25N, contra la violencia de género

A lo largo del año FSC-CCOO lucha por prevenir la violencia contra las mujeres, sin embargo, hay fechas especiales como la del 25 de noviembre en la que los esfuerzos se duplican. En este caso, la fecha viene precedida de una agudización del machismo, pero también de una fuerte reacción feminista.

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La apertura parcial de dos nuevos centros penitenciarios, Ceuta y Archidona, dentro del Plan de Amortización de centros, ha agravado notablemente la situación de falta de personal que padecen endémicamente las prisiones españolas. Desde el inicio de la crisis hay numerosas infraestructuras finalizadas y/o en construcción, sin dotación suficiente de personal para ellas.

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Se eligió como vicepresidente del Comité a José Antonio Herráez, actual secretario general de la Sección Sindical Estatal de Iberia-CCOO.

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El sindicato exige que se abra un espacio de negociación concreto, claro y con compromisos, para poder avanzar en la recuperación de los derechos arrebatados a tres millones de empleadas y empleados públicos.

Valorarán llevar a cabo movilizaciones los días 17, 18 y 19 de diciembre, coincidiendo con las jornadas de voto en urna que, como parte del proceso electoral al Parlament de Catalunya, se desarrollarán en las diferentes representaciones y consulados en el exterior.

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Desde el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género son un momento para unir esfuerzos y adelantar acciones que contribuyan a terminar el flagelo que representa la violencia contra las mujeres y las niñas alrededor del mundo.

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La Administración concursal ha iniciado la primera fase de despidos, previstos para diciembre, que finalmente afectará a 469 trabajadores, el 21% de la plantilla. CCOO muestra su rechazo y recuerda que la compra por parte de Correos o de otro operador es posible y viable y ha vuelto demandar la implicación del Gobierno para evitar un cierre que afectaría a más de 2.000 personas.

Más noticias

Problemas en la expedición del DNI

Esta tarea, que venía siendo realizada de forma pública y gratuita en los registros civiles, podrá ser ahora ejercida por los y las abogadas, que cobrarán por ello a quienes puedan permitirse el pago, quedando abandonadas a su suerte las personas que no dispongan de medios económicos suficientes.

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Esta tarea, que venía siendo realizada de forma pública y gratuita en los registros civiles, podrá ser ahora ejercida por los y las abogadas, que cobrarán por ello a quienes puedan permitirse el pago, quedando abandonadas a su suerte las personas que no dispongan de medios económicos suficientes.

Opinión

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Esta tarea, que venía siendo realizada de forma pública y gratuita en los registros civiles, podrá ser ahora ejercida por los y las abogadas, que cobrarán por ello a quienes puedan permitirse el pago, quedando abandonadas a su suerte las personas que no dispongan de medios económicos suficientes.

Repensar el sindicato

#ReclamacionTemporales

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Documentos

13.09.2017

CCOO denuncia la consumación de la privatización de las solicitudes de nacionalidad por residencia

Hoy se ha publicado en el BOE el convenio de colaboración de la Secretaría de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia.

Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

13.09.2017

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Hoy se ha publicado en el BOE el convenio de colaboración de la Secretaría de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia.

Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

13.09.2017

CCOO denuncia la consumación de la privatización de las solicitudes de nacionalidad por residencia

Hoy se ha publicado en el BOE el convenio de colaboración de la Secretaría de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia.

Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

13.09.2017

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Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

13.09.2017

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Hoy se ha publicado en el BOE el convenio de colaboración de la Secretaría de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia.

Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

13.09.2017

CCOO denuncia la consumación de la privatización de las solicitudes de nacionalidad por residencia

Hoy se ha publicado en el BOE el convenio de colaboración de la Secretaría de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia.

Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

13.09.2017

CCOO denuncia la consumación de la privatización de las solicitudes de nacionalidad por residencia

Hoy se ha publicado en el BOE el convenio de colaboración de la Secretaría de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia.

Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

13.09.2017

CCOO denuncia la consumación de la privatización de las solicitudes de nacionalidad por residencia

Hoy se ha publicado en el BOE el convenio de colaboración de la Secretaría de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia.

Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

13.09.2017

CCOO denuncia la consumación de la privatización de las solicitudes de nacionalidad por residencia

Hoy se ha publicado en el BOE el convenio de colaboración de la Secretaría de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia.

Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

13.09.2017

CCOO denuncia la consumación de la privatización de las solicitudes de nacionalidad por residencia

Hoy se ha publicado en el BOE el convenio de colaboración de la Secretaría de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia.

Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

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