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CCOO celebra que la nueva ley incluya propuestas sindicales para aumentar las garantías sociales, laborales y medioambientales.

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#noEREUnipost

En la primera reunión del período de consultas celebrada el 18 de octubre entre la administración concursal, la empresa Unipost y los sindicatos, la administradora concursal ha recalcado que la única salida pasa por la compra del primer operador postal privado del país.

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El ya anunciado corte de frontera entre España y Portugal se ha producido en 18 de octubre en el paso fronterizo hispano-luso entre las localidades de Fuentes de Oñoro, y Vilar Formoso, con la participación de CCOO y el sindicato portugués FECTRANS.

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Mantuvieron una reunión para establecer cauces de colaboración entre las dos entidades

Las personas con síndrome de Down tienen derecho a trabajar (en igualdad de condiciones), a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido y en un entorno laboral que sea abierto, inclusivo y accesible. Así lo establece el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la ONU y ratificada por España en 2008.

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#RecuperarLoArrebatado

El sindicato rechaza la posible congelación salarial e intensificará las movilizaciones ante la pasividad del Gobierno respecto a seguir trabajando para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

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El Sector del Ciclo Integral del Agua en coordinación con la Secretaría de Salud laboral de FSC-CCOO, inician una campaña de estudio de la salud en este sector, con el objetivo de hacer visibles los patógenos que existen en el agua o en los productos que se utilizan para su tratamiento.

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La reunión en el SIMA concluyó sin acuerdo, por lo que se ha registrado la convocatoria de huelga para los días 25 y 26 de octubre y 7 y 8 de noviembre.

Más noticias

  • En 2015 hubo casi 9.000 accidentes laborales más que en 2012 en las Administraciones Públicas.
  • En un 44% de los accidentes laborales no se había realizado evaluación de riesgos del puesto.

  

  • En 2015 hubo casi 9.000 accidentes laborales más que en 2012 en las Administraciones Públicas.
  • En un 44% de los accidentes laborales no se había realizado evaluación de riesgos del puesto.

  

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Opinión

  • En 2015 hubo casi 9.000 accidentes laborales más que en 2012 en las Administraciones Públicas.
  • En un 44% de los accidentes laborales no se había realizado evaluación de riesgos del puesto.

  

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  • En un 44% de los accidentes laborales no se había realizado evaluación de riesgos del puesto.

  

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06/04/2017
  • En 2015 hubo casi 9.000 accidentes laborales más que en 2012 en las Administraciones Públicas.
  • En un 44% de los accidentes laborales no se había realizado evaluación de riesgos del puesto.

  

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Repensar el sindicato

#ReclamacionTemporales

#ReclamacionTemporales

Documentos

06.04.2017

CCOO denuncia un aumento de la siniestralidad laboral en las Administraciones Públicas

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO ha elaborado un estudio que analiza la siniestralidad laboral en las Administraciones Públicas. Los datos ponen de manifiesto un panorama muy negativo en lo referente a la prevención de riesgos.

CCOO ha encontrado una falta de transparencia y enormes dificultades para obtener datos del conjunto, a lo que hay que unir la imposibilidad de conocer el número de personas que desempeñan su trabajo para la Administración Pública y la diferenciación del tipo de entidad que gestiona las contingencias profesionales: Seguridad Social, y las tres mutualidades MUGEJU, MUFACE, ISFAS. Esto obliga a utilizar cifras claramente subestimadas.

Para trabajadoras y trabajadores con las contingencias de trabajo cubiertas por la Seguridad Social, se publican los datos contabilizados de accidentes de trabajo del sistema Delt@. No es el caso de las y los empleados públicos, que tienen las contingencias cubiertas con las entidades MUGEJU, MUFACE e ISFAS, pues no publican datos pormenorizados de siniestralidad, ni realizan un volcado de datos al sistema Delt@, ni existe homogeneidad de fuentes.

La siniestralidad laboral ha aumentado por encima de la media tanto en valores absolutos como en valores relativos, a partir del año 2012. La duración media de las bajas también se está incrementando, y en la Administración afecta principalmente al colectivo mayor de 40 años. Asimismo, en un porcentaje muy elevado de los accidentes con baja, no se había realizado evaluación de riesgos del puesto de trabajo.

Por patologías, los trastornos musculoesqueléticos encabezan la lista, pero también están aumentando en el sector público de forma importante los factores como violencia, agresión, miedo o amenaza.

Asimismo, es destacable que la mujer en la Administración pública es un colectivo prioritario en cuanto a siniestralidad.

En referencia a los datos que aporta el Ministerio de Hacienda, podemos ver que existen organismos con una elevada siniestralidad. Es el caso del Instituto Nacional de Artes Escénicas, con un importante porcentaje de accidentes/enfermedades en relación al tamaño de su plantilla. De los ministerios con mayor siniestralidad destacan Defensa, Presidencia, Agricultura y Sanidad.

Es fundamental conocer exhaustivamente no sólo los datos de siniestralidad, sino las causas y circunstancias en las que suceden los accidentes y las enfermedades profesionales para poder realizar una obligada e imprescindible actuación en prevención de los riesgos laborales que afectan a la Administración Pública.

No debemos olvidar que entre los años 2012 a 2016 han fallecido por accidente laboral cerca de 3.000 personas y 188 en el caso concreto de la Administración Pública.

Estos datos son claramente inadmisibles y ponen en evidencia una lacra social que podemos y debemos erradicar con una mayor conciencia e inversión en prevención de riesgos laborales.

Por todo ello, Comisiones Obreras reclama:

- Revisar la eficacia de las evaluaciones de riesgos.
- Transparencia en los datos, sobre todo en las mutualidades.
- Implementar medidas en cada etapa de la vida laboral.
- Campañas para prevenir y evaluar los riesgos psicosociales así como para evitar casos de violencia.
- Estudiar de forma pormenorizada al colectivo de mujeres en las Administraciones.
- Identificar los riesgos concretos de enfermedad profesional.

 

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06.04.2017

CCOO denuncia un aumento de la siniestralidad laboral en las Administraciones Públicas

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO ha elaborado un estudio que analiza la siniestralidad laboral en las Administraciones Públicas. Los datos ponen de manifiesto un panorama muy negativo en lo referente a la prevención de riesgos.

CCOO ha encontrado una falta de transparencia y enormes dificultades para obtener datos del conjunto, a lo que hay que unir la imposibilidad de conocer el número de personas que desempeñan su trabajo para la Administración Pública y la diferenciación del tipo de entidad que gestiona las contingencias profesionales: Seguridad Social, y las tres mutualidades MUGEJU, MUFACE, ISFAS. Esto obliga a utilizar cifras claramente subestimadas.

Para trabajadoras y trabajadores con las contingencias de trabajo cubiertas por la Seguridad Social, se publican los datos contabilizados de accidentes de trabajo del sistema Delt@. No es el caso de las y los empleados públicos, que tienen las contingencias cubiertas con las entidades MUGEJU, MUFACE e ISFAS, pues no publican datos pormenorizados de siniestralidad, ni realizan un volcado de datos al sistema Delt@, ni existe homogeneidad de fuentes.

La siniestralidad laboral ha aumentado por encima de la media tanto en valores absolutos como en valores relativos, a partir del año 2012. La duración media de las bajas también se está incrementando, y en la Administración afecta principalmente al colectivo mayor de 40 años. Asimismo, en un porcentaje muy elevado de los accidentes con baja, no se había realizado evaluación de riesgos del puesto de trabajo.

Por patologías, los trastornos musculoesqueléticos encabezan la lista, pero también están aumentando en el sector público de forma importante los factores como violencia, agresión, miedo o amenaza.

Asimismo, es destacable que la mujer en la Administración pública es un colectivo prioritario en cuanto a siniestralidad.

En referencia a los datos que aporta el Ministerio de Hacienda, podemos ver que existen organismos con una elevada siniestralidad. Es el caso del Instituto Nacional de Artes Escénicas, con un importante porcentaje de accidentes/enfermedades en relación al tamaño de su plantilla. De los ministerios con mayor siniestralidad destacan Defensa, Presidencia, Agricultura y Sanidad.

Es fundamental conocer exhaustivamente no sólo los datos de siniestralidad, sino las causas y circunstancias en las que suceden los accidentes y las enfermedades profesionales para poder realizar una obligada e imprescindible actuación en prevención de los riesgos laborales que afectan a la Administración Pública.

No debemos olvidar que entre los años 2012 a 2016 han fallecido por accidente laboral cerca de 3.000 personas y 188 en el caso concreto de la Administración Pública.

Estos datos son claramente inadmisibles y ponen en evidencia una lacra social que podemos y debemos erradicar con una mayor conciencia e inversión en prevención de riesgos laborales.

Por todo ello, Comisiones Obreras reclama:

- Revisar la eficacia de las evaluaciones de riesgos.
- Transparencia en los datos, sobre todo en las mutualidades.
- Implementar medidas en cada etapa de la vida laboral.
- Campañas para prevenir y evaluar los riesgos psicosociales así como para evitar casos de violencia.
- Estudiar de forma pormenorizada al colectivo de mujeres en las Administraciones.
- Identificar los riesgos concretos de enfermedad profesional.

 

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CCOO denuncia un aumento de la siniestralidad laboral en las Administraciones Públicas

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO ha elaborado un estudio que analiza la siniestralidad laboral en las Administraciones Públicas. Los datos ponen de manifiesto un panorama muy negativo en lo referente a la prevención de riesgos.

CCOO ha encontrado una falta de transparencia y enormes dificultades para obtener datos del conjunto, a lo que hay que unir la imposibilidad de conocer el número de personas que desempeñan su trabajo para la Administración Pública y la diferenciación del tipo de entidad que gestiona las contingencias profesionales: Seguridad Social, y las tres mutualidades MUGEJU, MUFACE, ISFAS. Esto obliga a utilizar cifras claramente subestimadas.

Para trabajadoras y trabajadores con las contingencias de trabajo cubiertas por la Seguridad Social, se publican los datos contabilizados de accidentes de trabajo del sistema Delt@. No es el caso de las y los empleados públicos, que tienen las contingencias cubiertas con las entidades MUGEJU, MUFACE e ISFAS, pues no publican datos pormenorizados de siniestralidad, ni realizan un volcado de datos al sistema Delt@, ni existe homogeneidad de fuentes.

La siniestralidad laboral ha aumentado por encima de la media tanto en valores absolutos como en valores relativos, a partir del año 2012. La duración media de las bajas también se está incrementando, y en la Administración afecta principalmente al colectivo mayor de 40 años. Asimismo, en un porcentaje muy elevado de los accidentes con baja, no se había realizado evaluación de riesgos del puesto de trabajo.

Por patologías, los trastornos musculoesqueléticos encabezan la lista, pero también están aumentando en el sector público de forma importante los factores como violencia, agresión, miedo o amenaza.

Asimismo, es destacable que la mujer en la Administración pública es un colectivo prioritario en cuanto a siniestralidad.

En referencia a los datos que aporta el Ministerio de Hacienda, podemos ver que existen organismos con una elevada siniestralidad. Es el caso del Instituto Nacional de Artes Escénicas, con un importante porcentaje de accidentes/enfermedades en relación al tamaño de su plantilla. De los ministerios con mayor siniestralidad destacan Defensa, Presidencia, Agricultura y Sanidad.

Es fundamental conocer exhaustivamente no sólo los datos de siniestralidad, sino las causas y circunstancias en las que suceden los accidentes y las enfermedades profesionales para poder realizar una obligada e imprescindible actuación en prevención de los riesgos laborales que afectan a la Administración Pública.

No debemos olvidar que entre los años 2012 a 2016 han fallecido por accidente laboral cerca de 3.000 personas y 188 en el caso concreto de la Administración Pública.

Estos datos son claramente inadmisibles y ponen en evidencia una lacra social que podemos y debemos erradicar con una mayor conciencia e inversión en prevención de riesgos laborales.

Por todo ello, Comisiones Obreras reclama:

- Revisar la eficacia de las evaluaciones de riesgos.
- Transparencia en los datos, sobre todo en las mutualidades.
- Implementar medidas en cada etapa de la vida laboral.
- Campañas para prevenir y evaluar los riesgos psicosociales así como para evitar casos de violencia.
- Estudiar de forma pormenorizada al colectivo de mujeres en las Administraciones.
- Identificar los riesgos concretos de enfermedad profesional.

 

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06.04.2017

CCOO denuncia un aumento de la siniestralidad laboral en las Administraciones Públicas

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO ha elaborado un estudio que analiza la siniestralidad laboral en las Administraciones Públicas. Los datos ponen de manifiesto un panorama muy negativo en lo referente a la prevención de riesgos.

CCOO ha encontrado una falta de transparencia y enormes dificultades para obtener datos del conjunto, a lo que hay que unir la imposibilidad de conocer el número de personas que desempeñan su trabajo para la Administración Pública y la diferenciación del tipo de entidad que gestiona las contingencias profesionales: Seguridad Social, y las tres mutualidades MUGEJU, MUFACE, ISFAS. Esto obliga a utilizar cifras claramente subestimadas.

Para trabajadoras y trabajadores con las contingencias de trabajo cubiertas por la Seguridad Social, se publican los datos contabilizados de accidentes de trabajo del sistema Delt@. No es el caso de las y los empleados públicos, que tienen las contingencias cubiertas con las entidades MUGEJU, MUFACE e ISFAS, pues no publican datos pormenorizados de siniestralidad, ni realizan un volcado de datos al sistema Delt@, ni existe homogeneidad de fuentes.

La siniestralidad laboral ha aumentado por encima de la media tanto en valores absolutos como en valores relativos, a partir del año 2012. La duración media de las bajas también se está incrementando, y en la Administración afecta principalmente al colectivo mayor de 40 años. Asimismo, en un porcentaje muy elevado de los accidentes con baja, no se había realizado evaluación de riesgos del puesto de trabajo.

Por patologías, los trastornos musculoesqueléticos encabezan la lista, pero también están aumentando en el sector público de forma importante los factores como violencia, agresión, miedo o amenaza.

Asimismo, es destacable que la mujer en la Administración pública es un colectivo prioritario en cuanto a siniestralidad.

En referencia a los datos que aporta el Ministerio de Hacienda, podemos ver que existen organismos con una elevada siniestralidad. Es el caso del Instituto Nacional de Artes Escénicas, con un importante porcentaje de accidentes/enfermedades en relación al tamaño de su plantilla. De los ministerios con mayor siniestralidad destacan Defensa, Presidencia, Agricultura y Sanidad.

Es fundamental conocer exhaustivamente no sólo los datos de siniestralidad, sino las causas y circunstancias en las que suceden los accidentes y las enfermedades profesionales para poder realizar una obligada e imprescindible actuación en prevención de los riesgos laborales que afectan a la Administración Pública.

No debemos olvidar que entre los años 2012 a 2016 han fallecido por accidente laboral cerca de 3.000 personas y 188 en el caso concreto de la Administración Pública.

Estos datos son claramente inadmisibles y ponen en evidencia una lacra social que podemos y debemos erradicar con una mayor conciencia e inversión en prevención de riesgos laborales.

Por todo ello, Comisiones Obreras reclama:

- Revisar la eficacia de las evaluaciones de riesgos.
- Transparencia en los datos, sobre todo en las mutualidades.
- Implementar medidas en cada etapa de la vida laboral.
- Campañas para prevenir y evaluar los riesgos psicosociales así como para evitar casos de violencia.
- Estudiar de forma pormenorizada al colectivo de mujeres en las Administraciones.
- Identificar los riesgos concretos de enfermedad profesional.

 

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CCOO denuncia un aumento de la siniestralidad laboral en las Administraciones Públicas

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO ha elaborado un estudio que analiza la siniestralidad laboral en las Administraciones Públicas. Los datos ponen de manifiesto un panorama muy negativo en lo referente a la prevención de riesgos.

CCOO ha encontrado una falta de transparencia y enormes dificultades para obtener datos del conjunto, a lo que hay que unir la imposibilidad de conocer el número de personas que desempeñan su trabajo para la Administración Pública y la diferenciación del tipo de entidad que gestiona las contingencias profesionales: Seguridad Social, y las tres mutualidades MUGEJU, MUFACE, ISFAS. Esto obliga a utilizar cifras claramente subestimadas.

Para trabajadoras y trabajadores con las contingencias de trabajo cubiertas por la Seguridad Social, se publican los datos contabilizados de accidentes de trabajo del sistema Delt@. No es el caso de las y los empleados públicos, que tienen las contingencias cubiertas con las entidades MUGEJU, MUFACE e ISFAS, pues no publican datos pormenorizados de siniestralidad, ni realizan un volcado de datos al sistema Delt@, ni existe homogeneidad de fuentes.

La siniestralidad laboral ha aumentado por encima de la media tanto en valores absolutos como en valores relativos, a partir del año 2012. La duración media de las bajas también se está incrementando, y en la Administración afecta principalmente al colectivo mayor de 40 años. Asimismo, en un porcentaje muy elevado de los accidentes con baja, no se había realizado evaluación de riesgos del puesto de trabajo.

Por patologías, los trastornos musculoesqueléticos encabezan la lista, pero también están aumentando en el sector público de forma importante los factores como violencia, agresión, miedo o amenaza.

Asimismo, es destacable que la mujer en la Administración pública es un colectivo prioritario en cuanto a siniestralidad.

En referencia a los datos que aporta el Ministerio de Hacienda, podemos ver que existen organismos con una elevada siniestralidad. Es el caso del Instituto Nacional de Artes Escénicas, con un importante porcentaje de accidentes/enfermedades en relación al tamaño de su plantilla. De los ministerios con mayor siniestralidad destacan Defensa, Presidencia, Agricultura y Sanidad.

Es fundamental conocer exhaustivamente no sólo los datos de siniestralidad, sino las causas y circunstancias en las que suceden los accidentes y las enfermedades profesionales para poder realizar una obligada e imprescindible actuación en prevención de los riesgos laborales que afectan a la Administración Pública.

No debemos olvidar que entre los años 2012 a 2016 han fallecido por accidente laboral cerca de 3.000 personas y 188 en el caso concreto de la Administración Pública.

Estos datos son claramente inadmisibles y ponen en evidencia una lacra social que podemos y debemos erradicar con una mayor conciencia e inversión en prevención de riesgos laborales.

Por todo ello, Comisiones Obreras reclama:

- Revisar la eficacia de las evaluaciones de riesgos.
- Transparencia en los datos, sobre todo en las mutualidades.
- Implementar medidas en cada etapa de la vida laboral.
- Campañas para prevenir y evaluar los riesgos psicosociales así como para evitar casos de violencia.
- Estudiar de forma pormenorizada al colectivo de mujeres en las Administraciones.
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CCOO denuncia un aumento de la siniestralidad laboral en las Administraciones Públicas

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO ha elaborado un estudio que analiza la siniestralidad laboral en las Administraciones Públicas. Los datos ponen de manifiesto un panorama muy negativo en lo referente a la prevención de riesgos.

CCOO ha encontrado una falta de transparencia y enormes dificultades para obtener datos del conjunto, a lo que hay que unir la imposibilidad de conocer el número de personas que desempeñan su trabajo para la Administración Pública y la diferenciación del tipo de entidad que gestiona las contingencias profesionales: Seguridad Social, y las tres mutualidades MUGEJU, MUFACE, ISFAS. Esto obliga a utilizar cifras claramente subestimadas.

Para trabajadoras y trabajadores con las contingencias de trabajo cubiertas por la Seguridad Social, se publican los datos contabilizados de accidentes de trabajo del sistema Delt@. No es el caso de las y los empleados públicos, que tienen las contingencias cubiertas con las entidades MUGEJU, MUFACE e ISFAS, pues no publican datos pormenorizados de siniestralidad, ni realizan un volcado de datos al sistema Delt@, ni existe homogeneidad de fuentes.

La siniestralidad laboral ha aumentado por encima de la media tanto en valores absolutos como en valores relativos, a partir del año 2012. La duración media de las bajas también se está incrementando, y en la Administración afecta principalmente al colectivo mayor de 40 años. Asimismo, en un porcentaje muy elevado de los accidentes con baja, no se había realizado evaluación de riesgos del puesto de trabajo.

Por patologías, los trastornos musculoesqueléticos encabezan la lista, pero también están aumentando en el sector público de forma importante los factores como violencia, agresión, miedo o amenaza.

Asimismo, es destacable que la mujer en la Administración pública es un colectivo prioritario en cuanto a siniestralidad.

En referencia a los datos que aporta el Ministerio de Hacienda, podemos ver que existen organismos con una elevada siniestralidad. Es el caso del Instituto Nacional de Artes Escénicas, con un importante porcentaje de accidentes/enfermedades en relación al tamaño de su plantilla. De los ministerios con mayor siniestralidad destacan Defensa, Presidencia, Agricultura y Sanidad.

Es fundamental conocer exhaustivamente no sólo los datos de siniestralidad, sino las causas y circunstancias en las que suceden los accidentes y las enfermedades profesionales para poder realizar una obligada e imprescindible actuación en prevención de los riesgos laborales que afectan a la Administración Pública.

No debemos olvidar que entre los años 2012 a 2016 han fallecido por accidente laboral cerca de 3.000 personas y 188 en el caso concreto de la Administración Pública.

Estos datos son claramente inadmisibles y ponen en evidencia una lacra social que podemos y debemos erradicar con una mayor conciencia e inversión en prevención de riesgos laborales.

Por todo ello, Comisiones Obreras reclama:

- Revisar la eficacia de las evaluaciones de riesgos.
- Transparencia en los datos, sobre todo en las mutualidades.
- Implementar medidas en cada etapa de la vida laboral.
- Campañas para prevenir y evaluar los riesgos psicosociales así como para evitar casos de violencia.
- Estudiar de forma pormenorizada al colectivo de mujeres en las Administraciones.
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CCOO denuncia un aumento de la siniestralidad laboral en las Administraciones Públicas

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO ha elaborado un estudio que analiza la siniestralidad laboral en las Administraciones Públicas. Los datos ponen de manifiesto un panorama muy negativo en lo referente a la prevención de riesgos.

CCOO ha encontrado una falta de transparencia y enormes dificultades para obtener datos del conjunto, a lo que hay que unir la imposibilidad de conocer el número de personas que desempeñan su trabajo para la Administración Pública y la diferenciación del tipo de entidad que gestiona las contingencias profesionales: Seguridad Social, y las tres mutualidades MUGEJU, MUFACE, ISFAS. Esto obliga a utilizar cifras claramente subestimadas.

Para trabajadoras y trabajadores con las contingencias de trabajo cubiertas por la Seguridad Social, se publican los datos contabilizados de accidentes de trabajo del sistema Delt@. No es el caso de las y los empleados públicos, que tienen las contingencias cubiertas con las entidades MUGEJU, MUFACE e ISFAS, pues no publican datos pormenorizados de siniestralidad, ni realizan un volcado de datos al sistema Delt@, ni existe homogeneidad de fuentes.

La siniestralidad laboral ha aumentado por encima de la media tanto en valores absolutos como en valores relativos, a partir del año 2012. La duración media de las bajas también se está incrementando, y en la Administración afecta principalmente al colectivo mayor de 40 años. Asimismo, en un porcentaje muy elevado de los accidentes con baja, no se había realizado evaluación de riesgos del puesto de trabajo.

Por patologías, los trastornos musculoesqueléticos encabezan la lista, pero también están aumentando en el sector público de forma importante los factores como violencia, agresión, miedo o amenaza.

Asimismo, es destacable que la mujer en la Administración pública es un colectivo prioritario en cuanto a siniestralidad.

En referencia a los datos que aporta el Ministerio de Hacienda, podemos ver que existen organismos con una elevada siniestralidad. Es el caso del Instituto Nacional de Artes Escénicas, con un importante porcentaje de accidentes/enfermedades en relación al tamaño de su plantilla. De los ministerios con mayor siniestralidad destacan Defensa, Presidencia, Agricultura y Sanidad.

Es fundamental conocer exhaustivamente no sólo los datos de siniestralidad, sino las causas y circunstancias en las que suceden los accidentes y las enfermedades profesionales para poder realizar una obligada e imprescindible actuación en prevención de los riesgos laborales que afectan a la Administración Pública.

No debemos olvidar que entre los años 2012 a 2016 han fallecido por accidente laboral cerca de 3.000 personas y 188 en el caso concreto de la Administración Pública.

Estos datos son claramente inadmisibles y ponen en evidencia una lacra social que podemos y debemos erradicar con una mayor conciencia e inversión en prevención de riesgos laborales.

Por todo ello, Comisiones Obreras reclama:

- Revisar la eficacia de las evaluaciones de riesgos.
- Transparencia en los datos, sobre todo en las mutualidades.
- Implementar medidas en cada etapa de la vida laboral.
- Campañas para prevenir y evaluar los riesgos psicosociales así como para evitar casos de violencia.
- Estudiar de forma pormenorizada al colectivo de mujeres en las Administraciones.
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