcelona pone en marcha una web interactiva, con el título de ““#COVID19aldiaBCN” donde diariamente se actualizan los casos de COVID en la ciudad. Los contagios se geolocalizan a partir de la dirección de los afectados y ofrecen una valiosa información sobre el comportamiento de la pandemia en la segunda ciudad más grande de España, con 1.604.555 en el último censo de población.

Los trabajos de la Agencia de Salud Pública de Barcelona forman parte de una potente línea de investigación cuyo referente internacional más conocido es Michael Marmot, profesor de Epidemiología y Salud Pública en el University College de Londres. Build Back Fairer: the COVID-19 Marmot Review – publicado en diciembre de 2020- bajo su dirección muestra cómo la pandemia ha afectado más a los grupos con menores rentas y plantea como las desigualdades socioeconómicas y étnicas anteriores a la pandemia se han agudizado como resultado de las medidas de contención en la educación y el empleo. La originalidad del trabajo realizado en Barcelona radica en que esas desigualdades sociales se muestran no sólo atendiendo a los indicadores socioeconómicos de grupos de población sino sobre el mismo territorio de la ciudad. Este enfoque permite intervenciones específicas en los barrios más desfavorecidos en tiempo real. Trabajos similares al realizado con el COVID-19 en la ciudad de Barcelona, han sido desarrollado también en otras ciudades europeas atendiendo a la mortalidad por causas, de hecho, entre septiembre de 2009 y agosto de 2012, la Agencia de Salud Pública de Barcelona coordinó el proyecto INEQ-CITIES, un estudio sobre las desigualdades socioeconómicas en materia de salud y mortalidad en 16 ciudades europeas.

Además del efecto de la clase social, los estudios realizados por equipos como los que lidera el profesor Michael Marmot han mostrado que las minorías étnicas también han estado más expuestas al COVID-19. En el Besòs i el Maresme, hay también bastante población inmigrante que ha visto como sus ingresos desaparecían con la pandemia. Es el caso de Namarata originaria de Nepal que tiene dos hijas, una de cuatro años y otra de 4 meses. Su marido, el único que trabaja en su casa, está en un ERTE desde que empezó la pandemia y todavía no se ha incorporado a trabajar. “Sin el ERTE – medidas adoptadas por el gobierno de España para mitigar los efectos del desempleo- no hubiéramos podido comer” explica Namarata.

Con los datos que llegan del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, la ASPB ha podido conocer cada día cómo evolucionan los contagios en la ciudad, situando a cada persona contagiada en su sección censal. La sección censal es una unidad geográfica con una población media de unas 1500 personas. Para cada una de esas unidades censales se conoce el nivel de renta gracias a la información aportada por el Instituto Nacional de Estadística que proviene directamente de la declaración de la renta de la población española destinada al pago de impuestos. Para la realización de esta investigación, los ingresos personales de los habitantes de las 1068 secciones censales de la ciudad de Barcelona han sido agrupados en cinco niveles de renta. Se dispone de una renta media para cada sección censal y se contrasta ese dato con el nivel de incidencia acumulada del COVID-19 (contagios por cada 100.000 habitantes a lo largo del periodo estudiado) en cada una de las secciones censales. La figura 1 muestra los resultados obtenidos a lo largo del periodo calificado como “segunda ola del COVID-19” que abarca desde el 16 de julio al 30 de noviembre de 2020¹.

Los barrios del Norte y del Sur de la Ciudad de Barcelona son los que presentan una incidencia acumulada más elevada y son también los que disponen de rentas personales más bajas. Por ejemplo, durante los cuatro meses y medio que duró la segunda ola de la COVID-19, la incidencia acumulada en la ciudad de Barcelona era de 2.909 casos por cada 100.000 habitantes, sin embargo, una cifra sensiblemente superior se registra en los barrios con menor nivel de rentas como Torre Baró (4.456 casos por cada 100.000 habitantes), La Trinidad Nova (3.805 casos) o Les Roquetes (3.997 casos) en el norte de la ciudad.

Como explica, Marc Marí Dell’Olmo, Dr. en biomedicina, experto en estadística y salud pública y técnico de la Agencia de Salud Pública de Barcelona: cuando se observan los contagios por niveles de renta, se aprecia una relación estadísticamente significativa entre nivel de rentas de un área geográfica y la incidencia del COVID-19 en esa área. El riesgo de contraer COVID-19 en las áreas con menores ingresos casi duplica al riesgo que corren las personas que viven en áreas con mayores ingresos. Como se puede apreciar en la figura 1, para los dos sexos, el mapa de contagios de COVID-19 en la segunda ola reproduce con mucha exactitud el mapa del nivel de rentas en la ciudad de Barcelona: Si el nivel de rentas en una sección censal sube, la incidencia acumulada de la COVID -19 baja”.

La intervención municipal a pie de barrio

Conscientes de que el código postal es un determinante de la salud más potente que el código genético, la Agencia de Salud Pública de Barcelona elabora informes de salud por barrios y desde su creación apostó por desplegar en toda la ciudad, especialmente en los barrios con mayor problemática social, una red de agentes de salud comunitaria. Con la llegada de la pandemia, la información facilitada por la ASPB ha sido de gran utilidad para el desarrollo de las políticas de salud en la ciudad de Barcelona. Lo explica Carme Borrell i Thió, gerenta de la ASPB. “Siempre hemos trabajado muy cerca de los responsables de la gestión de la ciudad, pero nunca habíamos tenido una experiencia como ésta. La pandemia ha provocado que un instrumento de información puesto en marcha por la ASPB se haya convertido en una herramienta de trabajo cotidiana en muchas áreas de gestión del Ayuntamiento de Barcelona” explica Carme Borrell.

El código postal es un determinante de la salud más potente que el código genético

El equipo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha prestado especial atención a todos los temas que tienen que ver con la salud y los cuidados y la actual concejala de Salud, Envejecimiento y Cuidados del Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Tarafa, es, precisamente una Dra. en Biología Molecular, cuyos trabajos de investigación se han centrado en la relación entre salud y desigualdad. Tarafa denunciaba recientemente en un medio especializado del sector sanitario -El diari de la Sanitat- la necesidad de actuar en las desigualdades en salud: “la crisis sanitaria ha acentuado las desigualdades que ya existían. Durante la pandemia, hemos podido observar que hay más contagios en aquellas zonas con peores indicadores socioeconómicos, y esto se explica básicamente por tres causas. En primer lugar, no es lo mismo confinarse en un piso de 150 metros cuadrados con terraza que en un piso de 30 o de 50 metros cuadrados. Un segundo elemento es que, en zonas con peores indicadores socioeconómicos, muchas de las personas tienen empleos que no permiten hacer teletrabajo y, por lo tanto, están más expuestos al virus. La tercera causa es que sabemos que las personas con peores indicadores socioeconómicos también tienen más patologías crónicas a causa de su misma situación vital y, por lo tanto, tienen más riesgo de sufrir afectaciones más graves con relación al COVID-19.

Davide Malmusi, director de los Servicios de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, explica la colaboración entre el Ayuntamiento y Agencia de Salud Pública de Barcelona tratando de mitigar esas desigualdades: “la disponibilidad de datos sobre las desigualdades en la incidencia del COVID-19 generó un impulso político en el Ayuntamiento de Barcelona que llevó a maximizar los esfuerzos para desarrollar políticas que abordaran estas desigualdades. Entre un amplísimo abanico de respuestas locales para hacer frente a la pandemia y a sus consecuencias sociales y económicas, los servicios municipales actuaron en los barrios de alta incidencia y con los residentes más vulnerables para reforzar los mensajes y las medidas preventivas, prestar apoyos prácticos en el domicilio a los sujetos con COVID-19 y sin condiciones adecuadas de aislamiento, desarrollar campañas de cribado masivo o establecer puntos de apoyo para la programación de la vacunación”.

Lecciones de salud laboral

Los datos que muestran los efectos diferenciales de la pandemia atendiendo al nivel de ingresos han supuesto un espaldarazo para una de las reivindicaciones clásicas de los sindicatos en materia de salud laboral: los salarios bajos y la precariedad laboral son en sí mismos un factor de riesgo no sólo para las enfermedades cardiovasculares o los trastornos musculoesqueléticos sino para todos los problemas relacionados con la salud, también frente a una patologías infecciosa en un pandemia tan global como la COVID-19. Unai Sordo, secretario general de CCOO, lo expresaba con claridad al presentar los resultados de la encuesta COTS el pasado mes de julio: “Cuando estamos negociando un incremento salarial o medidas para acabar con la temporalidad de los contratos parece que nos estemos ocupando de cuestiones meramente económicas y no es así, estamos defendiendo la salud y la vida de la clase trabajadora. La correlación entre bajos ingresos y el mayor contagio por la COVID-19 es irrefutable”. Ante una situación como esta no bastaba con exigir equipamientos de protección individual en los puestos de trabajo y muchos expertos señalan la importancia que han tenido los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTEs) como medida de salud laboral al reducir la inseguridad como factor de riesgo: El gobierno apostó por facilitar que las empresas enviaran temporalmente al desempleo a sus trabajadores, haciéndose cargo de ese incremento presupuestario, para evitar despidos masivos. Para que se entienda el impacto que han tenido los ERTEs hay que tener en cuenta que según cifras oficiales en abril de 2020 el número de beneficiarios de prestaciones contributivas ascendió a 3,4 millones de personas, un aumento del 274% respecto al mes anterior. Por otra parte, las medidas flexibilizadoras de los ERTEs se acompañaron de medidas en materia de bonificaciones de Seguridad Social para las empresas y de la limitación temporal para despedir de aquellas empresas que se beneficiasen de esas bonificaciones.

¹ Este reportaje nos hemos centrado en la segunda ola porque en la primera ola, la escasez de pruebas de diagnóstico, provocó que se realizaran las PCR sólo a los casos más graves y eso introduce un sesgo importante en las zonas con población más joven cuyo contagio dio lugar a casos más leves y por tanto a un número menor de PCR. La ASPB dispone de la información on line desde la primera ola de la pandemia (del 1 de marzo al 15 de julio de 2020) y hasta la actualidad.