CCOO critica la “multa” de 167 millones impuesta por Bruselas al Correo Público así como la desidia de los distintos Gobiernos por dar coartada a la sucia campaña de los lobbies para acabar con él

    CCOO, sindicato mayoritario en Correos, ha señalado que la devolución de los 167 millones de euros impuesta por la Comisión Europea responde a una interpretación liberal de los servicios públicos por parte de la Comisión Europea y tiene causa en la desidia de los sucesivos gobiernos que durante 20 años no han aprobado el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal (SPU) que fije las cuantías para la prestación del Servicio Postal Público que Correos tiene encomendado.

    10/07/2018.
    Logotipo de Correos

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    La falta de este Plan y la indefinición del modelo postal están siendo aprovechadas por los lobbies privados para tumbar a la empresa postal pública. Por ello, urge al Gobierno socialista a que ponga en marcha de inmediato el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal para asegurar su financiación, mantener la viabilidad de la empresa postal pública y no poner en serios aprietos el mantenimiento de sus casi 60.000 trabajadores/as.

    CCOO asegura que, con esta noticia, cobra más razón la movilización en marcha en Correos desde hace meses porque, entre sus demandas, una de las centrales es la entrada en vigor del Plan de Prestación del SPU.

    La Comisión Europea ha impuesto a Correos la devolución de 167 millones de euros al Estado por una compensación excesiva por la prestación del Servicio Postal Universal en el período 2004-2010. El fallo de la Comisión Europea proviene de la denuncia interpuesta en Bruselas hace cuatro años por los lobbies postal y logístico, ASEMPRE (Asociación de Empresas de Reparto -y Manipulación de Correspondencia-), y UNO, lobby de la patronal de paquetería, en la que exigían la apertura de un proceso de investigación ante las supuestas ayudas excesivas a Correos por la prestación del Servicio Postal Público en el período 2004-2010. Los lobbies privados demandantes reclamaron también la investigación de los regímenes de la Seguridad Social y pensiones de funcionarios, o compensación por procesos electorales, -no han sido atendidos- para lo que solicitaron se multara a Correos con ocho mil millones de euros.

    Para CCOO, la devolución de estas cuantías tiene un indiscutible causante: un lobby privado sin sensibilidad alguna en el Servicio Postal Público a la ciudadanía, en el que sólo ve negocio y beneficio, y que tiene como objetivo último quitarse de en medio al Correo Público, como viene denunciando desde hace años, que utiliza como coartada la falta de un Plan de Prestación del Servicio Postal Universal pendiente desde hace 20 años, consecuencia de la desidia e inacción política de los distintos Gobiernos del PP y del PSOE que no han cumplido con el mandato de la Ley Postal de 1998, aprobada por aquél, y de la de 2010, aprobada por éste.

    El sindicato ha denunciado que “la desidia de los sucesivos gobiernos hacia Correos en la definición del Plan de Prestación del SPU ha impedido fijar el coste real de la prestación del Servicio Postal Público, que se ha venido paliando por cantidades a cuenta al capricho de los distintos Gobierno (recortes de PGE 17 y 18, por ejemplo)”. CCOO ha insistido en que “esta indefinición ha sido utilizada por los gobiernos para el intercambio de cromos políticos, en detrimento del servicio prestado a la ciudadanía, lo que ha provocado una inseguridad jurídica que ha sido aprovechada por los operadores privados para atacar al Correo Público”.

    Transcurrido un año desde la reunión mantenida entre las organizaciones sindicales y Fomento, CCOO urge al gobierno socialista a que acabe con la actual situación de inseguridad y acelere la aprobación Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, cuya cuantía según establecen los sindicatos se encuentra en 230 millones de euros, para evitar que se juegue con una empresa de casi 60.000 trabajadores y trabajadores y un derecho público de la ciudadanía. Ha advertido que mantendrá e intensificará las movilizaciones a partir de septiembre si no se convierte en acción de gobierno la puesta en marcha del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, el Plan Estratégico de la empresa y la actualización de la nueva regulación laboral.

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