Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO | 19 abril 2024.

PERSPECTIVA Nº 8

El transporte público

    No podemos comenzar este análisis sobre el transporte público sin hacer mención a una de las premisas defendidas por la Unión Internacional de Transporte Público – UITP, y con el que coincidimos plenamente desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.

    06/10/2016. Juan del Campo Vera, miembro de la Comisión Ejecutiva de la FSC-CCOO estatal
    Juan del Campo Vera

    Juan del Campo Vera

    La inversión en el transporte público define
    la movilidad del mañana y genera un valor
    que triplica o cuadriplica la inversión inicial


    Existen razones sociales, medioambientales, energéticas y económicas, que justifican que el transporte deber ser un servicio público, y por lo tanto debe formar parte de las políticas que pongan en marcha el Gobierno para favorecer la integración social y el crecimiento equilibrado en todo el territorio, potenciando y manteniendo las infraestructuras y medios que permitan su desarrollo y crecimiento. Entre otras razones podemos señalar las siguientes:Al hablar de transporte público, la mayoría de nosotros entendemos por tal “el transporte de viajeros” de un lugar a otro, en el que los propios usuarios no son propietarios de dichos medios de transporte, y por lo tanto están sujetos a la red de transporte, rutas, horarios y frecuencias previamente establecidas. Las definiciones dadas por autoridades y expertos en la materia, añaden además al propio transporte de viajeros, el transporte “bienes”. En todo caso, es necesario remarcar que el transporte público y en su caso el transporte privado, está ligado y es totalmente dependiente de las infraestructuras existentes en cada país, por lo que las decisiones políticas de los Gobiernos sobre la apuesta por una u otra modalidad de transporte, condicionará la calidad y amplitud del servicio público de transporte.

    • Sin un transporte público, los sistemas de tráfico tanto de viajeros, como de bienes se colapsarían sobretodo en las grandes ciudades, se reduciría la movilidad y perjudicaría claramente la calidad en nuestro nivel de vida, y en especial del medio ambiente, contribuyendo fehacientemente a la reducción de los gases invernaderos.
    • El transporte público garantiza la cohesión social, favoreciendo la movilidad para todas las ciudadanas y ciudadanos a precios asequibles, permitidores su plena participación en la vida social, y el disfrute de los derechos y deberes que tenemos como personas.
    • Además garantiza la participación en la vida social de colectivos con dificultades, incapacitados, mayores de edad…, mediante unas infraestructuras y vehículos adaptados a sus demandas específicas, que por su coste de inversión y mantenimiento han sido cubiertas por las distintas Administraciones.
    • El transporte público favorece el crecimiento y dinamización económica, contribuyendo de forma efectiva a reducir los costes asociados a la congestión del tráfico sobre todo en las grandes ciudades.
    • Las inversiones necesarias para crear y mantener unas infraestructuras que permitan un transporte eficiente e intermodal es fuente de una generación de empleo directo, y no cabe duda de empleo indirecto por el incremento de la competitividad que inyecta de forma transversal a la capacidad productiva del país.


    Ante estas razones es necesario que el Gobierno y las Administraciones responsables, con competencia en el diseño del modelo de transporte público que queremos definan:

    • Una política global a nivel estatal sobre las diferentes modalidades de transporte, la intermodalidad y la combinación de los mismos para garantizar un transporte público eficiente y de calidad, conformando un red de modos y líneas complementarias, que podrían incluir líneas rentables y no tan rentables.
    • Evaluación de necesidades y priorización presupuestaria, teniendo en cuenta que el diseño de una red de transporte público se basa en criterios de solidaridad.
    • La apuesta por el reconocimiento del papel del transporte público, tanto en el ámbito rural como urbano, en la vida social y económica de nuestros pueblos y ciudades.
    • Establecimiento de los parámetros que definan la calidad, cantidad del servicio a ofrecer, y la fijación del índice de cobertura en función de las tarifas y precios a aplicar en su uso.
    • La combinación de una red de transporte público, con la aparición de nuevos hábitos relacionados con la economía colaborativa y el uso del transporte compartido.
    • La apuesta por políticas de innovación y desarrollo, que van a implicar cambios tecnológicos en los vehículos, haciéndolos más seguros y requiriendo de los conductores otras habilidades y competencias, probablemente muy distintas a los actuales requisitos para el desempeño de la ocupación laboral de conductor o piloto ya sea de aviones, trenes, autobuses, barcos o coches.


    Llegados a este punto del análisis, es obvio que la apuesta por un transporte público que garantice la movilidad, el mantenimiento y crecimiento de pueblos y ciudades va a necesitar de aportaciones y financiación pública para poder ofrecer este servicio a unos precios asequibles para la ciudadanía, que requiere un análisis equilibrado en la imputación del coste/beneficio, tanto por razones económicas (Gestión de plusvalías, menor accidentalidad, horas perdidas en atascos, creación de empleo y generador de crecimiento económico), como por razones sociales (Distribución de la renta, fijación de la población, economías familiares precarias)

    Tampoco podemos obviar los retos que va a suponer para el sector del transporte, y para el diseño de una red de transporte público, las implicaciones de la digitalización económica, el big data, el Internet de las cosas y la interconexión de los diferentes terminales que supondrán avances en la seguridad e independencia de los vehículos, capaces de conducir autónomamente reconociendo recorridos y aprendiendo a actuar ante las diferentes circunstancias que puedan surgirle en la conducción. El papel de los trabajadores y trabajadoras en el sector y su cualificación variara radicalmente pasando de ser un sujeto activo, a desempeñar un papel de supervisión y evaluación.

    En todo caso es en la figura del “conductor o piloto”, en cualquier modalidad de transporte ya sea marítimo, aéreo o terrestre, sobre la que cae la responsabilidad de nuestras vidas cuando nos convertimos en viajeros. Trabajadores y trabajadoras a los que cada vez se les exigen más requisitos y titulaciones para el desarrollo de su actividad laboral, mientras que los vehículos son cada vez más seguros e independientes. A los que las empresas del sector, especialmente las que operan en ámbitos internacionales les obligan a trabajar bajo normativas y condiciones laborales del país que más convenga al empresario, es el conocido dumping social, sometiéndolos a rutas, horarios y cargas de trabajo que difieren de los estándares recomendados para un transporte seguro y unas condiciones laborales dignas. Empresas en los que los objetivos de rentabilidad tienen prioridad sobre los criterios de calidad y seguridad, tanto para los viajeros como para los trabajadores y trabajadoras.

    Para la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, la apuesta por una red de transporte público, debe ir acompañada del desarrollo de un diseño eficiente y de calidad, y como no bajo el respeto y potenciación de unas relaciones laborales que garanticen la prestación del servicio bajo unas condiciones que favorezcan la máxima seguridad tanto para los usuarios como los trabajadores.

    Enlaces relacionados

    Artículo en perspectiva nº 8

      •
    Enlaces relacionados

    Artículo en perspectiva nº 8