Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO | 29 marzo 2024.

CCOO solicita a la ministra Dolores Delgado medidas concretas para mejorar la Justicia y las condiciones laborales de quienes trabajan en ella

    El sindicato considera imprescindible y urgente un plan de choque para poner al día 300 juzgados actualmente colapsados y la creación de 400 nuevos órganos judiciales, además del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Gobierno saliente.

    11/06/2018.
    Registro Civil

    Registro Civil

    El deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia exige, a juicio del Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO, la aplicación de actuaciones concretas e inmediatas como, por ejemplo, las que el sindicato ha solicitado a la nueva ministra para la especialización y mejora en la atención a las víctimas de la violencia sobre la mujer, la defensa del mantenimiento de las oficinas del Registro Civil en todas las localidades, una nueva y mejor estrategia para la implantación de las nuevas tecnologías y el expediente judicial electrónico y de la nueva oficina judicial y fiscal, así como la mejora de la gran cantidad de instalaciones y edificios judiciales donde se incumplen las exigencias mínimas en materia de seguridad y salud.

    Pero fundamentalmente este sindicato entiende que el número de jueces y juezas y demás personal es absolutamente insuficiente en gran cantidad de capitales de provincia y partidos judiciales y estima necesario el incremento de estos medios personales en una cifra que rondaría los 4.000 nuevos efectivos de las carreras judicial y fiscal, de los cuerpos funcionariales de letrados, médicos forenses, Gestión, Tramitación, Auxilio Judicial, cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología (facultativos, técnicos especialistas y auxiliares de laboratorio) y de las diversas categorías del personal laboral que asiste a la Administración de Justicia (personal de Psicología, Trabajo Social, educadores, peritos tasadores/as, intérpretes-traductores/as, oficial de actividades específicas, de autopsias y otras categorías).

    CCOO ha solicitado también a la ministra Delgado medidas para dignificar y mejorar las condiciones de trabajo del personal que trabaja en los juzgados, tribunales y fiscalías. Algunas de ellas ya pactadas con el Gobierno saliente desde hace años y que no llegó a dar cumplimiento, como son la conversión en plantilla de las plazas de refuerzo de tres o más años de antigüedad, la devolución de la totalidad de los días de permiso, la corrección de más de 150.000 errores de cotización a la Seguridad Social por periodos trabajados y no reconocidos al personal interino, la convocatoria de más de 10.000 plazas en las ofertas de empleo público de los años 2017 a 2019 que debió comenzar el pasado año, la negociación del Plan de Igualdad, la eliminación de los descuentos en los casos de baja laboral o la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales.

    Junto a ello el sindicato sigue insistiendo en que se eliminen las diferencias retributivas que dependen de la localidad o de la comunidad autónoma en que se trabaje; la extensión del complemento de productividad (que solo cobran jueces, fiscales y letrados) al resto de los cuerpos y categorías profesionales; el reconocimiento de la carrera profesional y el incremento de las plazas reservadas para la promoción interna; la elevación de los fondos destinados a la acción social, a la formación y a las prestaciones de la Mutualidad General Judicial, al menos para recuperar los niveles anteriores a los duros recortes del año 2012; el 100% de las retribuciones cuando se realizan tareas de un cuerpo de superior titulación por sustitución, y el cumplimiento de las leyes y directivas y del pacto de Estado en materia de violencia sobre la mujer, mediante la especialización y formación de quienes trabajan en los órganos judiciales que atienden a las mujeres víctimas de estos delitos y su reconocimiento profesional y retributivo.

    CCOO ha solicitado por último a la ministra, tras felicitarla por su nombramiento, que se paralice la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el ministro Catalá, en especial en lo referente a que el municipio sea el centro de destino del personal funcionario, en lugar de que sea, como lo es en la actualidad, cada uno de los centros de trabajo de la localidad, ya que esto puede provocar reducciones en las retribuciones y otros derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras.