El Gobierno admite que hay cerca de 3.000 puestos de trabajo vacantes en las prisiones

    El déficit estructural de personal penitenciario en Instituciones Penitenciarios está situando al borde del colapso muchas de las prisiones de nuestro país, lo que imposibilita garantizar la seguridad de las personas internas y la del propio personal penitenciario.

    20/01/2017.
    Centro penitenciario de Albolote

    Centro penitenciario de Albolote

    La Sección Sindical Estatal de Instituciones Penitenciarias en CCOO manifiesta su preocupación por los datos que la Administración Penitenciaria ha facilitado esta semana, una vez que desde este sindicato y a través de la Ley de Transparencia se solicitó el número de vacantes de personal penitenciario en los centros que son competencia de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. Según estos datos hay 2.855 vacantes, lo que supone un 13% del personal total de Instituciones Penitenciarias; 2.202 vacantes corresponden a personal funcionario y 653 a personal laboral.

    El caso del personal laboral es extremadamente grave ya que el porcentaje de vacantes es superior al 25% del personal, cifra absolutamente inasumible, que imposibilita cualquier gestión pública de las labores que le son encomendadas. En este caso la privatización ya es una realidad y hay empresas que realizan funciones de mantenimiento, limpieza o demandaduría, mientras que no se cubren los efectivos de personal laboral.

    CCOO denuncia que “incluso nos encontramos con situaciones donde personal interno, en labores como la limpieza, sustituye a empleadas y empleados públicos que se jubilan a través de talleres de limpieza, donde las personas privadas de libertad reciben una remuneración muy por debajo del sueldo mínimo”.

    Con los datos actuales, facilitados por la propia Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, podemos afirmar que la situación de personal en Instituciones Penitenciarias es insostenible, escenario que se agravará en los próximos años por el elevado número de vacantes vegetativas que se generan anualmente en un colectivo muy envejecido. Según los datos que facilitó la Administración Penitenciaria, en el año 2020 más del 25% del personal penitenciario tendrá 60 años.

    En la Oferta de Empleo Público del 2016 se han destinado 600 plazas a Instituciones Penitenciarias, plazas que según manifiesta la propia Administración Penitenciaria irán destinadas a la apertura de los nuevos centros penitenciarios de Archidona y Ceuta y que, por lo tanto, no vendrán a solventar el déficit estructural en que se encuentra el servicio público de Prisiones.

    “Por eso CCOO viene solicitando una Oferta de Empleo Público excepcional que posibilite que podamos desarrollar nuestras funciones en un contexto de seguridad, tanto para el personal interno como para los empleados y empleadas publicas penitenciarios”.

    Muchos centros penitenciarios están al borde del colapso y su situación será insostenible en los próximos meses, principalmente en época estival donde el número de trabajadoras y trabajadores penitenciarios es más reducido. Especialmente difícil es la situación de los centros penitenciarios de Albacete, Albolote, Alicante Cumplimiento y Psiquiátrico, Burgos, Cáceres, Ceuta, CIS Victoria Kent, Cuenca, El Dueso, Herrera de la Mancha, León, Logroño, Madrid I, Madrid II, Madrid IV, Murcia, Sevilla II, Tenerife, Teruel, Topas y Valladolid, donde las vacantes superan la media del 13%.

    “En este contexto podemos afirmar que el cumplimiento de las funciones constitucionales que tenemos encomendadas se han convertido en una mera declaración de intenciones, que la seguridad y custodia de las personas internas no podemos garantizarla y que la propia salud del personal penitenciario esta en entredicho”, denuncia CCOO.

    PRIVATIZACIONES

    Por último, CCOO afirma que resulta “inquietante para el futuro del modelo público de prisiones, que mientras nuestro servicio público de prisiones está profundamente deteriorado, el Gobierno lleva invertidos 91 millones de euros en contratar con empresas privadas para realizar funciones de vigilancia exterior de las prisiones, atribuciones que ya están siendo realizadas y por lo tanto se superponen a las realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

    Con este montante —señala el sindicato— se podrían contratar los 3.000 empleados y empleadas públicas que se necesitan para abordar el déficit estructural de Instituciones Penitenciarias. “No se trata, por tanto, de una cuestión económica sino de una política penitenciaria que apuesta por el deterioro de nuestra institución como paso previo a la privatización del servicio público de prisiones”.

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