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La seguridad y la salud en el trabajo, un derecho fundamental que debemos reivindicar cada día

    Un año más el 28 de abril, como organización sindical recordamos a las compañeras y compañeros que han perdido la vida, que se han accidentado o que sufren o han sufrido enfermedades con origen laboral.

    28/04/2021. Ángel Luis Moreno Ramos - secretario de Coordinación Sectorial y Salud Laboral de FSC-CCOO

    Hoy, 28 de abril, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, es el día que dedicamos a recordar que las condiciones de trabajo repercuten en nuestra salud, que las enfermedades y los accidentes son las consecuencias más graves del deterioro de estas condiciones y que no solo afectan a las personas que lo sufren sino a su entorno familiar y laboral. Son estas y otras muchas actividades las que nos ocupan como organización de clase en nuestras tareas cotidianas y es en los centros de trabajo, en el ejercicio de la acción sindical, donde señalamos la importancia de la seguridad y la salud en el trabajo, y donde debemos destacar que estos derechos que nos asisten tienen un carácter fundamental. 

    En nuestro país siguen muriendo cada año más de 700 personas trabajadoras, lo que deja en evidencia los enormes déficits de nuestra estructura preventiva y el hecho de que la prevención no ha sido interiorizada dentro de los centros de trabajo como una característica básica de las condiciones laborales. Han pasado más de 25 años desde la Ley de Prevención de Riesgos laborales y parece el momento adecuado de impulsar su contenido y adaptarla a la realidad laboral para que esta lacra de muerte y enfermedad sea desterrada de nuestro sistema productivo. 

    La pandemia ha venido a acelerar muchos de los cambios estructurales que se estaban produciendo en nuestro sistema económico, y ha consolidado la precariedad y la explotación que conlleva, como elemento determinante de las relaciones laborales. La precariedad tiene unas consecuencias claras sobre la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, y asistimos con preocupación sobre la realidad de que nuestro modelo productivo sigue incidiendo sobre la plusvalía reduciendo las condiciones de trabajo a una categoría inferior. 

    El primer damnificado por unas condiciones precarias suele ser la seguridad en el trabajo. Cambiar condiciones de trabajo por salud nunca es una opción, pero en la situación económica actual es una realidad que no debemos obviar. Por ello la mejor manera de abordar la salud y la seguridad en el trabajo, es acometer las diferentes reformas laborales que intentan redefinir una estructura laboral precaria para el conjunto de la clase trabajadora, donde la salud en los centros de trabajo pasa a ser un elemento residual. 

    La pandemia también ha introducido fórmulas de trabajo que ya existían pero que han pasado a tener un espacio muy relevante dentro de nuestro esquema productivo, hablamos fundamentalmente del teletrabajo que ha venido para quedarse y para cambiar de manera estructural diferentes ámbitos de trabajo como las administraciones. El teletrabajo nunca debe ser ajeno a la salud laboral, no debemos renunciar como delegadas y delegados a la salud laboral aunque realicemos el trabajo en nuestros domicilios. Esta fórmula de trabajo que conlleva bastantes adhesiones de las personas trabajadoras, representa muchos retos desde diferentes perspectivas como la salud laboral, igualdad, acción sindical que debemos afrontar desde la posición de un sindicato de clase. 

    Y es en este contexto donde la propuesta que hemos definido en nuestro manifiesto confederal se revela más importante. La salud y la seguridad son un derecho fundamental en el trabajo irrenunciable y por este motivo se requieren de todos aquellos cambios normativos tanto a nivel internacional como nacional que se determinen para garantizarlos. 

    Es imprescindible que la salud y la seguridad en el trabajo como derecho fundamental cuente con las prerrogativas y garantías que esta consideración requiere, donde se exija una actuación directa de los poderes públicos y se desarrolle una tutela judicial más intensa que permita acometer esta lacra en los centros de trabajo.