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Ante las declaraciones de Montoro de que los salarios públicos subirán aunque no haya Presupuestos, CCOO exige que dejen de hacer “anuncios de telediario” y se sienten a negociar con las organizaciones sindicales.

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El pasado 16 de enero tuvo lugar la firma del Acuerdo Marco para la igualdad en Valoriza. El Acuerdo se establece entre Valoriza y las Federaciones de Servios a la Ciudadanía, Servicios y Construcción y Servicios de CCOO y las de Servicios de Movilidad y Consumo, de Empleados de Servicios Públicos y de Industria, Construcción y Agroalimentaria de UGT.

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El Ministerio de Justicia se niega a negociar con las organizaciones sindicales un incremento retributivo para el personal de la Administración de Justicia no transferido, dependiente directamente del Ministerio, con retribuciones medias muy inferiores al personal transferido a las Comunidades Autónomas.

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Miles de pensionistas y jubilados se han movilizado hoy en numerosas capitales de provincia para reclamar “pensiones dignas”, en lo que representa la continuidad de las marchas que los sindicatos realizaron el mes de octubre pasado y que convergieron en Madrid desde diferentes puntos de España.

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#RecuperarLoArrebatado

Afirman que no dudarán “en intensificar las movilizaciones hasta que los resultados de la negociación recompensen el enorme esfuerzo y los recortes que han sufrido las empleadas y empleados públicos”.

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Con el Seminario Perspectiva: Sindicalismo del siglo XXI iniciamos una serie de trabajos de reflexión en profundidad sobre la realidad del mundo del trabajo y el papel del sindicato. Inscripciones hasta completar aforo, fecha límite 26 de enero de 2018

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“Los sindicatos de prisiones hemos acordado unirnos frente al Ministerio del Interior, con el objetivo de abordar la brecha salarial que se produce entre los diferentes centros penitenciarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, rechazando la fórmula de equiparación con Cataluña que dejaba fuera a varios colectivos como el personal laboral o de oficinas”.

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Manifestación de Instituciones Penitenciarias de CCOO

El déficit estructural de personal en Instituciones Penitenciarias, con unas vacantes superiores al 13%, el envejecimiento de las plantillas y la enorme carga de trabajo a pesar del descenso de las personas privadas de libertad, sitúan al sistema penitenciario en una situación muy delicada y con claros síntomas de deterioro que harán inviable el servicio público de prisiones en los próximos meses.

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Concentraciones del día 24 de noviembre de 2017 #AhoraLoPúblico

25-11-2017

Concentraciones en todo el Estado del día 24 de noviembre de 2017 Empleo, Salario y Derechos
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Concentraciones 24 de noviembre de 2017 #AhoraLoPúblico

#ReclamacionTemporales

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Documentos

15.03.2017

CCOO denuncia el colapso del sistema penitenciario por la falta de personal y su envejecimiento

La Sección Sindical Estatal de Instituciones Penitenciarias (IIPP) en CCOO quiere manifestar su preocupación por los datos que la Administración Penitenciaria ha facilitado una vez que desde este sindicato y a través de la Ley de Transparencia se solicitó el número de vacantes de personal penitenciario en los centros que son competencia de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. Según estos datos hay 2.855 vacantes, lo que supone un 13% del personal total de IIPP; 2.202 vacantes corresponden a personal funcionario y 653 a personal laboral.

El caso del personal laboral es extremadamente grave ya que el porcentaje de vacantes es superior al 25% del personal, cifra absolutamente inasumible, que imposibilita cualquier gestión pública de las labores que le son encomendadas. En este caso la privatización ya es una realidad y hay empresas que realizan funciones de mantenimiento, limpieza, o demandaduría mientras que no se cubren los efectivos de personal laboral.

E incluso nos encontramos con situaciones donde personal interno a través de talleres de limpieza, sustituye a empleados y empleadas públicas que se jubilan, donde las personas privadas de libertad reciben una remuneración muy por debajo del sueldo mínimo interprofesional, que en muchos casos no supera los 300 euros anuales.

A este déficit estructural hay que sumar el paulatino envejecimiento de la plantilla, que sitúa a Instituciones Penitenciaras en una situación objetiva muy delicada en los próximos meses, por la inmediata jubilación de una parte muy importante de los efectivos.

Según los datos oficiales que la Administración Penitenciaria ha facilitado a Comisiones Obreras, una vez que se solicitaron por la vía de la Ley de Transparencia, el 38% de los empleadas y empleados públicos de Instituciones Penitenciarias tiene más de 51 años y sólo el 23% del personal penitenciario tiene menos de 40 años.

En algunos centros más del 60% de la plantilla tiene edades superiores a los 51 años, como es el caso de los centros de Cáceres, Burgos, CIS de Granada, CIS Victoria Kent, Topas y Villabona. El Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) es el que tiene el dudoso honor de tener la plantilla más veterana de Instituciones Penitenciarias, con un 66,52% de sus trabajadores y trabajadoras con más de 51 años.

“Desde CCOO también queremos hacer mención al reciente informe del Consejo de Europa, donde se establece que las cárceles españolas figuran entre las más masificadas de Europa. Por cada 100 celdas disponibles, la Administración aloja a 119,6 presos, frente a una media europea de 91,4. La sobreocupación española se ha agravado en el último año a pesar de que el volumen de presos ha descendido”.

El dato empeora sensiblemente si se excluye a Cataluña. El Consejo de Europa computa por separado las cifras catalanas porque esa comunidad tiene transferidas las competencias penitenciarias. Sin Cataluña, España alcanzaría el segundo peor registro: 133 presos por cada 100 plazas.

A pesar de que la población penitenciaria ha disminuido en los últimos años, la ratio actual entre número de empleada y empleado público y personal interno es del 2,2, una de las más elevadas en Europa y muy lejana de la de los países nórdicos que están alrededor de 1 empleado/interno.

En el contexto actual, denuncia CCOO, con unas plantillas muy mermadas y envejecidas y con una carga de trabajo muy elevada debido al elevado número de personas internas respecto al número de trabajadoras y trabajadores penitenciarios, el servicio público de prisiones se encuentra profundamente colapsado y con síntomas manifiestos de deterioro grave.

“Ante esta realidad, desde CCOO, queremos manifestar que los fines constitucionales de reinserción se han convertido en una mera declaración de intenciones y resulta imposible garantizar la seguridad y custodia de las personas internas y, lo que resulta aún mas preocupante, la propia salud de las empleadas y empleados públicos penitenciarios”.

15.03.2017

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La Sección Sindical Estatal de Instituciones Penitenciarias (IIPP) en CCOO quiere manifestar su preocupación por los datos que la Administración Penitenciaria ha facilitado una vez que desde este sindicato y a través de la Ley de Transparencia se solicitó el número de vacantes de personal penitenciario en los centros que son competencia de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. Según estos datos hay 2.855 vacantes, lo que supone un 13% del personal total de IIPP; 2.202 vacantes corresponden a personal funcionario y 653 a personal laboral.

El caso del personal laboral es extremadamente grave ya que el porcentaje de vacantes es superior al 25% del personal, cifra absolutamente inasumible, que imposibilita cualquier gestión pública de las labores que le son encomendadas. En este caso la privatización ya es una realidad y hay empresas que realizan funciones de mantenimiento, limpieza, o demandaduría mientras que no se cubren los efectivos de personal laboral.

E incluso nos encontramos con situaciones donde personal interno a través de talleres de limpieza, sustituye a empleados y empleadas públicas que se jubilan, donde las personas privadas de libertad reciben una remuneración muy por debajo del sueldo mínimo interprofesional, que en muchos casos no supera los 300 euros anuales.

A este déficit estructural hay que sumar el paulatino envejecimiento de la plantilla, que sitúa a Instituciones Penitenciaras en una situación objetiva muy delicada en los próximos meses, por la inmediata jubilación de una parte muy importante de los efectivos.

Según los datos oficiales que la Administración Penitenciaria ha facilitado a Comisiones Obreras, una vez que se solicitaron por la vía de la Ley de Transparencia, el 38% de los empleadas y empleados públicos de Instituciones Penitenciarias tiene más de 51 años y sólo el 23% del personal penitenciario tiene menos de 40 años.

En algunos centros más del 60% de la plantilla tiene edades superiores a los 51 años, como es el caso de los centros de Cáceres, Burgos, CIS de Granada, CIS Victoria Kent, Topas y Villabona. El Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) es el que tiene el dudoso honor de tener la plantilla más veterana de Instituciones Penitenciarias, con un 66,52% de sus trabajadores y trabajadoras con más de 51 años.

“Desde CCOO también queremos hacer mención al reciente informe del Consejo de Europa, donde se establece que las cárceles españolas figuran entre las más masificadas de Europa. Por cada 100 celdas disponibles, la Administración aloja a 119,6 presos, frente a una media europea de 91,4. La sobreocupación española se ha agravado en el último año a pesar de que el volumen de presos ha descendido”.

El dato empeora sensiblemente si se excluye a Cataluña. El Consejo de Europa computa por separado las cifras catalanas porque esa comunidad tiene transferidas las competencias penitenciarias. Sin Cataluña, España alcanzaría el segundo peor registro: 133 presos por cada 100 plazas.

A pesar de que la población penitenciaria ha disminuido en los últimos años, la ratio actual entre número de empleada y empleado público y personal interno es del 2,2, una de las más elevadas en Europa y muy lejana de la de los países nórdicos que están alrededor de 1 empleado/interno.

En el contexto actual, denuncia CCOO, con unas plantillas muy mermadas y envejecidas y con una carga de trabajo muy elevada debido al elevado número de personas internas respecto al número de trabajadoras y trabajadores penitenciarios, el servicio público de prisiones se encuentra profundamente colapsado y con síntomas manifiestos de deterioro grave.

“Ante esta realidad, desde CCOO, queremos manifestar que los fines constitucionales de reinserción se han convertido en una mera declaración de intenciones y resulta imposible garantizar la seguridad y custodia de las personas internas y, lo que resulta aún mas preocupante, la propia salud de las empleadas y empleados públicos penitenciarios”.

15.03.2017

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La Sección Sindical Estatal de Instituciones Penitenciarias (IIPP) en CCOO quiere manifestar su preocupación por los datos que la Administración Penitenciaria ha facilitado una vez que desde este sindicato y a través de la Ley de Transparencia se solicitó el número de vacantes de personal penitenciario en los centros que son competencia de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. Según estos datos hay 2.855 vacantes, lo que supone un 13% del personal total de IIPP; 2.202 vacantes corresponden a personal funcionario y 653 a personal laboral.

El caso del personal laboral es extremadamente grave ya que el porcentaje de vacantes es superior al 25% del personal, cifra absolutamente inasumible, que imposibilita cualquier gestión pública de las labores que le son encomendadas. En este caso la privatización ya es una realidad y hay empresas que realizan funciones de mantenimiento, limpieza, o demandaduría mientras que no se cubren los efectivos de personal laboral.

E incluso nos encontramos con situaciones donde personal interno a través de talleres de limpieza, sustituye a empleados y empleadas públicas que se jubilan, donde las personas privadas de libertad reciben una remuneración muy por debajo del sueldo mínimo interprofesional, que en muchos casos no supera los 300 euros anuales.

A este déficit estructural hay que sumar el paulatino envejecimiento de la plantilla, que sitúa a Instituciones Penitenciaras en una situación objetiva muy delicada en los próximos meses, por la inmediata jubilación de una parte muy importante de los efectivos.

Según los datos oficiales que la Administración Penitenciaria ha facilitado a Comisiones Obreras, una vez que se solicitaron por la vía de la Ley de Transparencia, el 38% de los empleadas y empleados públicos de Instituciones Penitenciarias tiene más de 51 años y sólo el 23% del personal penitenciario tiene menos de 40 años.

En algunos centros más del 60% de la plantilla tiene edades superiores a los 51 años, como es el caso de los centros de Cáceres, Burgos, CIS de Granada, CIS Victoria Kent, Topas y Villabona. El Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) es el que tiene el dudoso honor de tener la plantilla más veterana de Instituciones Penitenciarias, con un 66,52% de sus trabajadores y trabajadoras con más de 51 años.

“Desde CCOO también queremos hacer mención al reciente informe del Consejo de Europa, donde se establece que las cárceles españolas figuran entre las más masificadas de Europa. Por cada 100 celdas disponibles, la Administración aloja a 119,6 presos, frente a una media europea de 91,4. La sobreocupación española se ha agravado en el último año a pesar de que el volumen de presos ha descendido”.

El dato empeora sensiblemente si se excluye a Cataluña. El Consejo de Europa computa por separado las cifras catalanas porque esa comunidad tiene transferidas las competencias penitenciarias. Sin Cataluña, España alcanzaría el segundo peor registro: 133 presos por cada 100 plazas.

A pesar de que la población penitenciaria ha disminuido en los últimos años, la ratio actual entre número de empleada y empleado público y personal interno es del 2,2, una de las más elevadas en Europa y muy lejana de la de los países nórdicos que están alrededor de 1 empleado/interno.

En el contexto actual, denuncia CCOO, con unas plantillas muy mermadas y envejecidas y con una carga de trabajo muy elevada debido al elevado número de personas internas respecto al número de trabajadoras y trabajadores penitenciarios, el servicio público de prisiones se encuentra profundamente colapsado y con síntomas manifiestos de deterioro grave.

“Ante esta realidad, desde CCOO, queremos manifestar que los fines constitucionales de reinserción se han convertido en una mera declaración de intenciones y resulta imposible garantizar la seguridad y custodia de las personas internas y, lo que resulta aún mas preocupante, la propia salud de las empleadas y empleados públicos penitenciarios”.

15.03.2017

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La Sección Sindical Estatal de Instituciones Penitenciarias (IIPP) en CCOO quiere manifestar su preocupación por los datos que la Administración Penitenciaria ha facilitado una vez que desde este sindicato y a través de la Ley de Transparencia se solicitó el número de vacantes de personal penitenciario en los centros que son competencia de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. Según estos datos hay 2.855 vacantes, lo que supone un 13% del personal total de IIPP; 2.202 vacantes corresponden a personal funcionario y 653 a personal laboral.

El caso del personal laboral es extremadamente grave ya que el porcentaje de vacantes es superior al 25% del personal, cifra absolutamente inasumible, que imposibilita cualquier gestión pública de las labores que le son encomendadas. En este caso la privatización ya es una realidad y hay empresas que realizan funciones de mantenimiento, limpieza, o demandaduría mientras que no se cubren los efectivos de personal laboral.

E incluso nos encontramos con situaciones donde personal interno a través de talleres de limpieza, sustituye a empleados y empleadas públicas que se jubilan, donde las personas privadas de libertad reciben una remuneración muy por debajo del sueldo mínimo interprofesional, que en muchos casos no supera los 300 euros anuales.

A este déficit estructural hay que sumar el paulatino envejecimiento de la plantilla, que sitúa a Instituciones Penitenciaras en una situación objetiva muy delicada en los próximos meses, por la inmediata jubilación de una parte muy importante de los efectivos.

Según los datos oficiales que la Administración Penitenciaria ha facilitado a Comisiones Obreras, una vez que se solicitaron por la vía de la Ley de Transparencia, el 38% de los empleadas y empleados públicos de Instituciones Penitenciarias tiene más de 51 años y sólo el 23% del personal penitenciario tiene menos de 40 años.

En algunos centros más del 60% de la plantilla tiene edades superiores a los 51 años, como es el caso de los centros de Cáceres, Burgos, CIS de Granada, CIS Victoria Kent, Topas y Villabona. El Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) es el que tiene el dudoso honor de tener la plantilla más veterana de Instituciones Penitenciarias, con un 66,52% de sus trabajadores y trabajadoras con más de 51 años.

“Desde CCOO también queremos hacer mención al reciente informe del Consejo de Europa, donde se establece que las cárceles españolas figuran entre las más masificadas de Europa. Por cada 100 celdas disponibles, la Administración aloja a 119,6 presos, frente a una media europea de 91,4. La sobreocupación española se ha agravado en el último año a pesar de que el volumen de presos ha descendido”.

El dato empeora sensiblemente si se excluye a Cataluña. El Consejo de Europa computa por separado las cifras catalanas porque esa comunidad tiene transferidas las competencias penitenciarias. Sin Cataluña, España alcanzaría el segundo peor registro: 133 presos por cada 100 plazas.

A pesar de que la población penitenciaria ha disminuido en los últimos años, la ratio actual entre número de empleada y empleado público y personal interno es del 2,2, una de las más elevadas en Europa y muy lejana de la de los países nórdicos que están alrededor de 1 empleado/interno.

En el contexto actual, denuncia CCOO, con unas plantillas muy mermadas y envejecidas y con una carga de trabajo muy elevada debido al elevado número de personas internas respecto al número de trabajadoras y trabajadores penitenciarios, el servicio público de prisiones se encuentra profundamente colapsado y con síntomas manifiestos de deterioro grave.

“Ante esta realidad, desde CCOO, queremos manifestar que los fines constitucionales de reinserción se han convertido en una mera declaración de intenciones y resulta imposible garantizar la seguridad y custodia de las personas internas y, lo que resulta aún mas preocupante, la propia salud de las empleadas y empleados públicos penitenciarios”.

15.03.2017

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La Sección Sindical Estatal de Instituciones Penitenciarias (IIPP) en CCOO quiere manifestar su preocupación por los datos que la Administración Penitenciaria ha facilitado una vez que desde este sindicato y a través de la Ley de Transparencia se solicitó el número de vacantes de personal penitenciario en los centros que son competencia de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. Según estos datos hay 2.855 vacantes, lo que supone un 13% del personal total de IIPP; 2.202 vacantes corresponden a personal funcionario y 653 a personal laboral.

El caso del personal laboral es extremadamente grave ya que el porcentaje de vacantes es superior al 25% del personal, cifra absolutamente inasumible, que imposibilita cualquier gestión pública de las labores que le son encomendadas. En este caso la privatización ya es una realidad y hay empresas que realizan funciones de mantenimiento, limpieza, o demandaduría mientras que no se cubren los efectivos de personal laboral.

E incluso nos encontramos con situaciones donde personal interno a través de talleres de limpieza, sustituye a empleados y empleadas públicas que se jubilan, donde las personas privadas de libertad reciben una remuneración muy por debajo del sueldo mínimo interprofesional, que en muchos casos no supera los 300 euros anuales.

A este déficit estructural hay que sumar el paulatino envejecimiento de la plantilla, que sitúa a Instituciones Penitenciaras en una situación objetiva muy delicada en los próximos meses, por la inmediata jubilación de una parte muy importante de los efectivos.

Según los datos oficiales que la Administración Penitenciaria ha facilitado a Comisiones Obreras, una vez que se solicitaron por la vía de la Ley de Transparencia, el 38% de los empleadas y empleados públicos de Instituciones Penitenciarias tiene más de 51 años y sólo el 23% del personal penitenciario tiene menos de 40 años.

En algunos centros más del 60% de la plantilla tiene edades superiores a los 51 años, como es el caso de los centros de Cáceres, Burgos, CIS de Granada, CIS Victoria Kent, Topas y Villabona. El Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) es el que tiene el dudoso honor de tener la plantilla más veterana de Instituciones Penitenciarias, con un 66,52% de sus trabajadores y trabajadoras con más de 51 años.

“Desde CCOO también queremos hacer mención al reciente informe del Consejo de Europa, donde se establece que las cárceles españolas figuran entre las más masificadas de Europa. Por cada 100 celdas disponibles, la Administración aloja a 119,6 presos, frente a una media europea de 91,4. La sobreocupación española se ha agravado en el último año a pesar de que el volumen de presos ha descendido”.

El dato empeora sensiblemente si se excluye a Cataluña. El Consejo de Europa computa por separado las cifras catalanas porque esa comunidad tiene transferidas las competencias penitenciarias. Sin Cataluña, España alcanzaría el segundo peor registro: 133 presos por cada 100 plazas.

A pesar de que la población penitenciaria ha disminuido en los últimos años, la ratio actual entre número de empleada y empleado público y personal interno es del 2,2, una de las más elevadas en Europa y muy lejana de la de los países nórdicos que están alrededor de 1 empleado/interno.

En el contexto actual, denuncia CCOO, con unas plantillas muy mermadas y envejecidas y con una carga de trabajo muy elevada debido al elevado número de personas internas respecto al número de trabajadoras y trabajadores penitenciarios, el servicio público de prisiones se encuentra profundamente colapsado y con síntomas manifiestos de deterioro grave.

“Ante esta realidad, desde CCOO, queremos manifestar que los fines constitucionales de reinserción se han convertido en una mera declaración de intenciones y resulta imposible garantizar la seguridad y custodia de las personas internas y, lo que resulta aún mas preocupante, la propia salud de las empleadas y empleados públicos penitenciarios”.

15.03.2017

CCOO denuncia el colapso del sistema penitenciario por la falta de personal y su envejecimiento

La Sección Sindical Estatal de Instituciones Penitenciarias (IIPP) en CCOO quiere manifestar su preocupación por los datos que la Administración Penitenciaria ha facilitado una vez que desde este sindicato y a través de la Ley de Transparencia se solicitó el número de vacantes de personal penitenciario en los centros que son competencia de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. Según estos datos hay 2.855 vacantes, lo que supone un 13% del personal total de IIPP; 2.202 vacantes corresponden a personal funcionario y 653 a personal laboral.

El caso del personal laboral es extremadamente grave ya que el porcentaje de vacantes es superior al 25% del personal, cifra absolutamente inasumible, que imposibilita cualquier gestión pública de las labores que le son encomendadas. En este caso la privatización ya es una realidad y hay empresas que realizan funciones de mantenimiento, limpieza, o demandaduría mientras que no se cubren los efectivos de personal laboral.

E incluso nos encontramos con situaciones donde personal interno a través de talleres de limpieza, sustituye a empleados y empleadas públicas que se jubilan, donde las personas privadas de libertad reciben una remuneración muy por debajo del sueldo mínimo interprofesional, que en muchos casos no supera los 300 euros anuales.

A este déficit estructural hay que sumar el paulatino envejecimiento de la plantilla, que sitúa a Instituciones Penitenciaras en una situación objetiva muy delicada en los próximos meses, por la inmediata jubilación de una parte muy importante de los efectivos.

Según los datos oficiales que la Administración Penitenciaria ha facilitado a Comisiones Obreras, una vez que se solicitaron por la vía de la Ley de Transparencia, el 38% de los empleadas y empleados públicos de Instituciones Penitenciarias tiene más de 51 años y sólo el 23% del personal penitenciario tiene menos de 40 años.

En algunos centros más del 60% de la plantilla tiene edades superiores a los 51 años, como es el caso de los centros de Cáceres, Burgos, CIS de Granada, CIS Victoria Kent, Topas y Villabona. El Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) es el que tiene el dudoso honor de tener la plantilla más veterana de Instituciones Penitenciarias, con un 66,52% de sus trabajadores y trabajadoras con más de 51 años.

“Desde CCOO también queremos hacer mención al reciente informe del Consejo de Europa, donde se establece que las cárceles españolas figuran entre las más masificadas de Europa. Por cada 100 celdas disponibles, la Administración aloja a 119,6 presos, frente a una media europea de 91,4. La sobreocupación española se ha agravado en el último año a pesar de que el volumen de presos ha descendido”.

El dato empeora sensiblemente si se excluye a Cataluña. El Consejo de Europa computa por separado las cifras catalanas porque esa comunidad tiene transferidas las competencias penitenciarias. Sin Cataluña, España alcanzaría el segundo peor registro: 133 presos por cada 100 plazas.

A pesar de que la población penitenciaria ha disminuido en los últimos años, la ratio actual entre número de empleada y empleado público y personal interno es del 2,2, una de las más elevadas en Europa y muy lejana de la de los países nórdicos que están alrededor de 1 empleado/interno.

En el contexto actual, denuncia CCOO, con unas plantillas muy mermadas y envejecidas y con una carga de trabajo muy elevada debido al elevado número de personas internas respecto al número de trabajadoras y trabajadores penitenciarios, el servicio público de prisiones se encuentra profundamente colapsado y con síntomas manifiestos de deterioro grave.

“Ante esta realidad, desde CCOO, queremos manifestar que los fines constitucionales de reinserción se han convertido en una mera declaración de intenciones y resulta imposible garantizar la seguridad y custodia de las personas internas y, lo que resulta aún mas preocupante, la propia salud de las empleadas y empleados públicos penitenciarios”.

15.03.2017

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La Sección Sindical Estatal de Instituciones Penitenciarias (IIPP) en CCOO quiere manifestar su preocupación por los datos que la Administración Penitenciaria ha facilitado una vez que desde este sindicato y a través de la Ley de Transparencia se solicitó el número de vacantes de personal penitenciario en los centros que son competencia de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. Según estos datos hay 2.855 vacantes, lo que supone un 13% del personal total de IIPP; 2.202 vacantes corresponden a personal funcionario y 653 a personal laboral.

El caso del personal laboral es extremadamente grave ya que el porcentaje de vacantes es superior al 25% del personal, cifra absolutamente inasumible, que imposibilita cualquier gestión pública de las labores que le son encomendadas. En este caso la privatización ya es una realidad y hay empresas que realizan funciones de mantenimiento, limpieza, o demandaduría mientras que no se cubren los efectivos de personal laboral.

E incluso nos encontramos con situaciones donde personal interno a través de talleres de limpieza, sustituye a empleados y empleadas públicas que se jubilan, donde las personas privadas de libertad reciben una remuneración muy por debajo del sueldo mínimo interprofesional, que en muchos casos no supera los 300 euros anuales.

A este déficit estructural hay que sumar el paulatino envejecimiento de la plantilla, que sitúa a Instituciones Penitenciaras en una situación objetiva muy delicada en los próximos meses, por la inmediata jubilación de una parte muy importante de los efectivos.

Según los datos oficiales que la Administración Penitenciaria ha facilitado a Comisiones Obreras, una vez que se solicitaron por la vía de la Ley de Transparencia, el 38% de los empleadas y empleados públicos de Instituciones Penitenciarias tiene más de 51 años y sólo el 23% del personal penitenciario tiene menos de 40 años.

En algunos centros más del 60% de la plantilla tiene edades superiores a los 51 años, como es el caso de los centros de Cáceres, Burgos, CIS de Granada, CIS Victoria Kent, Topas y Villabona. El Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) es el que tiene el dudoso honor de tener la plantilla más veterana de Instituciones Penitenciarias, con un 66,52% de sus trabajadores y trabajadoras con más de 51 años.

“Desde CCOO también queremos hacer mención al reciente informe del Consejo de Europa, donde se establece que las cárceles españolas figuran entre las más masificadas de Europa. Por cada 100 celdas disponibles, la Administración aloja a 119,6 presos, frente a una media europea de 91,4. La sobreocupación española se ha agravado en el último año a pesar de que el volumen de presos ha descendido”.

El dato empeora sensiblemente si se excluye a Cataluña. El Consejo de Europa computa por separado las cifras catalanas porque esa comunidad tiene transferidas las competencias penitenciarias. Sin Cataluña, España alcanzaría el segundo peor registro: 133 presos por cada 100 plazas.

A pesar de que la población penitenciaria ha disminuido en los últimos años, la ratio actual entre número de empleada y empleado público y personal interno es del 2,2, una de las más elevadas en Europa y muy lejana de la de los países nórdicos que están alrededor de 1 empleado/interno.

En el contexto actual, denuncia CCOO, con unas plantillas muy mermadas y envejecidas y con una carga de trabajo muy elevada debido al elevado número de personas internas respecto al número de trabajadoras y trabajadores penitenciarios, el servicio público de prisiones se encuentra profundamente colapsado y con síntomas manifiestos de deterioro grave.

“Ante esta realidad, desde CCOO, queremos manifestar que los fines constitucionales de reinserción se han convertido en una mera declaración de intenciones y resulta imposible garantizar la seguridad y custodia de las personas internas y, lo que resulta aún mas preocupante, la propia salud de las empleadas y empleados públicos penitenciarios”.

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