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    TABLA DE COOKIES UTILIZADAS
    CookieDuraciónTipoPropósitoIntrusividad
    PHPSESSID, SERVERID, Incap_ses_*_* y visid_incap_* Sesión Imprescindibles Mantener la coherencia de la navegación y optimizar el rendimiento del sitio web 1
    config 1 año Imprescindibles Guardar la configuración de cookies seleccionada por el usuario 2
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El pleno del CES aprueba el dictamen sobre la Ley General de Comunicación Audiovisual

    Se trata de un trámite obligatorio que debe cumplir el Gobierno para iniciar la tramitación parlamentaria de los proyectos de ley.

    30/09/2021.
    Plató de televisión

    Plató de televisión

    El pleno del Consejo Económico y Social de España ha aprobado por unanimidad, el 29 de septiembre, su dictamen sobre la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), un trámite obligatorio que debe cumplir el Gobierno para, una vez oído este organismo, iniciar la tramitación parlamentaria de los proyectos de ley.

    En la delegación de CCOO en el Consejo Económico y Social ha participado como asesora Cristina Bermejo, secretaria general del sector de Medios de Comunicación, Artes, Cultura y Deporte de la Federación de Servicios a la Ciudadanía. Las propuestas sindicales expuestas durante la elaboración del dictamen han tenido una amplia acogida, en un anteproyecto que surge en un principio de la necesidad de transponer la Directiva Europea del Audiovisual 2018/808, pero que finalmente hace una apuesta mucho más ambiciosa en la regulación de todo el sector audiovisual español.

    La rápida y profunda transformación de la comunicación, impulsada por la digitalización, supone un panorama presidido por el desarrollo de nuevos modelos de producción y distribución de contenidos. Todo ello, sumado a la intención gubernamental de hacer de nuestro país el Hub Audiovisual de Europa, requiere de un nuevo marco legislativo sectorial. Sin embargo, desde CCOO hemos concluido, de común acuerdo en el seno del CES, que la ley debe garantizar una comunicación audiovisual que respete el pluralismo, la diversidad cultural y lingüística, la veracidad de la información, o la atención de otros fines sociales, así como la dignidad humana, la igualdad de género o la protección de los menores, entre otras cuestiones. Para ello, se destaca en el dictamen la importancia de considerar la comunicación audiovisual como un servicio esencial de interés general, con independencia de si es prestada por operadores públicos o privados. Asimismo, se ha hecho constar la importancia de establecer instrumentos de supervisión y control para lograr estos fines, bien dotando a la CNMC de mayores y más especializados recursos, o bien creando un organismo independiente que pueda elaborar valoraciones más cualitativas de los contenidos.

    También fue acogida la propuesta de reconsiderar la cesión a terceros de programas informativos por parte de televisiones públicas autonómicas y locales. La Ley 6/2012 reformó la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010 para flexibilizar los modos de gestión de estos servicios, introduciendo la posibilidad de gestión directa o indirecta, o por fórmulas mixtas, de estos canales públicos. En el caso concreto de la cesión a terceros de los programas informativos, la renuncia a la producción interna de contenidos por las entidades públicas de comunicación audiovisual supone una merma en el ejercicio de su misión de servicio público, y limita su capacidad de reflejar el conjunto de intereses y realidades y las distintas sensibilidades de las sociedades a las que sirven.

    Del mismo modo, desde CCOO celebramos que el dictamen aluda a la necesidad de contar con una financiación suficiente, estable y sostenible para la Corporación RTVE. El riesgo que supone, como establece el proyecto de ley, eliminar la tasa que las operadoras de telecomunicaciones aportan para la financiación de la Corporación, implica la necesidad de que se establezca, a través de los Presupuestos Generales del Estado, un marco de financiación estable, con la fijación de cantidades mínimas y máximas a aportar por cada uno de los agentes que contribuyen a financiar el servicio público audiovisual.

    El dictamen aprobado por el CES hace también alusión a la falta de referencias a la dimensión laboral, a la calidad del empleo asociado a este amplio sector que incluye o implica a la comunicación audiovisual en los distintos formatos televisivo, radiofónico y de las plataformas digitales. Por ello recomienda la inclusión de referencias en el redactado que dirijan al ámbito del diálogo social y la negociación colectiva sectorial la concreción de la normativa referente al empleo, de conciliación y corresponsabilidad, de salud laboral y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.