Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO | 29 marzo 2024.

CCOO exige a la Policía que cumpla los protocolos de seguimiento y rastreo de la COVID-19

    El sindicato denuncia que la Dirección General de la Policía no comunica a las autoridades sanitarias competentes los casos positivos confirmados entre su personal.

    17/09/2020.
    Cuidado y mantenimiento de las medidas preventivas

    Cuidado y mantenimiento de las medidas preventivas

    CCOO ha exigido al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía que se cumplan los protocolos de seguimiento y rastreo de la COVID-19 entre el personal policial y no policial que presta servicio en sus centros de trabajo. Asegura que conoce situaciones de varios casos positivos confirmados mediante test PCR en dependencias policiales, sin que se hayan comunicado esta circunstancia a los servicios sanitarios de las comunidades autónomas ni a sus propios comités de seguridad y salud.

    “Además de las comunicaciones verbales, hemos remitido múltiples escritos a la Policía y a su Servicio de Prevención solicitando que se dé traslado de los casos para poder atajar posibles contagios en las oficinas policiales, sin que hayamos recibido respuesta alguna y sin que se haya reconducido la situación”, lamenta Fernando García, secretario general de la sección sindical de CCOO en el Ministerio del Interior.

    El sindicato maneja información según la cual tiene constancia de positivos en, al menos, 11 centros de trabajo, el 3 % de dependencias policiales. La mayor parte de ellos cuenta con más de un caso confirmado, por lo que se podría estar produciendo un contagio masivo en estas oficinas. “La falta de transparencia en la comunicación nos hace pensar en que no vemos más que la punta del iceberg. No sabemos si se están llevando a cabo desinfecciones, pero en general no se está impulsando el aislamiento preventivo del personal o realizando test y, lo que es más grave, no se está informando de estos positivos a las ciudadanas y los ciudadanos que acuden a las oficinas para realizar la expedición del DNI, pasaporte, trámites de extranjería o interposición de denuncias, entre otros”, insiste García. “Hablamos de espacios por los que pasan entre 400 y 1.200 personas diariamente”.

    La mayor incidencia se da en la ciudad de Madrid, donde se han detectado positivos en, al menos, las oficinas de documentación de Tetuán, Centro, Villaverde 1, Santa Engracia, la Brigada Provincial de Extranjería y la Comisaría General de Información, en el Complejo Policial de Canillas, así como en la Comisaría Local de Aranjuez. Fuera de esta comunidad, hay constancia de casos confirmados en Bilbao, Zaragoza, Sevilla y Fuengirola.

    CCOO ha dado traslado de esta situación a las consejerías competentes en materia de sanidad de las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía, a la vez que insiste a los servicios de prevención de la Policía “esperando poder aclarar y contrastar toda la información expuesta, pero especialmente exigiendo que se pongan en marcha de manera inmediata los mecanismos de rastreo, detección y prevención que marcan los protocolos del Ministerio de Sanidad”. García entiende que esta comunicación es fundamental para salvaguardar la salud de la ciudadanía y del personal público, además de para garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

    El sindicato anunció este lunes nuevas movilizaciones dentro de la campaña ‘Cumple sin recortes’, que inició el pasado mes de junio para denunciar la ausencia de consenso y desarrollo de las medidas organizativas ante la situación sanitaria y epidemiológica generada por la COVID-19, así como los retrasos en la ejecución de los acuerdos firmados por el Gobierno en el ámbito de la Administración General del Estado, y que acumulan más de un año y medio de demora. Entre otros, destacan los recortes salariales por la no aplicación del IV Convenio Único para el personal laboral, la dejadez en la ejecución de las Ofertas de Empleo Público y de estabilización, la paralización de la negociación del III Plan de Igualdad, la distribución de los fondos adicionales 2018-2020 o el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público mediante la Ley de Función Pública AGE.